Podemos y PSOE han pactado dejar sin efecto parte de la Ley de Amnistía de 1977 al declarar dentro de la Ley de Memoria Democrática que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gocen del amparo de la normativa de amnistía. Además, extenderán hasta 1982 las víctimas del franquismo y retirarán hasta 33 títulos nobiliarios de cargos del régimen como Calvo Sotelo o Primo de Rivera.

Concretamente, la redacción consensuada en este punto, mediante una enmienda, recoge que «todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977 de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables», informa Europa Press.

Además, las formaciones han acordado que el Valle de los Caídos vuelva a la denominación original de ‘Cuelgamuros’ y que las víctimas de la dictadura tengan derecho al resarcimiento de los bienes incautados, así como de las sanciones económicas impuestas por el régimen de Francisco Franco. También se amplía la consideración de víctimas en el periodo de Transición (hasta 1982).

Por otro lado, según han explicado desde el espacio confederal, se suprimen los títulos nobiliarios concedidos a 33 personalidades del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, Calvo Sotelo o Queipo de Llano.

Una treintena de enmiendas

Los dos socios de coalición han pactado el contenido de una treintena de enmiendas al articulado del proyecto de ley de Memoria Democrática y estipulan que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y torturas no prescriben.

Una modificación que supone un guiño a ERC, dado que el grupo republicano persigue la derogación de la conocida como Ley de Amnistía al considerar que exoneraba a altos dirigentes de la dictadura franquista.

De esta forma, PSOE y Unidas Podemos estipulan que debe aplicarse el derecho internacional vigente en materia de delitos de lesa humanidad y demandan que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del «golpe de estado, la guerra y la dictadura».

Otro punto que recogen las enmiendas es la ampliación del censo de víctimas del franquismo para incorporar a las personas supervivientes, en reivindicación de los colectivos memorialistas, a las víctimas de la Transición (de 1978 a 1982).

Descendientes de los brigadistas internacionales

Además, los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones.

A su vez, reclaman que los retratos u otras representaciones artísticas de personas vinculadas a la represión franquista no podrán mostrarse «ni en lugares representativos ni en áreas de acceso al público», además de vehicular un procedimiento para la revocación de las distinciones honoríficas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En materia educativa, se garantiza el «derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo» frente a posibles alegaciones sobre el derecho al honor de personas ya fallecidas que hubieran participado en los mismos y se añade una referencia a la necesidad de introducir estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares.

Respecto a la concreción del procedimiento para la declaración de nulidad de las sentencias represivas del franquismo o el desarrollo reglamentario de las medidas que se contemplan, el grupo parlamentario de Unidas Podemos trabajará para llegar a un «amplio acuerdo con todas las fuerzas progresistas que permitan una puesta en práctica ágil y eficaz».