"En todos estos años solo 80 familias han pedido la escolarización bilingüe en Cataluña". Es uno de los argumentos reiterados por el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, para argumentar que el conflicto lingüístico no está en las escuelas sino en los programas de PP, Cs y Vox. Pero los datos desmienten al conseller.

En la última semana, 50 familias se han dirigido a la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) para pedir la aplicación del 25% de las clases en castellano en las escuelas de sus hijos. «Desde el caso de Canet, la reacción no es de miedo, sino todo lo contrario» explicaba la presidenta de la AEB, Ana Losada.

El responsable jurídico de la entidad, José Domingo, confirma los datos. La Asamblea ha interpuesto unos cincuenta recursos ante la justicia para reclamar la aplicación de ese 25% desde que en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fijó ese porcentaje mínimo ante la falta de respuesta de la Generalitat, relata Domingo.

Procesos abiertos

De esos recursos, una decena están pendientes de sentencia. Unas sentencias sobre las que debería pesar la decisión del Tribunal Supremo, que hace un mes rechazó el recurso de la Generalitat contra la sentencia del TSJC que exige a la Generalitat la aplicación de ese mínimo en todos los colegios catalanes.

Las familias, por tanto, ya no deberían tener que acudir individualmente ante la justicia para exigir ese derecho. Pero el Govern de Pere Aragonès busca las vías para esquivar la ratificación del Supremo.

Desde que se fundó la AEB en 2014 "hemos asesorado a cientos de familias" relata Domingo. "Pero solo unas pocas de las que asesoras van al contencioso" explica el responsable jurídico de la Asamblea. El motivo: los costes sociales y emocionales que puede tener el proceso para las propias familias, como muestran los casos de Canet, Mataró o Castelldefels.

«Cuando intentas romper» el monolingüismo en algunos colegios «te montan este Ku Klux Klan de quita y pon» lamentaba estos días el padre de los niños de Mataró que sufrieron el primer escrache tras una sentencia favorable a aplicar el 25% en su colegio concertado. Finalmente abandonaron el centro, después de que desde el colegio se filtrar su identidad y los partidos y entidades independentistas se manifestaran contra ellos a las puertas del centro.

Domingo destaca además que antes de la primera sentencia del TSJC en la que se fijaba un mínimo de castellano en las aulas ya se habían interpuesto decenas de recursos en contra de la inmersión exclusiva en catalán. Una cincuentena más, señala, a título individual o con otras asociaciones.

Reforzar la Alta Inspección

Una de las claves que explica la facilidad con la que la Generalitat ha esquivado hasta ahora el cumplimiento de las sentencias en este sentido es la falta de recursos de la Alta Inspección Educativa. Una debilidad que el PP se ha propuesto corregir, con una proposición de ley registrada esta semana en el Congreso.

Con rango de ley y la jurisprudencia constitucional la inspección «podrá ser eficaz para que no haya ni adoctrinamiento, ni segregación lingüística, ni desobediencia de sentencias» aseguró el líder del PP, Pablo Casado, tras reunirse en Barcelona con las entidades que defienden la educación bilingüe.

De este modo, aseguró, se evitará la ineficacia de una Alta Inspección lastrada hasta ahora por «la falta de personal o la falta de rango».