España

La crisis de los chips retrasa la sustitución de 679 vehículos en la Policía Nacional

La Dirección General reconoce que los nuevos radiopatrullas no llegarán al menos hasta el mes de diciembre, un año después de que expirara el contrato de ‘renting’ anterior | La inversión, a ejecutar en cuatro años, supera los 12,15 millones de euros

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional

La falta de suministro de microchips va a provocar que la sustitución de 679 vehículos radiopatrullas de la Policía Nacional en régimen de renting se retrase varios meses más sobre la fecha inicialmente prevista, circunstancia que agravará el deterioro y hará que aumente el kilometraje de muchos de los turismos con los que se patrulla actualmente.

La crisis de los componentes que sufre la industria de la automoción es la razón que ha esgrimido la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional cuando los sindicatos le preguntaron en la última reunión de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos -celebrada el pasado 30 de septiembre- acerca de la previsión para la reposición de los vehículos camuflados. La pregunta la formuló el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que puso como ejemplo del desgaste la situación en la que se encuentran los vehículos con los que realizan su trabajo las comisarías de la provincia de Pontevedra.

«Ante la falta de suministro de determinados componentes, especialmente de los chips, las empresas fabricantes se han visto imposibilitadas de la entrega de los vehículos terminados en tiempo, por lo que será en el mes de diciembre cuando se proceda a su entrega», ha justificado la Dirección General. El gasto asciende a más de 12,15 millones de euros.

De cumplirse esta nueva previsión, los nuevos radiopatrullas llegarán con un año de demora, si bien no toda la tardanza es achacable a la falta de chips. Los contratos por los que la Policía tiene alquilados 679 vehículos ‘tipo K’ expiraron el 31 de diciembre de 2020, fecha a partir de la cual tendrían que haberse entregado a la entidad propietaria. Y el 1 de enero de 2021 tendría que haber empezado a tener efecto los nuevos acuerdos.

El real decreto por el que el Gobierno acordó el primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020 para contener la propagación de la covid-19 -y sus sucesivas prórrogas- provocó un retraso en la tramitación de los nuevos contratos, lo que obligó al Ministerio del Interior a solicitar que se ampliara seis meses la vigencia de los anteriormente suscritos para que no se resintiera el trabajo operativo. La Dirección General de la Policía disponía así de un margen de tiempo adicional -hasta el 1 de julio de 2021- para licitar y resolver las nuevas adjudicaciones.

Los problemas en el suministro de componentes que sufren los fabricantes automovilísticos desde la pasada primavera ha provocado que tampoco se contara con la flota a principios de julio pasado. En el mejor de los casos no será posible antes de diciembre, según la última estimación ofrecida a los sindicatos con representación en el Consejo de Policía.

12,15 millones de euros

El pasado 20 de abril, la Secretaría de Estado de Seguridad firmó las resoluciones por las que adjudicó el suministro, en régimen de arrendamiento, de 679 vehículos radiopatrullas ‘tipo K’ de segmentos alto, medio y ligero. El plazo de ejecución es de 48 meses y el importe asciende a 12.153.419,52 euros, a razón de 253.196,24 euros al mes.

El lote que supone un mayor desembolso es el correspondiente a los 300 turismos de segmento alto, adjudicado a Alphabet España Fleet Management SA por 6.512.256 euros (452,24 euros mensuales por vehículo). La Dirección General de la Policía ha encargado también a este proveedor 219 vehículos de segmento medio por 3.420.184,32 euros (325,35 euros por radiopatrulla y mes).

Primero la pandemia y luego la crisis de los chips han provocado que el nuevo contrato no haya podido hacerse efectivo casi un año después

El tercer lote, consistente en el suministro de 160 turismos de segmento ligero, ha recaído en Arval Service Lease SA por 2.220.979,2 euros. Expresado en otras palabras, el Ministerio del Interior pagará 289,19 euros mensuales por cada unidad, pertenecientes a cinco modelos diferentes: Peugeot 208 (48), Citröen C3 (40), Toyota Yaris (32), Opel Corsa (24) y Hyundai 120 (16).

Los vehículos que forman parte de estos tres contratos saldrán de las plantas de nueve fabricantes (Renault, Peugeot, Toyota, Opel, Ford, Citröen, KIA, BMW y Hyundai) y corresponden a una veintena de modelos distintos. Los más numerosos serán el Renault Talisman Executive TCe (90), el Peugeot 508 SW Allure Hybrid 225 e-EAT8 (75) y el Toyota Camry Business Plus (60), todos del segmento alto.

Por contra, de los que se servirán menos unidades son el Hyundai Ioniq FL HEV GDI (10), el BMW X2 SDrive (11), el Opel Astra 1.2 SHT GS Line Compacto (15), el Hyundai i20 TGDI (16), el Peugeot 2008 1.2 Puretech S&S Allure (18) y el Peugeot 308 1.2 Puretech S&S Allure (20).

La Dirección General de Policía viene recurriendo a la modalidad del renting para la renovación parcial de su flota desde 1998 -ha firmado ya 25 contratos para el suministro de 13.371 vehículos correspondientes a los tipos ‘Z’, ‘K’ y ‘todocamino Z’- al entender que es la «fórmula ideal» para mantener operativos y en óptimas condiciones los automóviles. También ofrece como ventaja que le permite disponer de todas las unidades a la vez, pero el desembolso lo va haciendo de forma paulatina durante los 48 meses de vigencia.

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