Se llama Omar Antonio Guevara Barrios y es uno de los cien fugitivos más buscados por la Policía Nacional de Panamá. Está acusado de desfalcar a España al menos cinco millones de euros en fondos para cooperación en el país centroamericano mediante un depurado sistema de falsificación de firmas y estados bancarios que logró mantener en el tiempo sin que sonaran las alarmas. La justicia local espera desde hace dos años su detención para ajustar cuentas con él.

A Guevara Barrios se le perdió el rastro hace dos años, poco antes de que se declarara la pandemia del coronavirus. Empleado de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Panamá de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) -dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación- desde 1992, dejó de acudir a su puesto de trabajo sin explicación en febrero de 2020 y se descubrió el pastel. Se quitó de en medio cuando sabía que se iba a destapar el pufo. Huyó y desde entonces no se sabe dónde está.

El entonces coordinador general de la cooperación española en Panamá, Carlos Cano Corcuera, se identificó como la persona que había «descubierto y denunciado» este desfalco millonario. Lo hizo en un mensaje enviado meses después a compañeros destacados en otros países del mundo -cuyo contenido desveló Vozpopuli– y en el que vinculaba el paso que había dado con la decisión de la Secretaría Estado de Comunicación de no renovarle el contrato a menos de dos años de jubilarse. El 31 de julio de 2020, el ministerio dirigido entonces por Arancha González Laya prescindió de sus servicios a causa de estos hechos.

La Policía panameña busca desde hace dos años a Omar Guevara por el desfalco millonario en la oficina española de cooperación

«En su condición de coordinador de la oficina técnica de cooperación fue designado cajero-pagador de la OTC y tenía, por tanto, las funciones y responsabilidades asociadas a esta designación. La decisión de no renovar el contrato obedece a un juicio de oportunidad realizado por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional junto a la dirección de la Aecid», contestó el Gobierno en respuesta a la pregunta escrita con la que las diputadas de Ciudadanos Sara Giménez Giménez y Marta Martín Llaguno querían conocer las razones por las que Carlos Cano no había continuado en su puesto.

Formalmente, Omar Antonio Guevara Barrios está prófugo de la justicia desde el 2 de abril de 2020, cuando la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria de Panamá dictó una «orden de aprehensión y conducción» contra él como posible autor de un delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza. La Aecid presentó querella el 11 de junio de 2020, semanas después de contratar los servicios del bufete local FDR Legal Advice & Consulting para que dirigiera la acusación en su nombre. Este despacho ha excusado hablar con este diario invocando razones de confidencialidad.

Fuentes conocedoras de la investigación han confirmado a El Independiente que Guevara Barrios continúa huido y que el caso acumula ya cuatro imputados, colaboradores del cabecilla y ajenos a la oficina técnica de cooperación sobre los que pesan medidas cautelares. Ello alimenta la tesis de la Fiscalía de que se trata de un caso de crimen financiero organizado, declarado ya complejo por el juez de garantías a fin de disponer de más tiempo para llevar a cabo la instrucción. Dos años después de que se iniciaran las pesquisas quedan muchas incógnitas por despejar, entre ellas la cuantía real de la que logró apoderarse el fugado falsificando las firmas de su superior y manipulando los extractos bancarios.

Contratado desde 1992

Cuando el 2 de marzo de 2021 compareció en el Congreso de los Diputados la entonces secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau cifró en al menos cinco millones de euros el montante del desfalco provocado por Guevara Barrios en diez años. Teniendo en cuenta que la vinculación laboral de este empleado con la oficina de la Aecid en Panamá se prolongó durante casi tres décadas, no se descarta que el cálculo ofrecido en sede parlamentaria por la hoy número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores termine siendo mucho mayor.

Junto con la contratación de los citados abogados penalistas panameños, la dirección de la Aecid formalizó el pasado 7 de octubre la contratación de Rosse Mary Flores Quinteros para que realizara una auditoría financiera en la oficina técnica de cooperación con un coste de 38.816,19 euros. El plazo de ejecución del trabajo era de 90 días, por lo que ya ha debido de concluir. No han trascendido los resultados que ha arrojado este encargo, de los que el ministerio ha eludido dar detalles.

