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Ley vasca de vivienda, un lustro con menos oferta, más cara y una demanda disparada

La norma impulsada por el PSE en 2015 y que aplica el Gobierno de Urkullu no logra resolver el problema del acceso al alquiler de viviendas pese a las ayudas, la captación de pisos y la penalización de las viviendas vacías.

Bloque de pisos

Bloque de pisos EP

Es una ley socialista en manos nacionalistas. La ley vasca de vivienda tiene ya seis años. La impulsó el PSE, con el voto en contra de su hoy socio de Gobierno, el PNV, y con el reto de convertirse en la solución a los problemas de acceso a la vivienda y al alquiler. Sin embargo, más de un lustro después de aprobarse, en Euskadi los resultados no son buenos: la demanda de alquiler protegido ha crecido un 42%, el precio del alquiler libre ha aumentado un 22% y el parque de viviendas protegidas ha descendido un 4%.

La ley vasca en su articulado va incluso mucho más allá que la norma que acaba de acordar el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. También prevé ayudas a los jóvenes –de hasta 250 euros mensuales-, medidas para favorecer la construcción de vivienda protegida o bonificaciones para limitar el precio del alquiler. Incluso llega a establecer el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo de los ciudadanos que debe ser satisfecho. Para ello sitúa en los poderes públicos la responsabilidad para que «de modo subsidiario» actúen y pongan mecanismos para permitir que quien no tenga recursos suficientes para «una vivienda digna y adecuada» pueda acceder a ella.

En el lustro largo que lleva en vigor en el País Vasco el problema de la vivienda lejos de haber paliado parece haberse agudizado. Cuando se tramitó en el conjunto de Euskadi eran 53.600 las personas que demandaban una vivienda protegida, de ellas la mayoría en régimen de alquiler, cerca de 40.000. Hoy rondan las 76.500.

Más demanda

Los planes de apoyo a la captación de pisos privados mediante incentivos para ponerlos en alquiler con precios limitados o incluso la oferta de vivienda pública para el alquiler no han logrado reconducir y reducir la demanda. Los últimos datos de la sociedad pública de vivienda, Etxebide, correspondientes a 2020, elevan la demanda un 42% en sólo cinco años.

Tampoco la ley ha logrado tener un impacto en el precio medio del alquiler en el País Vasco. En estos cinco años ha continuado creciendo, incluso a un ritmo superior de lo que lo hizo en periodos anteriores. El alquiler protegido se encontraba antes de la aprobación de la ley en 326 euros mensuales, logró reducirse en 2016 hasta los 268 pero desde entonces no ha dejado de subir. Hoy rebasa los 352 euros al mes de media. El impacto en el mercado libre ha sido incluso mucho menor. Desde 2015 en Euskadi los alquileres han pasado de 850 euros de media a los 1.040 de tarifa media de alquiler mensual en el mercado libre.

Una de las medidas que también se han puesto en marcha para favorecer el alquiler es la aprobación de un canon que penaliza a las viviendas deshabitadas. Los ayuntamientos podrán aplican esta medida por un importe que puede llegar hasta los 10 euros por metro cuadrado al año. Incluso en los casos más extremos, la Administración podrá decretar la expropiación forzosa de viviendas que estén deshabitadas durante largos periodos. Así, los supuestos en los que la desocupación estará justificada serán las segundas residencias sin uso prolongado pero no los casos en los que su no utilización responda a razones de traslado temporal de domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o de emergencia social o en aquellos pisos que estén ofertados al alquiler o la venta por periodos máximos de tres meses.

Donde sí ha funcionado el plan de vivienda que derivó de la ley es el peso que el alquiler protegido tiene hoy en el conjunto de viviendas protegidas. Su presencia ha pasado de ser del 25% al 33,5% en la actualidad. Una de las medidas promovidas en estos años ha sido la captación de viviendas particulares para cederlas a la oferta pública protegida en régimen de alquiler. El Plan de Vivienda sólo ha logrado captar entre 850 y las 1.150 viviendas anuales desde 2015.

Un 12% de alquiler

La Administración vasca concede desde hace años una ayuda al alquiler a las personas que carecen de recursos suficientes para afrontar un alquiler. En muchos casos se trata de un complemento a la ayuda social, la Renta de Garantía de Ingresos. Además, a los jóvenes de entre 18 a 35 años el programa ‘Gaztelagun’ les concede ayudas de 250 euros para facilitar su emancipación pero con el requisito de que sus ingresos sean inferiores a los 18.000 euros brutos anuales y por debajo de 24.000 si es una unidad familiar.

En este tiempo el alquiler tampoco ha registrado una evolución significativa y permanece en unos niveles similares. En el conjunto de España el alquiler es la modalidad por la que opta el 17% de la población, la propiedad continúa siendo muy mayoritaria, con un 77% del total. En cambio, en Euskadi el alquiler es aún más reducido, con apenas un 12% de la población en esa modalidad. En el conjunto del país, las Islas Baleares encabezan la lista del alquiler, con un 28% del total de sus viviendas, seguido de Cataluña con un 25%, Madrid con un 22% y Canarias con un 21%.

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