El conflicto desatado en Canet de Mar (Barcelona) contra la familia que pidió una parte de las clases de su hijo, de cinco años, en castellano, ha vuelto a colocar en el centro del debate la aplicación de la inmersión lingüística en Cataluña. Las amenazas en redes o la manifestación contra la aplicación del 25% de las clases en castellano para una clase de ese centro ponen el foco en la familia afectada. Pero el conflicto arranca antes, concretamente con la decisión del Tribunal Supremo de ratificar las sentencias en este sentido del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Lo confirma la presidenta de la Asociación por la Escuela Bilingüe (AEB) Ana Losada, una de las entidades que junto a Convivencia Cívica y Sociedad Civil Catalana ha liderado la batalla por la introducción de más horas lectivas en castellano en las escuelas catalanas. Desde la resolución del Supremo han aumentado las peticiones en este sentido, asegura Losada. Pero el acoso a la familia de Canet las ha multiplicado.

"Desde el caso de Canet, la reacción no es de miedo, sino todo lo contrario" explica Losada. Lo acreditan las 29 peticiones de educación bilingüe recibidas por la Asociación entre el jueves y el viernes de esta semana. En la actualidad, casi un centenar de familias han conseguido la aplicación de la sentencia del 25% en los grupos clase de sus hijos, explica Losada.

"Ku Klux Klan de quita y pon"

Aunque no todos los procesos han sido plácidos. Agustín -padre de dos niños que pidió la escolarización en castellano y no quiere ser identificado- inició en 2015 el proceso. Tras años solicitándolo sin éxito a la dirección del colegio, optó por la vía judicial acogiéndose a la jurisprudencia sentada ya entonces por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El resultado fue un escrache a sus hijos que acabó obligándolos a cambiar de centro. "Cuando intentas romper" el monolingüismo en algunos colegios "te montan este Ku Klux Klan de quita y pon" lamenta Agustín, "como ahora está pasando con la familia de Canet".

El diagnóstico de este padre es claro: "quieren escarmentar a los osan intentar esta vía" la de reclamar el cumplimiento de las sentencias del TSJC. En Cataluña se ha impuesto "la espiral del silencio" relata "no existe problema lingüístico" porque los padres no se atreven a reclamarlo.

Preferencia por el trilingüismo

El consejero de Educación, Josep González-Cambray, defiende que "sólo 80 familias" han solicitado el cumplimiento de la sentencia en estos años para demostrar que se trata de una postura minoritaria, ajena al consenso general en favor de la inmersión lingüística. Pero un reciente estudio de Sociedad Civil Catalana (SCC) desmiente al consejero y avala la espiral del silencio denunciada por este padre.

El sondeo, realizado por Gad3 entre noviembre y diciembre de 2020 con más de mil entrevistas, muestra la preferencia de los consultados por la educación trilingüe, con una presencia equilibrada de catalán, castellano e inglés. Si a este grupo, que representa el 64%, se suman los que prefieren una educación bilingüe en proporciones equilibradas, el resultado es de un 85% de los consultados que cuestionan el actual modelo de inmersión lingüística.

Para el 59,9% de los encuestados, la primera lengua de contacto educativo de los alumnos en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña debería ser la lengua familiar de los padres, sea esta el castellano o el catalán. Y, al mismo tiempo, casi dos de cada tres catalanes defienden la existencia de una prueba común de español a final de la ESO en todo el Estado. 

Resistencia de los colegios

Pero estas preferencias no se han trasladado al debate público en Cataluña, y los colegios, públicos y concertados, son los primeros defensores de la inmersión. En este sentido, Agustín lamenta que los colegios concertados se han plegado con más ahínco si cabe que los públicos al mandato de los gobiernos independentistas en la Generalitat.

"Tienen a los niños como rehenes y los padres no queremos exponerlos, con esa ventaja juegan" recordando la experiencia vivida hace seis años. En Cataluña "no hay problema con la lengua si te callas", concluye.

