La suspensión del sueldo a Carles Puigdemont y el resto de los diputados procesados por rebelión por su participación en el 1-O ha reabierto la herida entre JxCat y ERC en el Parlament. Una herida que partidos y Govern aseguraban haber cerrado el lunes, tras la batalla escenificada la semana pasada, que obligó a suspender el último pleno del periodo de sesiones.

Hoy la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha reconocido que Puigdemont, como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Toni Comin, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, han dejado de recibir el sueldo de diputados desde que el pasado 13 de julio el Parlament recibió la comunicación oficial del auto de suspensión dictado por el juez Pablo Llarena. Y la portavoz de JxCat, Gemma Geis, se ha apresurado a advertir que la decisión se ha tomado sin su consentimiento.

Poco después, fuentes de la Presidencia del Parlament -es decir, próximas al republicano Roger Torrent- advertían que la suspensión de sueldo de los diputados y las consecuencias que se derivan «no cuentan con el aval político de la Mesa».

«Es una decisión de los servicios de la cámara» añaden, señalando a la auditora general del Parlament, responsable de la gestión económica de la cámara. «La decisión es de carácter técnico» añaden, y apelan a «buscar fórmulas para preservar los derechos de los diputados, siempre de acuerdo con la voluntad de los presos».

Advertencia de JxCat

Previamente, Geis había reclamado «un acuerdo» que revierta la decisión adoptada por los servicios de la cámara, que de hecho supone la admisión de facto de la suspensión dictada por el Tribunal Supremo, pese a los discursos de la mayoría independentista.

Geis ha apuntado a un acuerdo de la Mesa o de la Comisión del Estatuto del Diputado que luego apruebe el pleno, aunque ha señalado que se enteraron el lunes de la situación y que «no hay acuerdo» sobre cómo actuar.

De hecho, la CUP ya ha pedido a la Mesa tratar la suspensión de los diputados en dicha Comisión, pero que ésta no se puede reunir hasta que se renueve su Presidencia, que al inicio de la legislatura ocupaba el ahora presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que pasará a ocupar la alcaldesa de Girona y diputada, Marta Madrenas.

La cuestión, ha dicho Geis, se está negociando y la decisión final tendrá en cuenta la posición de los diputados afectados «y la de sus abogados», que piensan respetar, por lo que no ha querido avanzar por qué opción se decanta su grupo.

«Defenderemos los derechos políticos de nuestros diputados y, en relación con estas retribuciones, haremos todo lo que esté en nuestras manos para revertir esta situación», ha añadido la diputada, que ha asegurado que no se trata de una cuestión económica.

Parlament bloqueado

El enfrentamiento por cómo aplicar la suspensión dictada por el Tribunal Supremo en aplicación de la LeCrim ha provocado el bloqueo del Parlament, cuya junta de portavoces ha acordado hoy, con los votos de la mayoría independentista, no celebrar ningún nuevo pleno hasta el 2 de octubre. Será entonces cuando Quim Torra se enfrente a su primer debate de política general, coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

JxCat y ERC están enfrentadas por la negativa de los primeros a aceptar la fórmula de sustitución temporal pactada por ERC con PSC e ICV para que los diputados suspendidos sean sustituidos por otros diputados de su grupo, de modo que se mantiene en la práctica la delegación de voto, pero acatando el auto de Llarena.