Cataluña ha dicho adiós esta medianoche a algo más de 550 kilómetros de autopistas de peaje. Entre ellas la barrera más antigua de España, la de Vilassar de Mar, en la C-32, de titularidad autonómica. Un hito que tanto el Gobierno como la Generalitat se han esforzado por rentabilizar en los últimos días. Aunque ninguna de las dos administraciones han aclarado de momento cómo se pagará ahora el mantenimiento de estas vías rápidas.

La ministra de Transportes, la catalana Raquel Sánchez, no ha perdido ocasión de acudir a otro de los peajes que rodean los accesos a Barcelona, el de La Roca, para «celebrar» el fin de las concesiones de la AP-2 y la AP-7. Sánchez ha explicado que el levantamiento de las barreras supondrá un ahorro de 752 millones de euros anuales para los conductores de Cataluña y Aragón. Algo que ha calificado de «hito».

En respuesta a la ministra, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró ha asegurado que las cifras de ahorro que ha dado son de «expolio» ya que responden al esfuerzo financiero realizado por los contribuyentes catalanes (662 millones al año, en su caso).

Sistema de tarifación por uso

No ha aclarado, sin embargo, cómo se compensará ese ahorro, aunque ha dejado claro que no correrán indefinidamente a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Lo que buscamos es un sistema de tarifación por uso. Quien use que sea el que pague. No tiene mucho sentido que el mantenimiento sea a cargo del presupuesto y que pague el conjunto de los ciudadanos», ha apuntado.

Un sistema que «no tendrá nada que ver» con los peajes como los conocemos y que será «homogéneo» para toda España, ha asegurado. El Plan de recuperación presentado por el Gobierno para obtener los Fondos Next de la UE incluye el compromiso de establecer un mecanismo de pago por uso de todas las vías rápidas en España -en la actualidad la mayoría son gratuitas-.

Pero las propuestas avanzadas en su momento por José Luis Ábalos estuvieron siempre sujetas al apoyo de todos los grupos del Congreso, algo harto difícil.

Sistema de viñeta

Mientras, la Generalitat aboga por un «sistema de viñeta» el más común en el resto de Europa. Pero reclama que sea cual sea el modelo se aplique de forma homogénea al conjunto de España. El sistema de viñeta consiste en la compra de una etiqueta, similar a la de la ITV, que permite utilizar las vías rápidas de forma ilimitada por el periodo pagado -una semana, un mes o un año-.

Así, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha dejado claro que el ejecutivo autonómico no aplicará ningún sistema de pago si antes no se implanta para toda España. Y ha señalado que el fin de los peajes «no es ningún regalo».

De momento, la Generalitat ha adjudicado el mantenimiento de los tramos liberados de la C-32 y la C-33 por un total 8,5 millones de euros. La adjuditaraia es una unión temporal de empresas integrada por Comsa, Sorigué Acsa e Innovia Coptalia.

En concreto, pasarán a ser gratuitas la AP-2 en sus tramos Alfajarín (Zaragoza)-Mediterráneo y Tarragona-Barcelona, y la AP-7 entre la Jonquera y Salou (Tarragona), tramo en el que se encuentra el peaje de La Roca, uno de los más utilizados y que habitualmente concentra más colas.

El tramo que se libera de la AP-7 es el más extenso de los que serán gratuitos, lo que ha provocado el regocijo de sus principales usuarios, sobre todo de los transportistas.

La Comisión Europea apremia, por su parte, para que en 2024 se establezca una nueva forma de pago que asuma el principio de que paga quien usa las infraestructuras y quien más contamina.