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La obsesión por la seguridad de FG dificulta la acusación de la Fiscalía contra él

El expresidente del BBVA Francisco González niega haber ordenado contratar al comisario a su jefe de Seguridad, pero éste sostiene lo contrario | El juez tiene la posibilidad de ordenar un careo entre ambos para despejar la contradicción

El expresidente del BBVA, Francisco González.

Dos declaraciones apuntan claramente hacia él. Tanto el exconsejero delegado de BBVA Ángel Cano como el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, sostuvieron la semana pasada en la Audiencia Nacional que Francisco González (FG), expresidente del segundo banco del país durante su mandato, decidió y ordenó la contratación de la empresa Cenyt del comisario José Manuel Villarejo para que espiara a sus rivales cuando aún estaba en activo en la Policía. El poderoso agente realizó informes de inteligencia para BBVA entre 2004 y 2017 por los que cobró 10,2 millones de euros.

Corrochano declaró que fue FG quien le pidió «directamente» que recurriera a sus servicios. Pero los fiscales Anticorrupción tendrán difícil encontrar pruebas documentales de que los hechos ocurrieron así. Todas las cautelas a las que estaba acostumbrado el entonces presidente del BBVA para mantener la confidencialidad de los asuntos más delicados de la compañía son ahora un problema para los investigadores, que ven indicios de que fue él quien pidió que se contratara a Villarejo.

Los representantes de la Fiscalía Anticorrupción, antes de que Cano y Corrochano comparecieran, ya veían claro que el segundo habría «recibido directamente del entonces presidente del BBVA, Francisco González, el encargo de gestionar las contrataciones con Cenyt por sus vínculos personales con José Manuel Villarejo Pérez tras años como compañeros en el Cuerpo Nacional de Policía, a sabiendas de su condición policial en activo y de que sus servicios incluían el acceso a información reservada». También que «desde el primer contrato con Cenyt del 2 de diciembre de 2004 ya sería conocida por BBVA la naturaleza ilícita de las contrataciones». Así lo manifestaron en un informe incorporado a la pieza 9 o BBVA del caso Villarejo en noviembre de 2019, en el que consideraron que tanto FG como persona física, como el banco como persona jurídica, incurrieron en delitos de cohecho y revelación de secretos por recurrir a Villarejo, quien se valía, supuestamente, de sus relaciones en el Cuerpo para acceder a bases de datos confidenciales y entregar información protegida al banco.

Presumió de la ‘doctrina FG’ e implicó a Cano

Francisco González niega haber pedido a su jefe de Seguridad que contratara a Villarejo, de quien dijo: «No le conozco de nada». El expresidente del BBVA declaró ante el juez del caso Tándem Manuel García-Castellón el 18 de noviembre de 2019. En aquella comparecencia aseguró que la primera vez que vio al comisario fue en la famosa entrevista en televisión que le hizo Jordi Évole antes de su detención. «No vi el programa, pero fue un programa del que se habló mucho y aparecía un señor extraño, raro a mi juicio. Ahí empecé a saber un poco quién era este personaje», declaró FG en sede judicial.

No sólo se desvinculó de cualquier encargo al comisario, sino que implicó al exconsejero delegado del banco, su número dos Ángel Cano y a Corrochano: «Hubo una sensación dentro del grupo de que había un grupo de promotores que no pagaban al banco, de que nos estaban estafando, que estaban asaltando bienes. Se decide que se necesita una compañía de detectives, y ahí estaba otra vez Corrochano, para averiguar digamos dónde están esos bienes. Yo, eso sí conozco, no me acuerdo si en un comité o qué grupo de personas (lo decidió). Ahí estaba claramente el consejero delegado, estaría la parte de Legal, estaría probablemente la persona que llevaba España en aquel momento…Bueno, habría varias personas que están en esa decisión», dijo. En su reciente declaración, Cano negó haber participado en ningún comité o reunión para decidir la contratación de la empresa de Villarejo.

FG sostuvo ante el juez incluso que si alguien hubiera llegado a entregarle la documentación sobre empresarios de la competencia -como del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero- que la Fiscalía considera pretendía conseguir al contratar a Villarejo, le habría despedido «porque eso es ilegal». Así como presumió de que todo el mundo en el banco conocía sus límites contra maniobras ilegales. «Con todos los directivos, les decía de vez en cuando: ‘Cuidado con la doctrina FG’. Y la gente decía ‘sí presidente’. Lo recordaba con relativa frecuencia», afirmó ante el juez.

Obsesionado con los temas de Seguridad

La declaración de FG ante el juez no se corresponde con la información que trasladan fuentes internas del banco que trabajaron en la etapa en la que él lo presidió. Dichas fuentes explican a El Independiente que el carácter «desconfiado» de González le llevó a tener cierta «obsesión» con los asuntos de seguridad.

Llegó a tener, según cuentan, un teléfono encriptado y pocas veces mantenía reuniones sobre asuntos importantes con más de una persona, aquella que eligiera para cada encomendado. Esas cautelas, así como su negativa a dejar prácticamente nada por escrito, dificultarán que los fiscales encuentren pruebas directas de su conocimiento, si es que lo tuvo, de los encargos a Villarejo.

Dos jueces distintos

Las versiones de FG ante el juez García-Castellón y de Cano y Corrochano ante su sustituto en el Juzgado Central 6, Joaquín Gadea, son claramente contradictorias.

La semana pasada, el juez Gadea ordenó a la Policía un último registro en el domicilio de Corrochano después de que declarase en el Juzgado. En caso de que el instructor no encuentre nuevos indicios reveladores, tiene la posibilidad de recurrir al careo -declaración conjunta de los investigados que incurran en una clara contradicción- para ver qué versión de los hechos le parece más veraz, si la de Corrochano o la de FG. García-Castellón ya practicó esta inusual diligencia en la pieza Kitchen del caso Villarejo, cuando sentó a declarar uno junto a otro al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a su número dos, Francisco Martínez, por las contradicciones en las que ambos incurrieron sobre el conocimiento que tenían de que el chófer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, fuera confidente de la Policía.

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