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El Congreso del PSOE debatirá eliminar el "dumping fiscal" de la Comunidad de Madrid

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa. EFE

El 40 Congreso del PSOE debatirá el próximo fin de semana suprimir lo que ellos llaman «dumping fiscal» y que atribuyen a algunas comunidades autonómicas, sobre todo de Madrid, plantean limitar las competencias autonómicas normativas de las comunidades autónomas en materia de sucesiones y donaciones.

La propuesta está respaldada por enmiendas provenientes de varias provincias del PSOE andaluz –Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén y Granada- – y por el Partido Socialista de Cataluña (PSC).

En concreto, la enmienda presentada en este sentido por los socialistas catalanes plantea que para «equilibrar el territorio» en la «construcción de la España federal» es necesario la «armonización» fiscal que, además de tender hacia una fiscalidad europea, «tenga en cuenta la lucha contra situaciones de ‘dumping’ fiscal entre las CCAA que «provocan concentración de patrimonios en ciertas comunidades» y que en otras «desincentivan la inversión privada».

También otra propuesta que procede de Jaén es muy explícita contra lo que el PSOE denomina «dumping fiscal», que los socialistas siempre atribuyen a Madrid principalmente, aunque en estas enmiendas no precisan qué autonomías serían las que están ejerciendo esa deslealtad fiscal.

Así, los socialistas jienenses proponen «abordar un estudio integral e implementar las medidas que de este resulten con el fin de alcanzar una armonización fiscal efectiva en el conjunto del territorio español, corrigiendo el dumping fiscal que desarrollan determinadas CCAA».

Armonización de más impuestos

Esta enmienda considera que esa «armonización fiscal» debe ir más allá de determinados tributos como los de sucesiones, donaciones o la riqueza.

Impuestos a los que se limitan otras propuestas como la de Córdoba que planta limitar las competencias normativas de las Comunidades en estos Sucesiones y Donaciones, estableciendo un «tipo efectivo mínimo a nivel nacional en ambos impuestos».

El argumento que dan y que respalda otras provincias andaluzas es que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio son los protagonistas de una intensa competencia tributaria a la baja entre las Comunidades Autónomas, que ha llevado a la práctica supresión del primero en muchas Comunidades Autónomas.

Y consideran que esa competencia tributaria es «perjudicial económicamente» por que provoca, por una parte, una «notable pérdida recaudatoria» y, por otra, también propicia una «pérdida de progresividad y equidad en tanto en cuanto que son contribuyentes con mayor renta y riqueza los principales beneficiados».

Por ello, creen que los socialistas deben oponerse «enérgicamente» a esta situación y para ello, el Gobierno «debe establecer una modificación legal que suprima de facto dicha competencia, limitando las competencias normativas de las Comunidades en estos impuestos y estableciendo un tipo efectivo mínimo a nivel nacional en ambos impuestos».

Patrimonio

En cuanto al impuesto de Patrimonio, los socialistas andaluces creen que debe «consolidarse como un impuesto central en el gravamen de la riqueza en España».

Argumentan, en este sentido, que existen razones económicas propias para la implantación de un impuesto sobre el Patrimonio, además de constituir un complemento del IRPF «por razones de control».

Por ello, quieren que se aumente la progresividad del Impuesto sobre el Patrimonio y creen que debe abolirse de «manera permanente y definitiva» la bonificación general de la cuota íntegra introducida por la citada Ley 4/2008, de 23 de diciembre.

Los socialistas granadinos creen que además de avanzar en la armonización fiscal en España, se debe «avanzar en una fiscalidad integrada a nivel europeo» y por ello reclaman que se den los pasos internos en el seno de la UE, para evitar el «dumping fiscal» y la competencia desleal entre socios comunitarios.

«Es necesario establecer un sistema normativo integrado y eficaz que impida que las multinacionales, especialmente las tecnológicas, agredan nuestros sistemas impositivos y fiscales con el fin de avanzar en una gobernanza fiscal igual para los 27», recalcan en su propuesta.

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