El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado, por 15 votos frente a seis, la propuesta de informe que respalda el anteproyecto de la ley de vivienda, ponencia del vocal propuesto por el PSOE, Álvaro Cuesta.

El borrador de Cuesta ya advertía de que el proyecto de ley de los partidos del Gobierno PSOE y Podemos –que tiene como medida estrella el límite del alquiler en las zonas «tensionadas»– contiene «imprecisiones e inconcreciones» que hacen difícil ver si las medidas se ajustarán a derecho.

Choca con las competencias de las CCAA

Pero esas pegas no fueron suficientes para la mayoría de vocales del consejo de jueces, donde ha surgido un intenso debate alrededor del asunto porque consideran que dicha ley choca con la competencias que tienen las Comunidades Autonómicas en Vivienda, según el artículo 148 de la Constitución Española. Por este y otros motivos ven que podría generar una situación de derecho contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Así, el Pleno del CGPJ ha acordado hoy por mayoría designar nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero (conservador) y Enrique Lucas (progresista) para debatir el nuevo texto en el Pleno del próximo día 27 de enero.

Precisamente el rechazo al primer informe se ha unificado en el apoyo de la mayoría a la enmienda a la totalidad que ha presentado el vocal propuesto por el PNV Enrique Lucas, quien ha destacado esa colisión de la ley con las competencias de las autonomías.

El autor de la enmienda advierte de que la propuesta de informe rechazada
parte de una idea errónea, cual es que el artículo 47 de la Constitución, que
garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y
adecuada, “tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que,
por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede
proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y
dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede
dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de
tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria
de cada una de ellas”. El texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del informe deben ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”.

Los vocales contrarios a las conclusiones de Cuesta rechazan que el Estado tenga competencia para aprobar una Ley con ese contenido, y tienen más discrepancias, como que se califique el derecho a la vivienda como un «derecho subjetivo».

El informe no paraliza los trámites

El informe que apruebe finalmente el Pleno será preceptivo, pero no vinculante para que el Gobierno ponga en marcha la ley, que tenía previsto aprobar el próximo martes tras el Consejo de Ministros. Los trámites, de hecho, pueden continuar sin el informe final del CGPJ, aunque los vocales lo presentarán igualmente, como es su obligación.