Prisiones controla con pulsera a casi el doble de internos en tercer grado que antes de la pandemia

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido mantener el control telemático que potenció al inicio de la pandemia sobre los internos en tercer grado que han respetado las normas durante estos meses y que no están sometidos a programas de tratamiento que le obliguen a acudir a los Centros de Inserción Social (CIS). Hoy hay casi el doble de reclusos en esta situación que antes de que empezara a expandirse el coronavirus.

El 18 de marzo de 2020, cuatro días después de que el Gobierno declarara el primer estado de alarma para contener la propagación de la covid-19, el Ministerio del Interior envió una instrucción a los CIS y a los centros penitenciarios en la que les instaba a que las juntas de tratamiento estudiaran de manera individualizada la situación de los internos clasificados en tercer grado o en régimen de flexibilidad a fin de "potenciar la aplicación del artículo 86.4 telemático" y reducir el riesgo de contagios en las prisiones.

En su artículo 86.4, el Reglamento General Penitenciario ofrece al preso la posibilidad de aceptar voluntariamente el control de su presencia fuera de la prisión a través de un dispositivo telemático (pulsera o brazalete) facilitado por la Administración, lo que le permite no tener que pasar las ocho horas al día en el centro de internamiento y permanecer solamente durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento.

Aun cuando la situación epidemiológica no tiene nada que ver con la de meses atrás por el avance de la vacunación, el número de internos bajo control telemático casi dobla al que se registraba antes de la pandemia. Según los datos facilitados a El Independiente por Instituciones Penitenciarias, el 39 % de los 7.066 reclusos que en marzo de 202o se encontraban en tercer grado (2.755) estaba vigilado mediante dispositivos telemáticos. En agosto pasado, ese porcentaje se elevaba al 68 % (5.312 sobre una población en semilibertad formada por 7.813 personas).

Durante las distintas olas, Interior ha ido modulando las restricciones en los distintos centros penitenciarios en función de la incidencia del coronavirus, llegando a suspenderse las comunicaciones con el exterior (íntimas, familiares y de convivencia) para tratar de evitar contagios. El cierre era más complicado de ejecutar en los CIS, dado que muchos de los internos salen a diario a trabajar. Es por ello por lo que se decidió impulsar la pulsera telemática, cuyo uso se mantiene en la actualidad en una elevada proporción.

Adjudicación del contrato

"Se potenciaron en la medida de la posible los controles telemáticos para evitar entradas y salidas. Ahora que la pandemia está más controlada por la vacunación se ha mantenido en aquellos internos que no infringieron las normas y que no están sometidos a un programa de tratamiento", explican a este diario fuentes de Instituciones Penitenciarias.

El pasado 30 de agosto, el Ministerio del Interior formalizó el acuerdo por el que semanas antes había adjudicado a Attenti Electronic Monitoring el contrato relativo al servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de presencia y ubicación de personas sujetas a control de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por 25.124.256 euros, abarcando el contrato desde el 1 de septiembre de 2021 al 30 de agosto de 2024 (1.096 días, a razón de 22.923 euros por jornada). La multinacional israelí competía con la inglesa Buddi Limited, excluida en la fase de revisión de la documentación administrativa.

El Ministerio del Interior destina 22.923 euros al día a controlar la presencia de penados en sus domicilios

Con este contrato, la Administración se provee de diversos dispositivos telemáticos, entre ellos el que le permite conocer la ausencia o presencia de un penado en su domicilio. Según establecía el pliego de condiciones que reguló el concurso, la herramienta informática debe proporcionar información de forma permanente y, mediante alarmas, avisar del incumplimiento o mal uso del mecanismo. La contratación alcanza la cifra de 4.500 pulseras, por las que Instituciones Penitenciarias abonará 4,16 euros al día y por unidad.

El acuerdo incluye también el suministro de dispositivos que, además de controlar la ausencia o permanencia de un penado en su casa, piden de forma aleatoria que el portador se someta a un test de alcohol y alerten de forma inmediata de cualquier incidencia. En este caso, las unidades requeridas van en aumento (20 en 2021, 25 en 2022, 30 en 2023 y 35 en 2024) y se abonará al día por cada una de ellas 2,55 euros, lo que supone una bajada del 49 % en relación con el presupuesto de salida.

El encargo se completa con dispositivos de sistema de seguimiento continuo (150 el primer año y 300 el último, con saltos anuales de 50) que permitan conocer la posición y trayectoria de una persona, con posibilidad de establecer zonas de exclusión o inclusión en función de las necesidades de la Administración penitenciaria. En este caso, el precio ofertado por el contratista es de 2,80 euros por unidad y día.

"El servicio deberá ser capaz de monitorizar de modo simultáneo e independientemente del control concreto utilizado en cada caso al menos a 7.500 personas en cualquier punto de la geografía española", especificaban las condiciones técnicas. También debe permitir gestionar a la vez "al menos 200 centros de vigilancia penitenciaria", posibilitar la "asignación y reasignación dinámica" de toda persona monitorizada a cualquiera de los establecimientos y que simultáneamente puedan trabajar 400 funcionarios.