Tienen a los niños como rehenes y los padres no queremos exponerlos, con esa ventaja juegan"

En este contexto, confía en que la resolución del Tribunal Supremo al ratificar la postura del TSJC sirva para que la medida se aplique de forma general en todos los colegios de Cataluña. "Que no tenga que ser una familia la señalada" la que fuerce a los centros a cumplir este precepto.

Paralelamente al proceso de Agustín, un grupo de familias de Castelldefels se unieron también para pedir parte de las clases en castellano en su escuela pública. Una reivindicación que lideró Dafne y que, originalmente, secundaron más de 90 familias. Pero cuando se abrió el debate en el colegio y empezaron las presiones, muchas renunciaron.

Petición en grupo en Castelldefels

De los solicitantes iniciales, solo once familias llegaron al final del proceso. El colegio aplicó finalmente la resolución judicial, reubicando a los niños. «Muy oportunamente las 15 o 16 solicitudes para tener más castellano, mágicamente al año siguiente estaban todos juntos" relata Dafne.

"Cuando dijimos al colegio que eso era discriminación por motivo de lengua», lo negaron y argumentaron que era una decisión basada en las evaluaciones de los alumnos. «Ahora el A es el grupo de los castellanos y el B el de los catalanes».

«En un momento dado me frenó la presión sobre mis hijos», reconoce, «pero al estar acompañados por otras familias solicitantes se hizo mucho más llevadero, por suerte éramos un grupo bastante grande y nos íbamos apoyando unos a otros». En el grupo de su hija hay siete alumnos más que han solicitado medidas cautelares para tener el 25% en castellano, y otros cuatro en el grupo de su hijo. Pero quizá ninguno de ellos habría tomado la iniciativa si Dafne no hubiera iniciado la batalla.

No fue el caso de Agustín. "Algunos padres se acercaban a darme la razón" pero siempre en privado, mientras el Ampa, como en el caso de Castelldefels, lideraba la oposición al 25%. Relata que en su caso fue la dirección del centro educativo la que se puso en contacto con él tras conocer la resolución judicial a su favor para proponerle segregar a sus hijos para recibir clases en castellano junto a algún alumno de origen latinoamericano. Al día siguiente su hijo mayor, entonces de diez años, llegaba llorando del colegio por comentarios de sus compañeros.

La escuela filtra la identidad de los niños

"La escuela directamente, o a través del Ampa, filtró la identidad" de los niños, a los que su padre no había explicado nada todavía. Al día siguiente, un miércoles, se produce la concentración a las puertas del centro, donde participan cargos independentistas y profesores del colegio. "Los profesores hicieron declaraciones asquerosas" recuerda, defendiendo que "no se podía permitir" la aplicación de la sentencia.

"Los niños son unos ángeles, pero los padres..." recuerda. Tras días de comentarios hirientes y la oferta de dar la clase de matemáticas en castellano, con los libros en catalán, Agustín aceptó las invitaciones del centro para que cambiar a sus hijos de colegio. A un centro privado y trilingüe. "Son unos hipócritas" señala refiriéndose a los líderes políticos catalanes, "llevan a sus hijos a escuelas trilingües con un 30% de castellano, pero a la plebe se lo niegan".

Otra muestra de esa espiral del silencio: cuando finalmente decidió cambiar a sus hijos de centro y denunciar al colegio por la filtración de sus datos, ningún abogado de Mataró quería defender su caso. Un caso que la juez de primera instancia de la ciudad archivó, y que ahora ha ordenado reabrir la Audiencia de Barcelona.

El aval de la Unesco

Pese a lo vivido, no se arrepiente, aunque denuncia la pasividad del Gobierno ante estos atropellos. "Entiendo que aprender castellano correctamente con tan pocas horas lectivas no es suficiente" destaca para explicar su iniciativa y señala que su posición está respaldada incluso por la Unesco.

En la Declaración de París de 1943, la Unesco reconocía que lo ideal es escolarizarse, sobre todo en los primeros años, en lengua materna. "El español es mi lengua, y los que tienen derechos son las personas, no las lenguas" concluye en defensa de su postura.