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Borràs impone el "155 parlamentario" para escenificar la resistencia a la JEC sin incurrir en desobediencia

Laura Borràs pide paralizar la actividad del Parlament EFE/Marta Pérez

«Laura Borrás propone que el Parlament se aplique a sí mismo un 155… esto sí que es astucia», ironizaba este martes el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. Respondía así a la propuesta de la presidenta del Parlament de «paralizar» la actividad de la cámara como protesta por la inhabilitación del diputado de la CUP Pau Juvillà. Una propuesta que rechazaron todos los partidos de la oposición y que Vox ha amenazado ya con llevar ante la justicia.

El objetivo de Borràs: dejar sin efecto la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que el pasado viernes dictó la resolución que anula el acta de diputado de Juvillà y emitió la credencial como diputada de su sustituta, Nogay Ndiaye, siguiente en la lista de la CUP. O por lo menos ganar tiempo, sin incurrir en las responsabilidades legales de las que le advirtió la JEC.

Con la suspensión de la actividad Borràs, y el conjunto del independentismo, pretenden ganar tiempo hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos y la petición de cautelares pedidas tanto por el propio Juvillà como por la cámara. Sin comisiones ni pleno, no habrá ocasión para que Juvillà ejerza su voto tras el dictamen de la JEC, ni Borràs tendrá que impedírselo.

Esa era la intención inicial de la presidenta de la cámara, aunque finalmente tuvo que conformarse con pedir el boicot a la celebración de comisiones por lo menos hasta que el jueves se reúna la Comisión del Estatuto del Diputado y vote una nueva resolución en favor de Juvillà.

Relevo en la Mesa

Otro de los elementos de conflicto directo con la resolución de la JEC es la participación de Juvillà en la Mesa del Parlament. Un frente que este martes ha cerrado la propia CUP al anunciar el relevo del diputado por Lleida por Carles Riera, que los sustituirá como secretario tercero de la Mesa. El motivo, la delicada situación de salud de Juvillà.

Fue el mismo diputado el que anunció en redes este lunes que atraviesa problemas de salud que le obligan a postergar su trabajo parlamentario. Pero dejó claro que eso no representa renunciar a su acta como diputado.

Sin embargo, los servicios jurídicos del Parlament dan por perdida el acta de diputado de Juvillà. Así se lo habría transmitido la secretaria general del Parlament, Ester Andreu -verbalmente-, el pasado viernes. Andreu le advirtió de que ni él ni su asesora, la exdiputada Maria Sirvent, cobrarán la nómina de febrero, aunque el Parlament ha evitado confirmar formalmente este extremo.

Por tanto, lo cierto es que la inhabilitación de Juvillà ha sido más rápida que la de Quim Torra, pese a los anuncios de resistencia de Borràs. En enero de 2020 la inhabilitación del president provocó un cisma entre JxCat y ERC cuando los republicanos se negaron a llevar hasta el final la desobediencia a la JEC. Pero Torrent alargó el proceso durante una semana a la espera de la decisión del Tribunal Supremo. Ahora, la Junta Electoral ha cortado esa vía con la resolución dictada el pasado viernes.

El precedente de cierre parlamentario

Pero Borràs no es la primera que paraliza la actividad parlamentaria para burlar una inhabilitación. Ya lo hizo Roger Torrent en verano de 2018, cuando republicanos y JxCat se enfrentaban por la delegación de voto de Carles Puigdemont. En julio, el juez instructor del procés, Pablo Llarena, suspendió las actas de diputados de todos los procesados por el 1-O en aplicación de la Lecrim.

Una suspensión que provocó el segundo frente abierto entre los socios de Govern y llevó a Torrent a aplazar la actividad parlamentaria durante todo el mes de septiembre, hasta que finalmente pactaron una resolución que fue votada por JxCat y ERC, aunque cada partido entendió cosas distintas.

Torrent suspendió el último pleno previsto del periodo de sesiones, el 18 de julio, y se negó a convocar a la cámara durante todo septiembre, posponiendo el siguiente periodo de sesiones hasta la celebración del Debate de política general, la primera semana de octubre. El motivo, JxCat se negaba a renunciar al voto delegado de Puigdemont, y Torrent no quería incurrir en desobediencia ante el Tribunal Supremo para defenderlo.

El Parlament pasó 76 días sin celebrar plenos ni hacer votaciones, para evitar que las decisiones aprobadas fueran impugnadas por el uso de votos no validos, los de los procesados por el 1-O.

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