El Tribunal Constitucional decide este miércoles, en el primer Pleno al que se sumarán los cuatro magistrados recién nombrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, si acepta o descarta la recusación contra Arnaldo y Espejel que presentaron tanto el expresidente catalán Carles Puigdemont como el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

Los líderes independentistas consideran que la apariencia de imparcialidad de los dos magistrados está comprometida por su «proximidad» al Partido Popular que les propuso para ser elegidos en las Cortes y por manifestaciones públicas que han realizado sobre el proceso de independencia juzgado en el Tribunal Supremo.

Una vez el presidente y los magistrados del tribunal de garantías decidan sobre la recusación, deberán abordar distintos recursos acumulados que están en el orden del día, entre ellos los presentados por Junqueras, Puigdemont o el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, contra autos dictados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el día de la sentencia que condenó a los líderes independentistas por perseguir la independencia de Cataluña.

‘Quorum’ de ocho magistrados

En caso de que las recusaciones salieran adelante -algo poco probable según trasladan fuentes del tribunal de garantías- el Pleno se quedaría sin el quorum de ocho magistrados o dos tercios que exige la ley para poder abordar algunos de los recursos (no todos) presentados por los independentistas, puesto que los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido ya están obligados a abstenerse en los asuntos relativos al procés por razones similares.

En el orden del día del Pleno de este 15 de diciembre también está previsto que se aborde un recurso de Ciudadanos contra el acuerdo de la Mesa del Parlament del 25 de septiembre de 2019, mediante el que se reclamó la amnistía para los independentistas condenados en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los magistrados abordarán igualmente el recurso de más de 50 diputados del Partido Popular contra el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat catalana creado el pasado julio para cubrir la fianza que reclama el Tribunal de Cuentas a los líderes independentistas por el gasto exterior del procés a través de las denominadas embajadas catalanas y el Diplocat.