Villarejo, saliendo de la Audiencia Nacional junto a su abogado.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar a los exjefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank, Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño por contratar al comisario José Manuel Villarejo para que realizara seguimientos al expresidente de Sacyr, Luis Del Rivero, del que ambas compañías sospechaban que quería hacerse con el control de Repsol entrando en su consejo de la mano de la compañía mexicana Pemex.
El instructor del caso Villarejo da por concluida la instrucción de la pieza 21 de la causa, la del proyecto Wine denominada así por el nombre que el comisario puso al informe de investigación que realizó sobre el patrimonio y la familia de Del Rivero, exonerando tanto a Repsol y CaixaBank como compañías jurídicas como a sus presidentes en el momento de los hechos, Brufau y Fainé, para quienes ya archivó la causa.
La Fiscalía recurrió
García-Castellón ya expuso cuando archivó la causa para ellos que "sin indicios que apunten a que los presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa". Ahora, mientras la Sala de lo Penal todavía debe pronunciarse sobre si el juez debe reabrir la causa a las compañías y sus presidentes, pues tanto la Fiscalía Anticorrupción como Del Rivero como acusación recurrieron el archivo, el juez concluye la investigación considerando que los máximos responsables de la contratación del comisario para espiar a la competencia mientras estaba en activo en la Policía fueron los exjefes de Seguridad.
El juez considera que, a la vista de las diligencias practicadas, "ambos disponían de un elevado grado de autonomía organizativa y contractual". En ese sentido, añade el juez, ambos investigados "disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles".
De ahí que proponga sentarles en el banquillo por los presuntos delitos de cohecho activo, cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos a ellos dos, al socio de Villarejo Rafael Redondo y al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño por facilitarles presuntamente información de bases de datos confidenciales .
En su auto, el instructor explica que en el año 2011 el Grupo Cenyt elaboró una serie de informes sobre Luis del Rivero, su mujer, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo Director Financiero de Repsol con los que la empresa de Villarejo accedió a información, llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y su entorno, lo que constituyen datos de carácter reservado a los que no se tiene acceso por fuentes abiertas ni registros públicos. El tráfico de llamadas y comunicaciones fue facilitado por Enrique García castaño, entonces jefe de la Unidad Central Operativa.
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