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100 días para volver al autonomismo y una década para el referéndum de independencia

Pere Aragonés, acompañado por varios consejeros, sale de la Generalitat.

Pere Aragonés, acompañado por varios consejeros, sale de la Generalitat. EFE

«Se cumplen cien días de la nueva Generalitat republicana y Cataluña vuelve a ser gobernada». Fue una de las frases más repetidas por la portavoz de ERC, Marta Vilalta, tras la primera reunión de la ejecutiva de los republicanos posterior a las vacaciones estivales. Una frase que define a la perfección una de las banderas del nuevo gobierno catalán: frente a la retórica estéril del Govern de Quim Torra, Aragonés se ha propuesto ejemplificar la eficacia en la gestión.

Para ello, quiere aprovechar los dos años de tregua auto concedidos con el Gobierno en la mesa de diálogo en demostrar que ERC puede ser un partido de gobierno como en su día lo fue CiU. Después de un inicio de mandato marcado por dos hitos: la concesión de los indultos y el deshielo, disimulado entre mil desplantes, de la relación con Felipe VI.

Un pragmatismo que no permite arrinconar, sin embargo, la retórica independentista. La próxima reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno, en dos semanas, es el principal hito del calendario del Govern junto a la aprobación de los presupuestos para 2022. El Govern debe demostrar ahí que no ha renunciado a las aspiraciones secesionistas, e insistirá para ello en que el orden del día debe incluir amnistía y referéndum de autodeterminación. Una consulta que Aragonés, acuciado por las críticas de JxCat y CUP, fijaba esta semana para antes de 2030, cuando Cataluña aspira a celebrar los Juegos Olímpicos de invierno en el Pirineo.

Mientras, desde Esquerra exhiben las medidas de choque aprobadas en estos tres meses, con el plan de 1.000 millones de euros para promover el empleo a la cabeza, como ejemplo de eficacia. Pero lo cierto es que los dos grandes escollos superados por el Govern en estos 100 días han vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad de la coalición ERC-JxCat. Los socios siguen exhibiendo sus diferencias, ahora sobre la utilizad del diálogo con el Gobierno, pese a los intentos por cohesionar el ejecutivo, que este sábado se reunirá en la primera jornada de convivencia del Govern, en la Garrotxa.

Fricciones con El Prat y el Tribunal de Cuentas

El primero fue la necesidad de avalar a los líderes del 1-O ante el Tribunal de Cuentas, que pedía a Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Artur Mas y hasta 40 ex responsables autonómicos una fianza de 5,4 millones de euros por la promoción exterior del procés.

Aragonés y el conseller de Economía a propuesta de JxCat, Jaume Giró, no pudieron evitar que trascendieran las fricciones por el uso del Instituto Catalán de Finanzas, que estaba a punto de conseguir la ficha para actuar como banca pública. Giró no consiguió que ningún banco avalara a los líderes del 1-O y la operación sigue pendiente del aval de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Otro tanto sucedió con la ampliación del Aeropuerto de El Prat. El acuerdo lo cerraron inesperadamente el vicepresidente Jordi Puigneró (JxCat) y la ministra del PSC Raquel Sánchez, apenas unas horas antes de la reunión de la Comisión Bilateral Estado Generalitat. La filtración del acuerdo, que quería oficializar Aragonés 24 horas después, volvió ha dejar desdibujado al president.

Reforzar la cohesión del ejecutivo y definir el plan de gobierno son los dos objetivos declarados de la «jornada de trabajo» convocada por Aragonés para este sábado. El lugar escogido es Can Trona, un centro de interpretación natural en la comarca de la Garrotxa en el que el gobierno en pleno –consellers y números dos de los 14 departamentos del ejecutivo catalán- se reunirá para limar asperezas de cara a un otoño marcado por la negociación con el Gobierno y la confección de los primeros presupuestos.

Suspenso de la CUP

Unas cuentas que el Govern quiere aprobar con el apoyo de la CUP, socio de investidura. Pero los antisistema han dejado claro en su balance de los primeros cien días critica el autonomismo del Govern y anuncia no a los presupuestos. De hecho, antes de que se formalizara la toma de posesión de Aragonés movimientos antisistema, secundados por la CUP, ocupaban la sede de ERC para dejar claro a los republicanos que no relajarán la presión, ni en el ámbito social ni en el de la independencia.

«La CUP pone un 4 al Govern de Aragonés» aseguraba este miércoles la antisistema Eulalia Reguant, que señala como causas del suspenso la ampliación del aeropuerto, pero también el inexistente «giro a la izquierda» del Govern. Un suspenso que comparte toda la oposición catalana.

La apuesta por un referéndum de independencia antes de 2030 no ha satisfecho a los antisistema, que rechazan tanto el acuerdo de ampliación del aeropuerto de El Prat como el apoyo a los Juegos Olímpicos de invierno. Y ese rechazo ha sido clave para que la Mesa del Parlament admitiera esta semana a trámite la solicitud de la CUP para que Aragonès, comparezca en el pleno sobre la ampliación del Aeropuerto. Una comparecencia que Esquerra quería evitar a toda costa.

Mesa de diálogo sin Sánchez

En este contexto, Aragonès necesita mostrar algún rédito de su apuesta por el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero el presidente da por amortizado ese diálogo tras la concesión de los indultos, que han rebajado la presión en el frente catalán. La medida de la implicación de unos y otros en esa negociación la dará la primera reunión, fijada para la semana del 13 de septiembre.

Aragonés ha confirmado su asistencia y exige también la presencia de Sánchez. Pero el Gobierno da la callada por respuesta, mientras el PSC le afea haber plantado hace un mes a la Conferencia de Presidentes autonómicos.

El ámbito económico sigue siendo el terreno en el que mejor se entienden ambos gobiernos. Por eso ERC asegura, pese a todo, su buena disposición a negociar los presupuestos generales. No en vano el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al que sí acudió Giró, fue escenario de importantes avances para la Generalitat, con el acuerdo para perdonar la liquidación negativa de la financiación autonómica de 2020, que tocaría empezar a devolver en enero. Una factura de 4.000 millones de euros para el Estado, de los que más de mil corresponden a Cataluña. O la condonación del saldo negativo del IVA generado por la nueva fórmula de 2019.

Paradójicamente, el primer presidente de ERC desde la Segunda República, investido por la CUP, ha conseguido de momento más aplausos de la patronal Fomento del Trabajo que de sus socios parlamentarios. Por la ampliación del aeropuerto, pero también por el tímido deshielo escenificado en junio con Felipe VI.

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