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La alcaldesa socialista de Alcorcón descarta dimitir pese a la condena por inhabilitación

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés.

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés. EP

No habrá dimisión porque se trata de una inhabilitación «mercantil», y no «política». La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), se ha defendido de las críticas vertidas por la oposición y de la falta de un respaldo tácito de parte de los socialistas madrileños tras confirmarse este martes una condena de 5 años de inhabilitación por administrar bienes ajenos de titularidad pública y privada, cuyas acciones llevaron a la quiebra a la empresa municipal de vivienda de Alcorcón (Emgiasa). «Esta condena no puede implicar mi dimisión como alcaldesa en ningún caso, porque afecta única y estrictamente al ámbito mercantil», se ha defendido la regidora este miércoles en una rueda de prensa telemática.

Un auténtico terremoto político sacudió ayer a la localidad madrileña, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid confirmase una sentencia judicial que sitúa a la actual regidora como responsable subsidiaria de llevar a la quiebra a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores. La condena, no obstante, salpica a otros ocho cargos de PSOE e Izquierda Unida, entre ellos el ex alcalde socialista de la localidad, Enrique Cascallana, inhabilitado para administrar bienes públicos 10 años.

«No tengan ninguna duda de que si la sentencia hubiese indicado que tengo que dimitir como cargo público, no habría dudas al respecto. Pero no es así. (…). Habrá gobierno en Alcorcón hasta 2023», se reafirmaba Natalia de Andrés. Hace meses, la regidora advirtió que no dejaría su cargo al frente de la localidad madrileña «por muy desfavorable» que fuese la condena porque, insistió, no afecta a su «actividad política».

La socialista ya ha avanzado que recurrirá la sentencia porque «no se ajusta a los hechos». Según su versión, ni ella ni los cargos políticos implicados confeccionaban la contabilidad de la empresa pública porque «los políticos no debemos interceder en esas cuestiones», unas explicaciones que, asegura, convence a sus socios de gobierno, al resto de compañeros de partido en la Comunidad de Madrid y al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato.

La oposición, por su parte, insiste en pedir la cabeza de la regidora de Alcorcón. En esa línea se expresó la actual secretaría general de los populares madrileños, Ana Camins, que hizo alusión en redes sociales a cómo «las alcaldías socialistas del sur de Madrid están plagadas de alcaldes investigados, inhabilitados y sentenciados». La dirigente hacía alusión velada al controvertido caso de la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, imputada por malversación y prevaricación continuada y con una ristra de escándalos por nepotismo a sus espaldas por los que tampoco dimitió.

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