El Comité de Dirección del PP abordará este lunes, en un nuevo encuentro en la sede nacional de Génova, el presunto caso de espionaje por parte de agencias vinculadas al Estado a más de sesenta y cinco miembros del independentismo catalán, entre políticos, entidades, periodistas y abogados, y, concretamente, a los líderes del procés con el malware israelí Pegasus. En ese sentido, los populares estudiarán solicitar a la Mesa del Congreso de los Diputados, en la Junta de Portavoces del martes, la constitución de la comisión parlamentaria de acceso a los secretos oficiales esta semana.

Fuentes de la directiva del PP afirman a El Independiente que hay una notable preocupación en las filas del partido por la posibilidad de que el Gobierno, como supuestamente se está investigando, les pueda haber estado vigilado con fines políticos también. Por ello, la cúpula nacional se sumará a la exigencia hecha por los partidos independentistas este domingo, ya aceptada por el PSOE, para que se convoque el acceso a los secretos oficiales, que requiere de 210 votos a favor.

A cambio de que el partido mayoritario del Gobierno actúe con celeridad, y ante la posible fragmentación del bloque de investidura para darle salida este jueves, el PP plantea promover la convalidación del real decreto de medidas 'anticrisis' elaborado por Moncloa en respuesta a la situación económica derivada de la guerra en Ucrania, la alta inflación y la escalada de precios.

Antes de la reunión con su homóloga catalana, la 'segunda' de Pere Aragonès, Laura Vilagrà, y de que el ministro de la Presidencia Félix Bolaños anunciase el compromiso de constituir de forma "inmediata" dicha comisión, el apoyo del PP a la creación del organismo de secretos oficiales hecha por las fuerzas parlamentarias secesionistas afectadas -ERC, Junts, el PDeCAT o la CUP, con el respaldo adicional de EH Bildu- era crucial para que saliese adelante. Ahora, dado ya ese paso, los populares simplemente actuarán para acelerar el proceso.

Feijóo demanda información detallada

El presidente de los populares y principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha demandado al Gobierno información más detallada sobre el asunto de Pegasus. Más allá de la breve y "fugaz" conversación telefónica mantenida, porque le "sorprende que las pueda tener ERC o un conseller y no el PP".

De momento, además de comprometerse para que la comisión parlamentaria prospere, el Ejecutivo también muestra su disposición a desclasificar información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para "aclarar los hechos" del supuesto espionaje. Así lo ha asegurado el propio Bolaños después de la solicitud del Defensor del Pueblo, que desarrollará una investigación judicial.

El Congreso no ejerce control de las actividades del CNI y los fondos reservados desde hace más tres años

El órgano constitucional quiere comprobar si se ha puesto en riesgo el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente, el relacionado con el derecho a la privacidad. La institución, según han afirmado fuentes internas, quiere "recabar los datos precisos para abrir una actuación de oficio a fin de contribuir al buen funcionamiento institucional y velar por el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución".

Este paso dado por el Gobierno y el primer partido de la oposición y del bloque de centroderecha español, el de la constitución de ésta comisión de secretos oficiales, supone dos importantes novedades políticas. El primero es que, al no estar conformada desde el 3 de marzo de 2019, el Congreso y el Tribunal de Cuentas llevan más de tres años y un mes sin ejercer ningún tipo de control sobre las actividades del CNI y el uso de fondos reservados -un total de 27,86 millones desde la etapa Rajoy- de los que dispone el Ejecutivo; partidas asignadas a Presidencia, Defensa, Interior y Exterior. Un conocimiento que tiene que estar, formalmente, a disposición de manera semestral.

Por otro lado, el segundo, es que el PP viene vetando, junto a Vox y Ciudadanos, la presencia de los grupos independentistas en la comisión. Partidos "que atacan al Estado" y que, a juicio de los populares podrían emplear los datos y conocimientos revelados a puerta cerrada para fortalecer su itinerario secesionista. La disponibilidad a sumarse a la propuesta de ERC o Junts, es un cambio significativo. Aunque aclaran: el PP no apoya el independentismo, pero tampoco comparte los métodos que, como se investigan, habría empleado el ejecutivo.

Los métodos húngaro y polaco

En términos judiciales, las mismas fuentes del Comité de Dirección del PP trasladan a este medio que el Parlamento Europeo ampliará a España la investigación ya abierta a los gobiernos de Viktor Orbán y la Fidesz, en Hungría, y al partido del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki por espionaje. Justamente por el empleo de la misma herramienta, Pegasus, para aplacar a la prensa y el conjunto de partidos y movimientos disidentes.

Orbán y Morawiecki han empleado Pegasus para aplacar a la prensa y la oposición política

El pasado martes, la Eurocámara puso en marcha un comité especial para investigar estos supuestos ilegales dentro del territorio europeo, al igual que sus contrariedades con la legislación de la UE. Un proceso que ha puesto directamente el foco sobre Budapest y Varsovia, que acumulan cinco años, según valida Bruselas, socavando la división de poderes y los derechos básicos democráticos. Algo que les ha valido bajo el artículo siete del reglamento europeo, que contempla como máxima sanción la suspensión del derecho al voto dentro del Consejo.

Orbán y Morawiecki rechazan las acusaciones de vigilancia a adversarios políticos y, aunque admiten que han adquirido Pegasus, indican que su empleo se ajusta a lo permitido y con finalidades muy concretas: combatir el terrorismo, la corrupción y el crimen organizado.

Bruselas ampliará el foco marcado para recopilar información en Europa del Este hacia España y el Gobierno después de que líderes independentistas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que ahora ejercen como eurodiputados y han sido afectados por ese espionaje, hayan denunciado los hechos ante las autoridades comunitarias. La primera iniciativa tras conocerse el seguimiento al ámbito del independentismo ha sido el ofrecimiento, desde la presidencia de la Eurocámara, de que los servicios informáticos del Parlamento revisen todos los terminales móviles.