La CUP planta a Aragonés por la detención de cuatro activistas antidesahucios

La CUP también planta al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que hoy debía empezar su anunciada ronda con partidos y entidades indepedentistas para fijar el nuevo rumbo de la secesión. Los antisistema han anunciado que no acudirán a la convocatoria apenas una hora antes de su cita con el president en el Palau de la Generalitat.

El motivo: la detención de cuatro activistas por los enfrentamientos con los mossos en un desahucio en Barcelona el pasado mayo. El viernes, el presidente de Aragón, Javier Lambán, también plantó a Aragonès por sus diferencias sobre la candidatura de los Pirineos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030.

Aragonès debía reunirse con los líderes de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater y Eulàlia Reguant, pero los antisistema han anunciado esta mañana que "ante las detenciones efectuadas por los Mossos" no asistirán al encuentro. La CUP expresa además su "rechazo a la represión contra el movimiento por la vivienda", que acumula más de 200.000 euros en multas según el partido antisistema.

El Govern "no puede seguir tratando la emergencia habitacional como un problema de orden público" añaden, señalando una vez más la participación de los mossos en los desalojos. Pero más allá de las detenciones de este miércoles, la CUP advierte de que "no comparten el enfoque de la legislatura" del gobierno de ERC y JxCat y recuerda que "llegamos a unos compromisos de mínimos" sobre vivienda "que no solo no se están cumpliendo sino que va en dirección contraria".

Desahucio polémico

Las detenciones realizadas por los mossos corresponden a los disturbios provocados por un desahucio el pasado mes de mayo, el primero bajo presidencia de Aragonès, que abrió la primera brecha entre ERC y los antisistema. Tanto, que la CUP lideró la ocupación de la sede republicana tras los enfrentamientos con la policía en el desalojo del Bloc Llavors, en el barrio del Poble Sec de Barcelona.

Se trataba del desalojo de tres activistas del Sindicato de vivienda del Raval que rechazaban abandonar la vivienda ocupada pese a que el  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rechazó la declaración de vulnerabilidad que les otorgó el Ayuntamiento de Barcelona.

El Superior de Justicia señaló en su comunicado que la persona identificada como ocupa del inmueble que solicitaba ser considerada vulnerable "tiene 28 años de edad, no tiene problemas de salud y tiene apoyo familiar (padres y una abuela) que le dan soporte económico y pueden ofrecerle un lugar para vivir".