El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compartirá hoy la primera Junta de Seguridad con el Govern de Pere Aragonés con una agenda que incluye la ampliación de la plantilla de los mossos, un aumento de la delincuencia que ha situado a Barcelona y El Prat del Llobregat como las dos ciudades más inseguras de España y la reclamación independentista sobre la Jefatura de Via Layetana. Oficialmente, la Junta de Seguridad debe centrarse únicamente en cuestiones operativas, como el aumento de la plantilla, pero es improbable que Aragonés se resista a reiterar su reclamación sobre la comisaría de Vía Layetana.

Se trata de una reivindicación compartida por los partidos independentistas y Podemos, que defienden que la Policía Nacional abandone el edificio que ha ocupado la Jefatura desde tiempos de la República para convertirlo en centro de memoria histórica de las torturas del franquismo. Pero Marlaska ha sido uno de los más firmes opositores a esta reclamación.

Aunque la Policía Nacional tiene su principal centro operativo en Barcelona en la moderna comisaría de La Verneda, el ministerio no quiere abandonar el edificio en lo que podría interpretarse como una huida del centro de la capital catalana. Especialmente después de que en los últimos años la Jefatura se haya convertido en blanco recurrente de los grupos radicales del independentismo.

De hecho, la CUP ha saludado la reunión con una carta en la que exigen no solo la cesión del edificio de Via Layetana, sino también la retirada de Cataluña de los 7.000 policías y guardias civiles destinados en esta comunidad. Y la Asamblea Nacional ha reclamado a ERC que incluya la cesión de la comisaría en las condiciones para aprobar los Presupuestos Generales.

Ampliación de plantilla

Más allá de esta cuestión, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, anunció hace un mes su intención de reclamar al Gobierno una ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra, fijada en 17.000 agentes por el acuerdo de traspaso de competencias a la Generalitat. El objetivo de Elena es llegar a los 22.000 agentes de forma progresiva.

Ambas administraciones coinciden de hecho en la necesidad de ampliar los recursos, puesto que Cataluña está por debajo de la ratio de 350 agentes por 100.000 habitantes que recomienda Eurostat, debido al aumento de población de la última década. En el caso de Cataluña la ratio es de 243 agentes si solo se cuentan los mossos en activo, argumentan desde la Generalitat.

Pero el aumento de dotación corre a cargo del Ministerio, y el conjunto de España también está por debajo de esa ratio, aunque muy por encima de Cataluña, con 343 agentes. Lo que está en cuestión, por tanto, son los plazos para alcanzar esa cifra, teniendo en cuenta otros compromisos del Ministerio como la equiparación salarial con las policías autonómicas.

Mejorar la coordinación

La Junta de Seguridad catalana debe abundar también en los mecanismos de coordinación de los Mossos con Policía y Guardia Civil. Tras la incorporación de la policía autonómica en el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) pactada en 2018 el objetivo ahora es integrar a los Mossos al sistema VioGen de información sobre violencia de género.

Además, Consejería y Ministerio deben cerrar en la Junta de Seguridad un acuerdo para la integración de los sistemas de información policial de lucha contra la cibercriminalidad. Forma parte del proceso para recomponer las relaciones y la confianza entre cuerpos policiales tras la brecha abierta por el proceso independentista en 2017.