Este diario solicitó una copia de dicho informe a través del Portal de la Transparencia, pero la solicitud ha sido inadmitida. El director de la Aecid, Antonio Lois, ha invocado genéricamente uno de los límites que prevé la ley para limitar el derecho de acceso -concretamente el relativo a «la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios»- pero sin motivar suficientemente por qué dicha causa concurre en este caso concreto. La respuesta ya ha sido recurrida ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que tendrá que pronunciarse en los próximos meses para determinar si avala la actuación de la Administración o si insta a ésta a facilitar el documento que se ha negado a proporcionara.

El caso acumula ya cuatro imputados, colaboradores del huido y sobre los que pesan medidas cautelares

La interposición de la querella y la realización de una auditoría financiera para conocer el alcance real de la apropiación indebida cometida por Omar Antonio Guevara Barrios no son los únicos pasos que ha dado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación. En marzo de 2020 envió a Panamá a la Inspección General de Servicios y la División de Control y Mejora de la Gestión, órgano éste que elaboró un informe que se puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas el 8 de junio de 2020.

El máximo organismo fiscalizador del sector público tendrá que decretar si existe responsabilidad contable por alcance y, en ese caso, quién o quiénes deben responder por ello. Fuentes del Tribunal de Cuentas han indicado que se abrió diligencia preliminar y se turnó al departamento primero de enjuiciamiento, donde se encuentra en fase de tramitación en actuaciones previas.

En septiembre de 2020, en la respuesta a la citada pregunta parlamentaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores no garantizó que se pueda reintegrar el dinero sustraído. «La potencial recuperación de los fondos desfalcados dependerá de la eventual detención, enjuiciamiento y sentencia del presunto autor del desfalco, todavía hoy en paradero desconocido», admitió. En este tiempo ha tenido contactos permanentes con el Gobierno panameño a fin de que se esclarezca el caso y se depuren las responsabilidades penales.

En dicha respuesta, el Ejecutivo informó de que la Aecid iba a «reforzar las medidas de control interno» a fin de «prevenir estas prácticas». Entre otras determinaciones citó la realización de circularizaciones bancarias trimestrales de todas las cuentas de titularidad de las unidades de cooperación en el exterior y de arqueos de caja sorpresivos con periodicidad aleatoria; ofrecer mayor formación en gestión económica y presupuestaria de los directivos/cajeros-pagadores, así como llevar a cabo inspecciones regulares y extraordinarias en las citadas unidades por personal de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las consecuencias del desfalco

El Gobierno ha reconocido que el agujero provocado por Omar Antonio Guevara ha afectado a los planes de cooperación que España viene desarrollando en el país centroamericano. En concreto, los fondos detraídos se iban a destinar al denominado ‘Programa de agua potable y saneamiento en áreas rural e indígena de Panamá’, una iniciativa cuya ejecución se inició el 20 de diciembre de 2014 y que debía terminar el 19 de diciembre de 2020 tras contar con un presupuesto de 10,35 millones de euros.

Centrada en la comarca de Ngäbe-Buglé, la intervención consistía en la mejora de la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y saneamiento en zonas del oeste del país consideradas prioritarias por el Ministerio de Salud, mejorando las condiciones de unas 19.300 personas. «La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está haciendo el máximo esfuerzo para reponer los fondos de la manera más urgente posible para no perjudicar a los beneficiarios», contestó en septiembre de 2020 a una pregunta presentada por el grupo de Vox.

Han pasado ya más de dos años desde que Guevara Barrios dejó de acudir a la oficina ubicada en la zona residencial de Clayton, en las cercanías del Canal de Panamá y donde Estados Unidos tuvo una base militar que cerró en 1999. Su cara figura en los carteles como uno de los fugitivos más buscados de Panamá, pero la policía sigue sin poder atraparlo para sentarlo delante del juez. Su rastro se pierde en febrero de 2020, justo cuando el coronavirus empezaba a extenderse por todo el mundo.