El Partido Popular se ha dirigido a la Junta Electoral Central (JEC) para que declare la causa de inelegibilidad sobrevenida del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, recién condenado por el Tribunal Supremo por atentado a agentes de la autoridad a una pena de multa de 540 euros e inhabilitado por un mes y 14 días.

La Mesa del Congreso -con los votos favorables de PSOE y Podemos y en contra de Partido Popular y Vox- decidió este martes que el diputado canario conserve su escaño apoyándose en un informe de los letrados de la Cámara a pesar de la sentencia de la Sala Segunda del alto tribunal.

El Partido Popular se ha dirigido a la JEC (a la que el Supremo, a través de su presidente Carlos Lesmes, remitió la sentencia condenatoria de Rodríguez) considerando que la situación del diputado de Podemos es de «una manifiesta situación de inelegibilidad sobrevenida que le priva del derecho de sufragio pasivo ‘ope legis’ y, por tanto, conlleva la perdida de dicha condición de diputado para la que resultó elegido en las últimas elecciones generales».

Desde el partido de la oposición hacen una interpretación distinta a la que han hecho los letrados del Congreso sobre lo que implica que se haya sustituido la pena de prisión por una multa económica. Mientras los letrados llegan a la conclusión de que la sentencia no tiene que tener más consecuencias que el pago de dicha multa, desde el PP consideran que la voluntad del tribunal sentenciador es que sea inhabilitado, de ahí que se dirija a la JEC para que emita un dictamen.

El secretario cuarto de la Mesa del Congreso y representante del PP Adolfo Suárez Illana considera, según traslada a El Independiente, que «el propio Tribunal Supremo deja clara su voluntad» de que el diputado pierda el escaño «al partir de la pena tipo prevista para el delito de atentado contemplado en el artículo 550 del Código Penal y, solo tras apreciar la concurrencia de una atenuante muy cualificada de dilación indebida y aplicar una rebaja de la pena en dos grados, llega a una pena final de un mes y quince días de prisión más la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Solo después, y en aplicación de la regla general del artículo 71.2 del CP, se obtiene que la condena firme privativa de libertad será sustituida por una multa cuyo cálculo se obtiene en función del número de días a los que se ha condenado. Sería importante remarcar aquí, para entender la verdadera naturaleza de la pena que, si tal multa no fuera satisfecha, la privación de libertad volvería a operar. Queda, por tanto, clara la voluntad del juzgador y la naturaleza de la pena. Es más, si fuera la multa la naturaleza de la pena o de su resultante, no llevaría aparejada la accesoria de inhabilitación especial sobre la que ha insistido el Tribunal en su escrito de aclaración de sentencia». De ahí que considere que se está «ante un supuesto claro de inelegibilidad sobrevenida del artículo 6.2,a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General», afirma refiriéndose a jurisprudencia del propio Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Reacciones de los partidos

Alberto Rodríguez fue condenado a un mes y 15 días de prisión por un delito de atentado contra la autoridad por dar una patada a un policía en una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife), pero el tribunal acordó sustituir la pena de cárcel por una indemnización económica, motivo que han esgrimido los letrados del Congreso para plantear que la sentencia del Supremo no debe tener más consecuencias para las funciones del diputado de Unidas Podemos.

A la decisión de la Cámara ya han reaccionado algunos grupos parlamentarios. Vox tomó la batuta de las críticas contra la decisión del Congreso y, de la mano de su secretaria general en la Cámara Baja, Macarena Olona, censuró que se avale la condición de diputado de Alberto Rodríguez, al que ha calificado en Twitter de «pateador de policías» y de «delincuente». «Vais a tener razón cuando decís que nos gobiernan delincuentes», subrayaba.

Por esta misma cuestión, la diputada de Vox protagonizó la pasada semana en el Congreso un rifirrafe con la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que reprendió a Olona precisamente por llamar «delincuente» al diputado de Podemos en el hemiciclo. «Sólo es valiente cuando patea a los agentes de Policía, arropado por sus hordas terroristas callejeras», manifestó la dirigente de Vox, que amenazó con la presentación de recursos judiciales para provocar la pérdida definitiva del escaño de Alberto Rodríguez que ha rechazado hoy la Cámara.

Tanto PP como Vox y Ciudadanos avanzaron que enviarán sus escritos a la Junta Electoral Central (paso previo a dirigirse al Tribunal Supremo). La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, calificó de «despropósito» el aval que ha recibido Alberto Rodríguez para mantener su escaño.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tachó de «intolerable» la decisión de la Mesa de la Cámara y advirtió de que pondrá en marcha «toda la fuerza» de su servicio jurídico para que «se cumpla la ley» y que «este agresor y delincuente», en alusión a Rodríguez, «no siga ni un minuto más» cobrando sueldo público en el Congreso de los Diputados.