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De la 'Perla Negra' al PP de Salamanca: los casos de corrupción que cercan a Alfonso Fernández Mañueco

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una rueda de prensa después de una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una rueda de prensa después de una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos EP

La idea de convocar elecciones anticipadas llevaba tiempo sobrevolando la mente de Alfonso Fernández Mañueco, pero el sobrevenido anuncio, que llegó incluso antes de que se celebrase el congreso del PP de Castilla y León -previsto para mediados de enero- pilló por sorpresa a propios y ajenos. El principal damnificado fue Ciudadanos, que no tardó en estallar contra la «deslealtad» y la «traición» de su socio de gobierno. Mañueco no informó de sus planes a su vicepresidente, Francisco Igea, que se enteró por un tuit cuando él estaba en directo en una entrevista radiofónica. «¿Qué cojones piensas de tu población? ¿Qué categoría humana tienes?», cargó el dirigente de Ciudadanos, perplejo ante lo ocurrido. El presidente del PP se defendió de los ataques advirtiendo de una operación oculta entre PSOE, Ciudadanos y el partido Por Ávila para sacar a los populares del Ejecutivo. «Era o moción de censura o elecciones», sostuvo.

La versión de Alfonso Fernández Mañueco, que defienden sin matices desde Génova, choca con la versión esgrimida por el resto de los grupos implicados. Tanto Francisco Igea como el resto de actores -PSOE y Por Ávila- desmienten pactos ocultos para organizar una moción de censura. En Ciudadanos advierten, además, que el acuerdo para sacar adelante los presupuestos autonómicos estaba prácticamente cerrado, y que Mañueco se había comprometido a no convocar elecciones tan sólo unas horas antes de hacerlo. Y advierten que, al margen de la propia aritmética electoral -el PP roza ahora la mayoría absoluta y ha cogido con la guardia baja a la España Vaciada, que amenazaba con robar votos de la bolsa de Mañueco- existe otra razón que subyace también en las prisas del barón popular: el ingente calendario judicial del presidente de Castilla y León, cercado por diferentes casos de corrupción que podrían haberle pasado factura en las urnas si hubiese esperado al mes de marzo para abrirlas.

El PP de Salamanca, imputado

A finales del pasado mes de noviembre, cuando Alfonso Fernández Mañueco negaba por activa y por pasiva estar pensando en elecciones, el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca, Juan Rollán, imputó como persona jurídica al PP de Salamanca y a varios miembros de la estructura popular -entre ellos al presidente, Francisco Javier Iglesias– por un presunto delito de financiación ilegal durante el proceso de primarias que celebró el partido en 2017, justo el proceso en el que Alfonso Fernández Mañueco -entonces alcalde de Salamanca- resultó elegido como candidato del PP a la Junta de Castilla y León.

El instructor investiga unas supuestas donaciones anónimas «ilegales» para pagar cuotas atrasadas de casi 5.000 afiliados con el objetivo de que estuviesen al corriente de pago y que pudiesen así participar en la votación de las primarias. La causa cifra en miles de euros los abonos «sin justificar», y recuerda que las donaciones anónimas a partidos políticos están terminantemente prohibidas por la ley. De los casi 62.000 euros de dudosa procedencia que investiga el juzgado, 41.490 euros fueron aportados por personal de confianza y simpatizantes del PP que «colaboraron voluntariamente en el pago de las cuotas de afiliados morosos», según consta en el auto recogido por Efe.

La versión que defienden en Ciudadanos es que el presidente Mañueco ha intentado por todos los medios no terminar salpicado por el escándalo de las primarias del PP de Salamanca, un proceso judicial que continuará en los próximos meses. Por lo pronto, tanto Francisco Javier Iglesias como la gerente del partido a nivel municipal, María Isabel Sánchez, están llamados a declarar en la víspera de Nochevieja.

El caso ‘Perla Negra’

Alfonso Fernández Mañueco disolvió Cortes este mismo lunes, de modo que las elecciones se celebrarán el domingo 13 de febrero. Sólo un mes después, en concreto el 14 de marzo, la Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo a 12 encausados por el caso de la ‘Perla Negra’ y que se prolongará previsiblemente hasta el 29 de abril de 2022, pese a que los hechos se remontan a la década de los 2000. La causa investiga la presunta construcción irregular de un edificio y de diferentes terrenos para la construcción del ‘Portillo’, un polígono industrial en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que terminó en fracaso.

Los cargos imputados, todos con vínculos con el Partido Popular, pertenecían a la cúpula de la entonces Consejería de Economía del gobierno que entonces dirigía Juan Vicente Herrera, entre ellos los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el ex consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán. Los hechos investigados van desde el presunto sobrecoste de varios millones de euros en la construcción del edificio ‘La Perla Negra’ hasta la confabulación de varios empresarios para proyectar la construcción antes de concurso público.

La ‘trama eólica’

Algunos de los procesados por el caso de la ‘Perla Negra’, como es el caso de Rafael Delgado, están también implicados en la tercera y última trama que salpica al PP de Alfonso Fernández Mañueco: la denominada ‘trama eólica’. Se trata de una causa que investiga la presunta concesión de licencias irregulares en la instalación de parques eólicos en Castilla y León y por la que la Fiscalía pide penas de hasta 138 años de prisión en total para los 16 implicados, entre ellos hasta cinco ex altos cargos del ejecutivo regional.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid dictó a finales del pasado mes de noviembre la apertura de juicio oral y la solicitud de fianzas que suman más de 800 millones de euros. El juez implica además a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiario, una causa por la que el PSOE ha exigido la dimisión inmediata del actual presidente de la Junta al calificar el caso como «la mayor trama de corrupción en Castilla y León».

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