Los mensajes telefónicos presentados por la líder de Más Madrid, Mónica García, a la Fiscalía Anticorrupción, como prueba del presunto beneficio económico de Isabel Díaz Ayuso a su entorno personal, coincide con el documento publicado por el diario El Mundo este lunes. Una nota redactada a ordenador y de folio y medio de extensión que, según apunta el periódico, llegó a Génova hace siete meses; cuando nadie avistaba la crisis que se aproximaba en el seno del PP.

Ese texto, apuntaba que el gobierno de la Comunidad de Madrid había concedido discrecionalmente un contrato público para adquirir material sanitario a un amigo de Ayuso. Además, su hermano, Tomás Díaz Ayuso, se habría llevado una sustanciosa comisión por actuar de intermediario.

"En el peor momento de la pandemia, en abril de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato (Expediente A-SUM-011335-2020) para mascarillas y EPIs (Equipos de Protección Individual) para el hospital de IFEMA. Fue a la empresa Priviet Sportive SL, de Daniel Alcázar, amigo de Isabel Díaz Ayuso de Sotillo de la Adrada (Ávila), que se dedica al calzado y a la confección, pero que días antes cambió su CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) para poder vender material sanitario", asevera al inicio el documento recibido por Pablo Casado y Teodoro García Egea.

El escrito continúa expresando que "el empresario transfirió 300.000 euros a la cuenta de Tomás Díaz Ayuso en dos transferencias con el concepto 'intermediación Comunidad de Madrid'". Y añade que se trata de "una intermediación por el contrato público ya sería delictivo por corrupción entre particulares". "Pero lo grave", dice, "es que el monto de la transferencia -25% en total- revela que el empresario es un testaferro de Ayuso".

Por último, señala que "están tratando de ocultar las pruebas fabricando facturas falsas para justificar los pagos a Tomás. Pero las transferencias no dejan lugar a dudas. Los movimientos de cuentas demuestran la trama corrupta y el enriquecimiento de personas".

La totalidad del texto, que llegó a finales del año pasado a manos del PP, coincide con los SMS adjuntados en la denuncia del grupo político madrileño el 18 de febrero; un día después de que saltara el escándalo y la oposición de la Asamblea de Madrid -PSOE y Unidas Podemos- presentase sendas denuncias ante la Fiscalía. García, recibió el 7 de noviembre un total de once mensajes en su móvil, que la alertaba del contrato de un millón y medio de euros en mascarillas FFP2 establecido por la comunidad.

Esta información saca a relucir que, tanto la fuente anónima de la dirección popular como la del partido madrileño, sería la misma.