España

ERC estudia exigir la competencia en referendos consultivos para convocar un nuevo 1-O legal

Aunque no fuera vinculante, "siempre hay consecuencias políticas", arguyen en las filas republicanas.

Pedro Sánchez y Pere Aragonés, en el Palau de la Generalitat.

Pedro Sánchez y Pere Aragonés, en el Palau de la Generalitat. EFE

«Coyuntura». Esa es la palabra que con más insistencia pronuncian los dirigentes de PSOE y ERC a la hora de analizar el escenario político que se abrió ayer con motivo de la reunión de la llamada «mesa de diálogo» entre el Ejecutivo central y la Generalitat. Aunque se ha llegado hasta aquí no sin dificultades, -marcadas por la suspensión del acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat y el plantón de Junts a la cita de este miércoles-, los independentistas republicanos no descartan poner sobre la mesa la petición de una nueva transferencia, la de los referendos consultivos, lo que le permitiría a Pere Aragonès organizar un nuevo 1-O, con la diferencia de que éste sería, en principio, legal.

Por su carácter consultivo, este tipo de plebiscitos no son jurídicamente vinculantes, pero sí políticamente, subrayan en ERC. «Siempre hay consecuencias políticas. El 1-O las tuvo», arguyen en las filas republicanas. Creen que esta puede ser una vía dentro del marco constitucional para llegar a algo parecido a un referéndum de autodeterminación, que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, descartó rotundamente ayer tras su cita de casi dos horas con Aragonès en el Palau de la Generalitat.

Los referendos son convocados por el Rey a propuesta del Gobierno

El artículo 92 de la Constitución señala que las decisiones políticas «de especial trascendencia» podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados y una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de dicha consulta.

La cuestión es que los referendos consultivos son competencia estatal y, a priori, deben ser convocados para el conjunto de la soberanía nacional, no sólo para un territorio. Además, existen serias dudas respecto a que pueda consultarse a los ciudadanos sobre cuestiones que atentan contra el contenido de la propia Constitución, que consagra la integridad territorial de España. Pero siempre que se aceptara la transferencia de esta competencia, aducen, estarían dispuestos a negociar las condiciones y el texto de la pregunta que se hiciera a los ciudadanos de Cataluña.

No deja de ser un resquicio que los independentistas quieren explorar, precisamente por creer que esta es «la mejor coyuntura para avanzar» en alusión a la «receptividad» de un gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que se ha sentado en una mesa de diálogo, todavía de resultado incierto, y con el plantón del socio de Gobierno de Aragonès, Junts, dispuesto a dinamitarla.

En muy buena medida, la pretensión de ERC se sostiene sobre la llamada «ley de consultas populares por vía de referéndum de marzo de 2010″ de la Generalitat de Cataluña que puso en marcha no un gobierno independentista, sino el tripartito formado por PSC, ERC e Iniciativa presidido por el socialista José Montilla. Esta ley acabó siendo recurrida ante el Tribunal Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy.

El tripartito de Montilla hizo una ley de consultas populares por vía de referéndum que el TC declaró inconstitucional

El alto Tribunal entendió en su sentencia de mayo de 2017 que dicho texto «infringió la Constitución al introducir en el ordenamiento la modalidad de referéndum de ámbito autonómico, consulta popular esta que ni fue prevista por la norma fundamental ni aparece contemplada, tampoco, en la legislación orgánica de desarrollo, a estos efectos, del derecho a participar directamente en los asuntos públicos, con la consiguiente lesión de la exclusiva competencia estatal para la regulación, en los términos que hemos señalado, de la
institución del referéndum».

Pero ERC ve ahí una senda por la que transitar en su empeño de poner sobre la mesa una consulta a la sociedad catalana, aunque no sea en puridad ese referéndum sobre su continuidad como parte de España. Además, dicen estar dispuestos a pactar las condiciones de dicha consulta siempre que se tranfiriera esa competencia a la Generalitat.

Coinciden de un lado y de otro de la mesa de diálogo en que este es un asunto que requerirá tiempo después de que el nacionalismo catalán iniciara una senda independentista de no retorno. «Tenemos dos años, esto no se hace de la noche a la mañana», dicen los secesionistas para añadir que posiblemente se trate de la negociación «más difícil afrontada por un Govern». Es lo que Sánchez ha resumido como un periodo en el que se trabajará sin pausa, pero sin prisa y, también, sin plazos.

En el PSC arguyen que Aragonés «necesita estabilidad y tiempo»

Gobierno central y Generalitat han echado la pelota a rodar. En el PSC arguyen que Aragonés «necesita estabilidad y tiempo», además de demostrar que «mueve algunas cosas». De momento, los socialistas han puesto pie en pared respecto a la posibilidad de cualquier tipo de consulta secesionista, pero algo tendrán que ceder ante Aragonès para que Junts no le presente como una marioneta en manos de Moncloa.

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