«Ha sido esperpéntico». Era la conclusión de Albert Palacio, portavoz del sindicato USPAC tras presenciar cómo los servicios jurídicos de la Generalitat se retiraban como acusación de un juicio contra siete hombres por desordenes, atentado a la autoridad y lesiones leves a cinco agentes de los Mossos d’Esquadra. Los acusados son activistas independentistas. Y el cambio de postura de la Generalitat, una orden directa del secretario general de Interior, el republicano Oriol Amorós, en plenas negociaciones entre ERC y la CUP por el apoyo de los antisistema a los Presupuestos de la Generalitat para 2022.

Hasta hace diez días, los abogados de la Generalitat estaban personados en el procedimiento en defensa de los agentes y acusaban a los manifestantes de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. No incorporaron la acusación por lesiones leves que sí mantiene la Fiscalía, pese a que cinco de los mossos personados en la causa han acreditado heridas leves fruto de los enfrentamientos con los manifestantes que el 30 de enero de 2018 rompieron los cordones policiales que protegían el Parque de la Ciutadella en protesta por la frustrada investidura telemática de Carles Puigdemont.

Las lesiones

El pasado 10 de noviembre, Amorós daba la orden de retirada de la causa. Alegó que en el caso del Parlament “no se ha podido individualizar los causantes de las lesiones que sufrieron” los cinco mossos. Una argumentación contraria a lo que sostienen los atestados de la policía autonómica, pero que sirve para acogerse a lo pactado con la CUP: personarse en las causas solo cuando hubiera un mosso herido y posibilidad de identificar al agresor.

En este caso concurren cinco agentes que pueden acreditar lesiones leves. Uno sufrió una contusión en la escápula izquierda; otro una contusión en el hombro derecho; un tercero tuvo contusiones en un hombro, una mano, un muslo y una pierna; otro una contusión en los genitales y en un hombro; y el quinto sufrió una cervicalgia postraumática.

Tres posturas diferentes de la Generalitat

A partir de ese momento, empieza el baile de posturas cambiantes de los servicios jurídicos de la Generalitat. El 12 de noviembre, los abogados informaron al tribunal de que renunciaban a ejercer la acusación particular de los mossos heridos y se apartaban el procedimiento penal “de conformidad con la orden de la secretaría general”.

Cuatro días después añadieron que dejaban de representar también a los otros siete agentes que, sin sufrir daños, fueron objeto de un delito de atentado a la autoridad.

El día 19 la Generalitat da marcha atrás. Afirma que, “revisadas las actuaciones” no será acusación particular pero sí mantiene la representación de la “defensa de los intereses” de los mossos afectados. El lunes siguiente, tres días antes del inicio del juicio, Interior reúne en el complejo Egara de los Mossos a los agentes implicados, los servicios jurídicos y el abogado de USPAC que ya había asumido la representación de uno de los mossos.

El Govern condiciona el testimonio de los agentes

En ese encuentro, el abogado de la Generalitat da instrucciones a los agentes sobre su declaración, en la que deben afirmar que no pueden identificar a los acusados como responsables de las lesiones. Se niega, además, a facilitar la documentación de la causa al abogado de USPAC.

Al día siguiente, nuevo escrito de la Generalitat anunciando que no se persona en la causa y vuelve al argumentario de Amorós: no se puede “individualizar los causantes de las lesiones” y por tanto, “no se pide indemnización como responsabilidad civil”. Por tanto, añade el escrito, no es viable seguir con la defensa de los intereses de los mossos y el tribunal puede suspender el jucio.

A estas alturas, el magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona responde a la Generalitat que después de tres escritos diferentes en tres días, lo que debe hacer es personarse en la sala para la apertura del juicio, este jueves, y exponer ahí su postura.

El juicio, suspendido

Este jueves, el abogado de la Generalitat reiteraba que se retira como acusación particular por orden directa de la Consejería de Interior: “El criterio de nuestra actuación era la existencia de lesiones y en este momento no se puede determinar su autoría”. Sin embargo, diez de los once mossos personados en la causa han solicitado seguir adelante, por lo que el juez ha dictado la suspensión del juicio por quince días, para que puedan proveerse de nueva representación legal.

«La Generalitat ha hecho de abogado de la defensa» concluye Albert Palacio tras lo sucedido este jueves. El portavoz sindical añade una oferta a sus compañeros: «Nunca dejaremos tirado a ningún mosso» en una causa judicial, asegura, «viendo la indefensión en la que nos deja la Generalitat por motivos políticos».

Los letrados de Interior solicitaban antes de ser obligados a retirarse de la causa una pena de 2 años de cárcel por atentado y desórdenes públicos. La Fiscalía mantiene la acusación y solicita una pena de 3 años de prisión para los siete acusados por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y un delito leve de lesiones.