Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han anunciado que convocarán movilizaciones en toda España para protestar por la reforma de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana o Ley mordaza que impulsan los dos partidos que sustentan el Ejecutivo (PSOE y Unidas Podemos) en cumplimiento de su acuerdo programático de gobierno.

Jupol, sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional, ha puesto este jueves en conocimiento del ministro del Interior su oposición «frontal y absoluta» a esta modificación normativa al entender que supondría «la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático». «No hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes», ha declarado el secretario general de Jupol, Aarón Rivero.

Esta organización ha anunciado a Grande-Marlaska su intención de poner en marcha una mesa de diálogo con el resto de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil a fin de consensuar medidas contra la derogación de la ley, entre ellas movilizaciones a las que invitarían también a las policías autonómicas y locales de todo el país.

Policías y guardias civiles reprochan que la decisión de reformar la ley se haga «a espaldas» de los agentes

Sin esperar a que dicha mesa se reúna, Jupol ha anunciado ya una manifestación en Madrid el próximo 27 de noviembre -convocada por Jusapol, la asociación constituida en 2017 para reivindicar la equiparación salarial- que llevará por lema ‘NO a la inseguridad ciudadana’. «Se busca la unión de todos los representantes policiales, unidos bajo un interés común y en defensa de todos nuestros derechos, en la que tendrán cabida todas las siglas», ha expresado Rivero.

El secretario general de Jupol ha reprochado al titular de Interior que se haya decidido modificar la ley «sin tener en cuenta la opinión» ni de los representantes de los policías nacionales ni de los guardias civiles, al tiempo que considera que obedece exclusivamente a «criterios políticos».

«La derogación de la Ley de seguridad ciudadana busca limitarnos ante los violentos, reducir nuestra operatividad para poder apaciguar la violencia en las calles y poner el foco delictivo en los policías y guardias civiles en vez de en los delincuentes y los violentos», ha añadido Aarón Rivero, para quien la derogación supone un «ataque sin precedentes al principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

«Frente común»

En paralelo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) unirán sus fuerzas en un «frente común de movilizaciones» con el que pretenden también expresar su rechazo rotundo a esta reforma legislativa. Ésta, según defienden, vendrá a agravar la «situación de indefensión» que sufren los agentes.

«Nos preocupa de la reforma la retirada de la prohibición de grabación de imágenes de policías y guardias civiles en su trabajo. La nueva medida nos pone en riesgo y a nuestras familias, especialmente en las zonas de España en las que se vive mayor conflictividad y policías y guardias civiles son objetivo de los violentos. A pesar de que la reforma castigaría la difusión de las imágenes, una vez difundidas el daño es irreparable. Más irracional aún es retirar el material de trabajo a los antidisturbios sin prever su reemplazo por otro menos lesivo, dejando a guardias civiles y policías a merced de los violentos», indican.

El SUP y la AUGC consideran que retirar la presunción de veracidad a las actas policiales que no sean lógicas o coherentes es un «brindis al sol que mancha la credibilidad del trabajo policial» y censuran que el testimonio de un policía o de un guardia civil se ponga «a la misma altura que el de un delincuente».

De igual forma, juzgan como un «error» la decisión de permitir la celebración de manifestaciones «espontáneas» sin notificación previa ni especificar sus recorridos, ya que -a su juicio- ello pondrá «en grave riesgo» la seguridad de los agentes, de los manifestantes y del resto de la ciudadanía.

El SUP y la AUGC anuncian concentraciones ante las delegaciones de Gobierno en señal de protesta

Por todo ello, las dos organizaciones piden a PSOE y Unidas Podemos que reflexionen y den marcha atrás a estos cambios, que «únicamente llevarían a una mayor indefensión de los trabajadores que deben velar por la seguridad de todos los ciudadanos». Mientras tanto, anuncian un calendario de movilizaciones conjuntas que arrancarán con concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España.

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) ha rechazado asistir a la ronda de contactos que está manteniendo el ministro del Interior con los sindicatos como gesto de desaprobación por haber acordado la reforma «de espaldas a los policías», «sin contar con las alegaciones y aportaciones de sus representantes» y «generando un profundo malestar entre los profesionales de la seguridad pública».

«Ninguneo» a los agentes

«Con cero interlocución durante tres años con el ministro del Interior, consideramos que asistir a esta reunión sería una falta de respeto hacia nuestros afiliados, que han sido ninguneados en la elaboración de una reforma normativa que afecta directamente a las condiciones en las que desarrollamos nuestro servicio los policías nacionales», expone la CEP, que no pasa por alto que en la anterior negociación que dio lugar a la ley que ahora se pretende derogar «sí» se contó con la opinión de los sindicatos y se permitió aportar propuestas a los borradores que se elaboraron.

«En definitiva, resulta incompatible acercarse a los representantes de los policías nacionales para abrir un canal de interlocución directo con el Ministerio del Interior mientras que, al mismo tiempo, se anuncian reformas legales unilateralmente y se publicita en una respuesta parlamentaria la creación de una Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, proyecto que nuevamente sitúa en el foco de la atención pública nuestro trabajo que, debemos recordarlo, es el más sometido a mecanismos de fiscalización y supervisión de todos los de la función pública española, con la actuación de la unidad de régimen disciplinario, la de Asuntos Internos y el permanente control de órganos judiciales y fiscales», concluye.