Los cinco sindicatos policiales y las siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil no logran ponerse de acuerdo para armar un único frente de protesta contra la derogación de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana o Ley mordaza que impulsan los dos partidos que sustentan el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) en cumplimiento de acuerdo programático.

Tratando de marcar el camino, Jusapol anunció en la tarde de este jueves la convocatoria de una "gran manifestación" el próximo 27 de noviembre en Madrid bajo el lema 'NO a la inseguridad ciudadana' y a la que invitan a sindicatos policiales (Nacional, autonómicas y locales) y a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Junto a Jupol y Jucil, las organizaciones nacidas al amparo de esta asociación, se han adherido públicamente a esta iniciativa la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

"Nos unimos a esta gran manifestación con el objetivo de mostrar el rechazo unánime de todos los profesionales de la seguridad pública a esta reforma normativa. El 27 de noviembre tenemos esa oportunidad para hacer que nuestra voz se escuche", han expresado la CEP y AEGC en un comunicado conjunto, en el que hacen un "llamamiento" al resto de organizaciones para que se sumen a este "gran acto de rechazo" a una reforma normativa "tan perjudicial" para su trabajo.

En declaraciones al programa 'La noche de Dieter', de esradio, el presidente de CSIF (Miguel Borra) ha reconocido que mantiene conversaciones con Jusapol y que se sumará a la manifestación del 27-N. Este sindicato tiene muchos afiliados en las policías locales.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Unión Federal de Policía (UFP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) conforman otro frente conjunto que trabaja ya en la organización de concentraciones el próximo 24 de noviembre a las 12 horas ante las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno en toda España. En el comunicado informativo figura también las siglas de la AEGC, que ya ha anunciado que acudirá a la manifestación de Jusapol.

Previamente, el lunes que viene, tienen previsto celebrar una reunión con la finalidad de "formar un frente común" para mostrar al Gobierno de Pedro Sánchez la oposición a la derogación de la norma debido al "impacto" que los cambios proyectados podrían tener "sobre las condiciones laborales y la integridad física de todos los policías". En opinión de este bloque, la situación "obliga a aparcar egos y protagonismos que entorpecen el único objetivo de impedir que la reforma de la Ley de seguridad ciudadana vea la luz", en velada alusión a Jusapol.

Fijar una fecha "todos juntos"

En este sentido, hacen un llamamiento a Jusapol, Jupol y Jucil para que asistan al encuentro del lunes a fin de acordar "todos juntos" una fecha que consiga movilizar a policías y guardias civiles en la búsqueda de un mismo objetivo, en lugar de diseminar las protestas bajo banderas diferentes.

Jusapol, cuya dirección está en funciones ante la inminente celebración de elecciones, ha solicitado este viernes autorización para llevar a cabo la manifestación el 27 de noviembre y que les autoricen el recorrido. También aseguran que ya están organizando autobuses para que policías y guardias civiles se desplacen ese día a la capital de España, de lo que se intuye que su postura es inamovible.

Diversas fuentes sindicales consultadas por este diario aseguran que, desde este miércoles, iniciaron contactos con la dirección de Jupol -mayoritario en el Consejo de Policía- para tratar de dar una respuesta conjunta a la reforma de la ley y que todas las organizaciones fueran de la mano. Las llamadas telefónicas posteriores y los correos electrónicos enviados no han tenido respuesta, aseguran.

Sindicatos y asociaciones abogan por aparcar "egos" y unir fuerzas para impedir que la reforma vea la luz

"A pesar de no obtener contestación a nuestra invitación, y confirmar por los medios de comunicación que hoy Jupol, Jucil y Jusapol proponen como fecha para la concentración el día 27 de noviembre, les volvemos a instar a sumarse al resto de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil y todos juntos acordar una fecha para la concentración que consiga reunir a todos los representantes policiales unidos bajo el mismo objetivo. Es mucho lo que nos jugamos", proclaman en un comunicado.

En declaraciones a este diario, fuentes de Jupol han mostrado su sorpresa por estas declaraciones dado que -aseguran- ya les habían confirmado previamente su decisión de acudir tanto a la reunión del próximo lunes como a las concentraciones que han anunciado el próximo 24 de noviembre ante las delegaciones del Gobierno.

Entretanto, las asociaciones de mandos de la Guardia Civil -Unión de Oficiales (UO) y Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC)- consideran "absolutamente necesario" mostrar un único frente de oposición a la reforma de la ley, al tiempo que lamentan que se hayan formado dos bloques "claramente diferenciados".

"Hacemos un llamamiento a la unidad de estos dos bloques y a abandonar el enfrentamiento. El resto de las organizaciones estamos de acuerdo con la unidad pero sin condiciones previas, pues se trata de una reforma importante que compromete el trabajo diario de la Policía y de la Guardia Civil y no debe ser utilizado en beneficio de ninguna organización o grupo en particular", manifiestan en una nota, en la que censuran el "ninguneo" del ministro Grande-Marlaska a las asociaciones de la Guardia Civil por llevar a cabo una ronda de contactos con los sindicatos policiales y dejarles a ellos "al margen del diálogo".

La postura de la UO y la ASESGC es la que defiende la Asociación Profesional de Cabos (APC), que ha logrado mantener un vocal en las recientes elecciones al Consejo de la Guardia Civil. "Somos partidarios de ir todos en bloque. Esperamos que estas dos partes se pongan de acuerdo. La fuerza se consigue yendo todos unidos, véase el caso de los sindicatos franceses de policía", dicen fuentes de la APC. Con todo, las siglas de esta organización aparece en el comunicado difundido por el bloque que lideran el SUP y la AUGC.

"Aparcar egos y rivalidades"

Por esa unidad "ante un atropello sin paliativos" a los derechos como agentes de la autoridad aboga también Independientes de la Guardia Civil (IGC). "Reivindicamos nuestra posición desde la unión de todos, que será la fuerza que nos pueda llevar al éxito. Es hora de aparcar egos y rivalidades y dejar de enfrentar bloques que no nos llevan a ningún sitio", sostienen.

Sindicatos y asociaciones profesionales consideran que la reforma de la Ley de protección a la seguridad ciudadana "limitará" la capacidad de actuación policial ante eventos de gran conflictividad social, impedirá "cumplir con los deberes que impone" la Constitución -"en especial la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana", aseguran- y "compromete" la seguridad tanto de policías como de la sociedad en su conjunto.

En el acuerdo que a finales de 2019 firmaron Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) para formar gobierno se incluía la aprobación de una nueva norma en sustitución de la llamada Ley mordaza para "garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica".

"Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal", detalla el documento. Dicho precepto, que castigaba los piquetes con cárcel, fue anulado el pasado mes de abril.