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Ayuso descarta un 'efecto contagio' de Andalucía y cierra filas con Vox para pactar sus primeros presupuestos

Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, en el Congreso del PP de Andalucía.

Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, en el Congreso del PP de Andalucía. EP

Andalucía se ha convertido en el primer territorio en el que dos partidos condenados a entenderse demostraron que la política es mucho más compleja que la aritmética parlamentaria. Vox tumbó el pasado miércoles las cuentas públicas de Juanma Moreno, acabando con una de las tesis que han planteado los populares en diferentes autonomías para arrinconar a Vox y forzarles a no obstaculizar los proyectos del PP allí donde gobiernan: posicionarse junto a aquellos que denominan «izquierda radical». En el Palacio de San Telmo, la ruptura entre PP y Vox aboca a Andalucía a un adelanto electoral que podría celebrarse la próxima primavera. Pero una vez más, Madrid descarta el ‘efecto contagio’ respecto a lo que sucede en otras comunidades autónomas y cierra filas con Vox para aprobar el primer presupuesto de la región. Públicamente, ambas fuerzas sostienen que las conversaciones van «por el buen camino», pero los últimos episodios de tensión entre Ayuso y Monasterio han retrasado la consecución de un pacto que debía haber estado listo el pasado 27 de octubre.

En Andalucía, y pese a que fue Vox quien apoyó con sus votos la investidura de Juanma Moreno, la relación entre las dos formaciones ha ido agrietándose hasta llegar a la guerra total. El PP andaluz no duda ya en tildar a sus homólogos conservadores de «traidores» por tumbar una votación clave posicionándose con PSOE y Unidas Podemos, y el barón popular ha situado al partido que dirige Santiago Abascal como próximo objetivo a batir cuando se abran las urnas. «Muchos votantes suyos vienen de nuestras filas (…) y les van a castigar por no aprobar este presupuesto», mencionó el presidente de la Junta en un tenso debate tras una monumental bronca en la cámara andaluza. «Por supuesto que PP y Vox no son lo mismo», zanjó Moreno.

En parte, y según la versión de Vox, el choque de trenes se produjo por el incumplimiento de casi la mitad de los acuerdos de investidura que suscribió la formación con el ejecutivo presidido por Juanma Moreno y Juan Marín en 2019, cuando rubricaron un documento de 37 puntos de los que sólo se habrían cumplido 17. En el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos que se celebró la pasada semana, Vox evidenció la ruptura total con los que hasta ahora habían sido sus socios, si bien fuentes del partido aseguran a El Independiente que el motivo de la ruptura con el PP no fue el escándalo por la filtración de un polémico audio de Juan Marín -una causa por la que el PSOE sí se levantó de la mesa de negociación-. «No hay cambio, sólo hay continuismo porque se han dedicado a gestionar la herencia socialista. Vox eso no lo va a consentir (…) El compromiso con el cambio en Andalucía ha sido traicionado por el gobierno», expresó el portavoz de Vox en la región, Manuel Gavira.

En Andalucía, la formación que dirige Santiago Abascal reclamaba a los de Juanma Moreno cambios legislativos en materia de género y migración, así como el recorte del gasto superfluo en «chiringuitos» o la derogación de la Ley de Memoria. No son unas exigencias que disten en exceso de las que ha puesto encima de la mesa Rocío Monasterio en Madrid para dar su ‘sí’ a las primeras cuentas públicas de Isabel Díaz Ayuso, si bien la presidenta madrileña escenifica en cada intervención pública cierta unidad de acción con Vox, sin cerrar la puerta a determinadas cesiones ideológicas y políticas para edificar un frente común en Madrid contra el «sanchismo» y los postulados de la izquierda. En el equipo de la presidenta madrileña insisten: la flagrante ruptura en Andalucía no pasará factura a los acuerdos en Madrid.

«Estamos en muy buen camino», expresó ayer mismo Díaz Ayuso en rueda de prensa cuando fue preguntada por cómo avanzan las conversaciones presupuestarias. El PP sólo está cuatro diputados de la mayoría absoluta, pero Vox es la única fuerza susceptible de otorgar a Ayuso el apoyo que necesita para aprobar unas cuentas vitales para la legislatura de la dirigente popular, a las que ha encomendado la aprobación de algunas de sus medidas estrella, como la bajada del IRPF, la creación del controvertido ‘cheque bebé’ o la ampliación de la red de Metro.

En intervenciones públicas semanales, uno y otro partido coinciden en que la interlocución entre ambas fuerzas es «cordial» y avanzan a buen ritmo, pero los escollos son evidentes. En primer lugar porque el acuerdo debería haber estado listo hace más de un mes: el equipo de Isabel Díaz Ayuso comenzó la negociación con el de Rocío Monasterio el pasado mes de octubre, con el objetivo de atar su ‘sí’ a las cuentas antes de la aprobación del anteproyecto de ley en la última reunión del Consejo de Gobierno del pasado mes de octubre. Pero no fue posible. Dos son los principales puntos de fricción: la derogación de dos leyes LGTBi de la región -Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia- y la apuesta por la gratuidad de la educación en la región en las etapas de infantil, formación profesional y bachillerato.

Pero, a diferencia de la ruptura sin ambages en Andalucía, los populares madrileños se mueven por la senda del acuerdo sin cesiones totales, pero explorando algunas parciales. Por ejemplo, tal y como informó El Independiente, el ejecutivo madrileño está dispuesto a «mejorar» algunos aspectos de las leyes de género y LGTBI de la Comunidad de Madrid sin aceptar la derogación total porque «cumplen una buena función» en la región; mientras que en materia educativa prometen «revisar» los fondos destinados a los cheques guardería para promover mayores incentivos para las familias.

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