El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, a quien se retiró el escaño en el Congreso de los Diputados después de condenarle el Tribunal Supremo a un mes y quince días de prisión (sustituida por una multa de 540 euros) y el mismo tiempo de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de retirarle el escaño después de la publicación de dicha sentencia.

En el recurso de amparo presentado este martes por su defensa y al que ha tenido acceso El Independiente se expone que la decisión de la presidenta de la Cámara ha vulnerado hasta siete derechos fundamentales del recurrente y que "todas las vulneraciones de derechos fundamentales que se denuncian son imputables a la Excma. Sra. Batet i Lamaña como Presidenta del Congreso de los Diputados" por tomar la "lesiva" decisión.

Los abogados de Rodríguez, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, piden al tribunal de garantías que adopte la medida cautelar urgente de dejar en suspenso dicha decisión por el "grave daño irreparable que al propio recurrente y a terceros provocaría" su mantenimiento y pueda volver así al Congreso.

"Creó una pena sin competencias"

El exdiputado, que decidió dejar la política después de la retirada de su escaño y ha vuelto a su trabajo en una refinería en La Laguna (Tenerife), traslada en el escrito a través de sus abogados que la pena "creada" por Batet es "claramente mucho más lesiva que la impuesta por el Tribunal Supremo, tanto en sus efectos como en su duración" y se adoptó "sin seguir ningún tipo de procedimiento previamente establecido y por quien no tiene competencias para ello".

Considera que la decisión se tomó en contra del criterio de los letrados del Congreso que en un primer informe -antes de que que Batet pidiera opinión al Supremo contestando éste que no está entre sus funciones asesorar a las Cámaras- concluyeron que el diputado podía seguir en su escaño a pesar de la sentencia.

La defensa de Rodríguez considera infringidos los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 9.3, 14, 16, 21, 23, 24 y 25 de la Constitución, en relación con los demás preceptos aplicables de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales (de ahora en adelante CEDF) y del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (de ahora en adelante CEDH), en los
términos que se dirá a lo largo del recurso de amparo. A su vez, se estima también infringido el artículo 3 del Protocolo n.º 1, así como, singularmente, el
artículo 1 del Protocolo n.º 12 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en relación con los
artículos 11 y 17 de dicho Convenio, así como, entre otros, los artículos 12, 49, 50 y 54 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, "derechos todos estos de directa aplicación".

"Revertir esta cadena de cacicadas arbitrarias"

Junto a la presentación del recurso, Rodríguez ha hecho público un comunicado en el que afirma que "anuncié que iba a llegar hasta el final, con el objetivo de revertir esta cadena de cacicadas arbitrarias y eso estoy haciendo sin descanso".

Anuncia que "no será el último (recurso) que presente y como ya he anunciado en ocasiones anteriores, si en el entramado judicial del Estado Español no hay margen de protección de los derechos democráticos de una parte importante de la ciudadanía canaria, acudiré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No pararé hasta que se haga justicia. Esta batalla es desigual, evidentemente no cuento con los ingentes recursos de la otra parte, pero tengo algo que no pueden comprar ni con todo el oro del mundo: La solidaridad de miles de personas que han expresado públicamente su indignación ante este atropello".