Casado llevará al Constitucional la ley de vivienda y avanza que las comunidades del PP no la aplicarán

El PP dará la batalla en los tribunales a la nueva ley de vivienda, convertida en la piedra angular del acuerdo entre PSOE y Podemos en el marco de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. El jefe de la oposición, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles en Telecinco que su partido llevará al Tribunal Constitucional la intervención del mercado del alquiler, que para los populares implica "un ataque sin precedentes a la propiedad privada". El órdago del PP irá más allá y Casado ha avanzado que en sus comunidades y ayuntamientos no se aplicará la citada normativa.

"Este intervencionismo es suicida", defendía el líder de los populares, que ha insistido en el mensaje de que la aprobación de la citada ley implica un "ataque" sin precedentes a la propiedad privada con efectos negativos para la economía, citando por ejemplo la amenaza de que disminuya el número de pisos en alquiler. "Sánchez es rehén de sus socios radicales", insistía, haciendo alusión a que la intervención del mercado del alquiler ha sido desde el principio una exigencia de Podemos para abrirse a negociar las nuevas cuentas públicas. "España tiene el Gobierno más radical de Europa", insistía.

Hace meses, el Partido Popular ya llevó al Tribunal Constitucional la ley de alquileres de Cataluña, una norma que, con excepciones, obliga a reducir el precio de las rentas en zonas de alta demanda. Pablo Casado redactó aquel recurso de la mano del bufete de abogados que dirige Albert Rivera. Como ocurrió entonces, el líder del PP ha denunciado que la intervención del mercado del alquiler implicará inseguridad jurídica para los propietarios que quieran arrendar sus inmuebles, si bien la norma que propone el Gobierno de coalición y cuyo anteproyecto ni siquiera ha pasado aún por el Consejo de Ministros sólo afectaría a propietarios con más de diez viviendas en arrendamiento.

La negativa del PP a aplicar la norma en sus comunidades autónomas implica que prácticamente la mitad del país -unas 22 millones de personas- no se vean afectadas por una norma que, en suma, pretende limitar los precios del alquiler para aliviar el alto coste de la vivienda. El PP gobierna en cinco comunidades autónomas -Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León-, y la norma encontraría de entrada escollos para su aplicación, ya que las regiones tienen transferida la competencia de vivienda. Además, se da la circunstancia de que son los ayuntamientos los que controlan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y el consistorio madrileño que dirige José Luis Martínez-Almeida ya se ha negado a ejecutar intervención en alguna en los precios del alquiler ni aplicar el recargo de hasta el 150% en viviendas vacías que prevé la ley.

Al margen de la intervención de los precios del alquiler, Sánchez anunció ayer mismo la creación de un "bono joven de vivienda" dotado de 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 25 años con rentas inferiores a 23.725 euros. Con el acuerdo entre PSOE y Podemos en materia de vivienda, se prevé que el Gobierno de coalición apruebe este mismo jueves en Consejo de Ministros extraordinario los nuevos Presupuestos Generales del Estado.