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La batalla por Navacerrada: más de 70 puestos de trabajo y unas instalaciones históricas en juego

Un bar-restaurante afectado por el temporal de nieve en el Puerto de Navacerrada.

Un bar-restaurante afectado por el temporal de nieve en el Puerto de Navacerrada. EP

La Abogacía del Estado, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado esta semana la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León por la “ocupación ilegal” de los terrenos del Puerto de Navacerrada. Asimismo, ha acusado al Ejecutivo regional de Alfonso Fernández Mañueco de confundir “deliberadamente” el esquema de reparto de competencias.

Pese a todo, el presidente popular de la región desafiará al Gobierno central de Pedro Sánchez. De esta manera, Fernández Mañueco mantiene la decisión de no cerrar la estación de esquí de Navacerrada y ha comunicado que la Junta permitirá al complejo seguir prestando actividad a partir del 1 de diciembre.

«No hay inconveniente alguno para que se siga desarrollando la actividad», porque «es perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos y los montes de utilidad pública», considera el presidente castellano-leonés, que rechaza la idea de que Sánchez «golpeé» socioeconómicamente a Segovia y a las zonas del norte de la Comunidad de Madrid.

Este miércoles, en una intervención en las Cortes regionales, Fernández Mañueco ha considerado de «desproporcionada» la actuación de Sanchez en su Comunidad. Le ha acusado de tener «manía persecutoria» con regiones como la suya, mientras que «a los separatistas se lo da todo».

«Si algo queda claro es la lealtad de esta Comunidad con España y con el Gobierno, somos leales y no voy a consentir que nos doblen las manos a los castellanoleoneses», ha aseverado, tras lo que ha recordado que la estación de esquí de Navacerrada funciona desde hace más de 100 años.

El complejo de esquí

La empresa responsable de la administración de estas instalaciones, Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí S.A., busca continuar de manera ordinaria su actividad. Y, además, pedir un aplazamiento de dos años al Gobierno por la influencia del covid-19 en el desarrollo del negocio, que impidió el transcurso de la campaña invernal con normalidad.

Concretamente, y si el recurso contencioso-administrativo del Estado sale adelante, se suprimirán tres pistas en la zona segoviana: Escaparate, Telégrafo y El Bosque. No afectará, en cambio, a dos pequeñas pistas de iniciación, a Guaramillas I y II y a Pala Montañeros en Madrid.

Entre las razones argumentadas por el Gobierno que promueven el cierre, está la elevada presión turística y el impacto del cambio climático en la zona. En contraposición, desde el complejo advierten que el aforo medio es de 500 esquiadores entre 70 y 90 días anuales y que las aglomeraciones han sido muy puntuales. Además, vienen apuntando desde marzo, que las consecuencias a nivel económico-geográfico serán mayores que las apuntadas desde el Ministerio de Transición Ecológica.

Se habla de que un rango de 30 y 70 empleos directos y más de 200 indirectos se verán afectados por el fin de la concesión; aunque hay cifras más extremas: 300 trabajos ligados a la actividad y más de 5.000 indirectos. Entre esos puestos indirectos están el personal de tiendas, negocios de hostelería o escuelas de esquí, por ejemplo.

Igualmente, desde la estación de esquí vienen insistiendo estos meses en que la clausura del ocio de la nieve provocará un abandono notable del territorio y la vandalización de unas instalaciones con más de 50 años de historia. El coste que supondría retirar las pistas, el kilometraje de tuberías internas y los edificios colindantes, entre otros, puede provocar que la necesidad de recursos para el desmantelamiento haga desistir a las autoridades. No sería la primera vez que ocurre con páramos o construcciones de terceros adjudicadas por el Estado.

Los dos mayores liderazgos del PP avalan la decisión tomada por Fernández Mañueco para seguir prestando la actividad de manera cotidiana. Así, el presidente del partido, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid -involucrada en el asunto por el emplazamiento geográfico de las instalaciones- han mostrado su total «apoyo» público.

Este martes, el presidente del PP, durante su participación en un coloquio organizado por la Fundación Concordia y Libertad, ha señalado la necesidad de que el complejo de ocio de invierno de Navacerrada «tiene que seguir abierto» porque es una actividad «fundamental» en la región.

En esta línea, ha criticado que el Ejecutivo central, que «tanto habla de despoblación», empiece a «poner palos en las ruedas» a las actividades del entorno rural. Especialmente en un periodo complicado «en el que el turismo ha sufrido tanto», añadía Casado.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que espera «que impere el sentido común» en esta cuestión. Básicamente, porque «no tiene cabida» ni «lógica alguna» que después de tanto tiempo «se cierren» las instalaciones de esquí «por motivos políticos con todo el perjuicio que ello conlleva».

La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha expresado tras el 40 Congreso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, incidiendo en la importancia de que estas pistas se mantengan abiertas. Algo que es «muy importante» para las dos Comunidades Autónomas, para el deporte y los pueblos de la zona, ha afirmado Ayuso.

«Intentan confundir»

Ante la postura adoptada por Fernández Mañueco, la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera ha lamentado que «desgraciadamente» se haya «llegado a judicializar» este proceso. Sin embargo, para ella esta cuestión no es discutible porque mantener el Puerto de Navacerrada abierto «incumple de manera muy clara los límites» de esa administración.

Al Gobierno «nos preocupa que en la gestión de la responsabilidad de cada cual, la administración autonómica de Castilla y León haya decidido incumplir la norma e ir más allá del límite temporal de una concesión que ha dejado de estar en vigor», explicaba la ministra este martes tras presentar los planes de eficiencia energética y movilidad sostenible para Policía Nacional y Guardia Civil en Chinchón (Madrid)

En ese sentido, y expresando, además, que el cambio climático no hace viable sostener las instalaciones de ocio invernal, ha criticado a la Junta castellano-leonesa no haber velado «por el cumplimiento del desmantelamiento».

En relación al continuismo anunciado por el líder popular en la región, la delegada del Gobierno en Castilla y León Virginia Barcones ha sugerido que Fernández Mañueco está invitando a «vulnerar el estado de Derecho» para favorecer el interés privado por encima del interés general.

Para Barcones la argumentación del presidente castellano-leonés parte de una premisa falsa. «Intenta confundir deliberadamente el esquema de reparto de competencias», indica la delegada, que apunta a que la concesión de la actividad caducó el pasado 3 de abril.

Es por ello, insiste Barcones, que el futuro de las instalaciones «no compete al Gobierno regional», sino a Parques Nacionales. Que en octubre envió un requerimiento al Ejecutivo para que resolviese la extinción del título de concesión de las instalaciones de esquí, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Montes de Castilla y León.

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