España PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Interior compra con fondos europeos equipos para juicios telemáticos en Policía, Guardia Civil y prisiones

La partida para la adquisición de los aparatos de videoconferencia asciende a seis millones y ayudará a la transformación digital del servicio de Justicia | Esta solución tecnológica permitirá la toma de declaraciones a funcionarios, detenidos, testigos y presos

Policías trasladan a declarar a un detenido a un juzgado de Santander.

Una pareja de policías nacionales traslada a un detenido a un juzgado de Santander. EP

El Ministerio del Interior va a destinar una parte de los fondos europeos que gestionará con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia a la compra de equipos de videoconferencia para juicios telemáticos en la Policía Nacional, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. La cuantía de la partida reservada para la adquisición de estas soluciones tecnológicas es de seis millones de euros.

La actuación se enmarca en el programa con el que se busca reducir los costes generales de funcionamiento de la Administración de Justicia mediante su transformación digital y la transición ecológica de algunas de sus sedes. El objetivo es cambiar este servicio público para los próximos 50 años con el dinero que está enviando Bruselas para impulsar la salida a la crisis provocada por la pandemia de la covid-19.

Bajo esta premisa, el Ministerio de Justicia transfirió el pasado año a Interior un crédito de nueve millones de euros, de los que seis se emplearán en la compra de equipos de videoconferencia. La finalidad es que la Policía Nacional, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias puedan «llevar a cabo cabo los juicios y la presentación/declaración de funcionarios, detenidos, testigos o internos (en su correspondiente ámbito) en formato telemático», según detalla Justicia en la respuesta ofrecida a una solicitud de información tramitada a través del Portal de la Transparencia.

Los equipos de videoconferencia se utilizarán para las declaraciones de funcionarios, presos, testigos y detenidos

Los seis millones se desglosan de la siguiente manera: 2,4 millones tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Civil y 1,2 millones para el departamento que gestiona las prisiones del Estado (todas excepto las catalanas y vascas, donde están transferidas las competencias). El proceso de licitación para la adquisición se inició a finales del pasado año.

En la Plataforma de Contratación del Sector Público figuran cuatro anuncios para la compra de más de 895 equipos de videoconferencia (en uno no se detalla el número), ascendiendo el presupuesto máximo de licitación a 4.834.707,67 euros (impuestos excluidos). El periodo de presentación de ofertas oscilaba entre el 26 de noviembre y el 16 de diciembre, sin que se haya publicado aún ningún anuncio de adjudicación: siguen apareciendo en estado de «evaluación».

Los otros tres millones hasta alcanzar los nueve transferidos se emplearán en habilitar una plataforma de intercambio de evidencias digitales entre los ministerios de Interior y Justicia. El objetivo es «permitir no sólo un intercambio electrónico de información, sino también que dicha información esté orientada al dato, con posibilidad de hacer tramitaciones automáticas o proactivas».

Plataforma de evidencias digitales

De momento, tan sólo se ha publicado la licitación del suministro de hardware para dicha plataforma de intercambio de evidencias digitales en el ámbito de la Dirección General de la Policía. Con un presupuesto tope de 1.239.669,42 euros (más impuestos), este contrato no consta aún como adjudicado. La presentación de propuestas expiró también el 16 de diciembre pasado y sigue «en evaluación».

Al margen del citado programa ‘110A Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia’, el Ministerio del Interior gestionó el pasado año otro programa (codificado como ‘130A. Seguridad Ciudadana’) dotado con un crédito de 12.250.000 euros, de los cuales 6.250.000 de euros se destinaron a sufragar actuaciones en materia de identidad digital por parte de la Policía Nacional. «Actividades tales como la implementación del DNIe, actualización de la aplicación de expedición del DNI, implementación del nuevo sistema de infraestructura de clave pública, o automatización de la configuración de smartcard que permitiera garantizar la seguridad en la emisión del DNI y pasaporte, entre otros», justifica la Subsecretaría de Interior.

La aplicación de expedición del documento de identidad tiene una antigüedad de más de 15 años, de ahí que -explican- se requiera una «reingeniería completa tanto en el ámbito tecnológico (hardware y software), como en el funcional». También una actualización de todo el software de control de periféricos, actualmente en tecnología Active-X.

En paralelo, el Estado busca también que el ciudadano -mediante una App de descarga gratuita- pueda acreditar su filiación, domicilio, firma manuscrita y vigencia del documento nacional de identidad a través del teléfono móvil. «Del mismo modo, facilitará la interacción con entidades públicas y privadas, al certificar electrónicamente y de forma indubitada la identidad de la persona», describe el programa. La intención es que sirva también como mecanismo para emitir avisos en el ámbito de la Dirección General de la Policía, como advertir de la caducidad del DNI, hacer la pre-denuncia de una sustracción o pérdida o solicitar una cita.

Los otros seis millones restantes del programa ‘130A. Seguridad Ciudadana’ procedían de una transferencia realizada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para financiar el despliegue del Sistema de Alertas Públicas de la Red de Alerta Nacional -conocido como ‘Proyecto RAN-PWS’- en el ámbito de la Dirección General del Protección Civil. La adjudicataria de este encargo ha sido la empresa SIA, perteneciente al Grupo Indra.

Según informó el Ministerio del Interior el pasado 7 de octubre cuando firmó el contrato, esta tecnología permitirá a las autoridades de Protección Civil -por medio de telefonía móvil- el envío generalizado de alertas a las personas que se encuentren en zonas afectadas por emergencias o catástrofes inminentes o en curso, facilitando «una respuesta mucho más rápida ante situaciones de especial gravedad».

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