España | Tribunales Primeras piezas del caso Tándem

Anticorrupción rebaja de 109 a 80 años la petición de prisión para Villarejo

El Ministerio Público modifica sus conclusiones en la recta final del primer juicio contra el comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo por sus negocios privados a través de la empresa Cenyt mientras estaba en el Cuerpo

José Manuel Villarejo llega a la Audiencia Nacional.

El comisario José Manuel Villarejo llega a la Audiencia Nacional. EP

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado más de 20 años la pena de cárcel que pedía inicialmente para el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de octubre por las piezas Iron, Land y Pintor, que era de más de 109 años, con lo que la ha dejado en poco más de 80 años.

En la sesión de este martes, el fiscal anticorrupción César de Rivas ha modificado las conclusiones provisionales del Ministerio Público suprimiendo de la acusación contra Villarejo los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y algunos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos contra particulares en relación con su vida sexual en grado de tentativa, según informa Europa Press.

Además, ha influido el perdón otorgado este mismo martes por el ex juez Francisco Javier Urquía a todos los acusados de la pieza Pintor, en la que consta como perjudicado.

Anticorrupción se ha alineado con esta acusación particular para retirar del pliego de cargos el delito de descubrimiento y revelación de secretos que afectan a la salud y la vida sexual respecto a Urquía, si bien la Fiscalía ha mantenido su acusación por el delito de extorsión en grado de tentativa cometido contra Urquía, por ser un tipo penal que no se ve afectado por la disculpa de la víctima.

Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción reclamaba que Villarejo fuera condenado a 109 años y 10 meses de cárcel con multas que superarían los 950.000 euros -a las que cabría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas-, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.

En Iron, donde se juzga el presunto encargo a Villarejo del despacho de propiedad intelectual Herrero&Asociados para que investigara a Balder, ante la sospecha por parte del primer bufete de que el segundo había robado su base de datos, se enfrentaba en un principio a 57 años de cárcel.

En Land, Anticorrupción pedía 38 años de cárcel para el comisario por la investigación que habría dirigido contra Yolanda García Cereceda, su entonces pareja Jaime Ostos hijo y el arquitecto Joaquín Torres, entre otros, por mandato de Susana García Cereceda en el marco del conflicto familiar y empresarial desatado tras la muerte de Luis García Cereceda, el otrora dueño de la empresa promotora de la urbanización de lujo ‘La Finca’ (Madrid).

Por último, en Pintor, el Ministerio Público solicitaba 14 años de prisión para Villarejo por el trabajo que le habrían encomendado los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara para investigar al empresario Mateo Martín Navarro y a su abogado, Urquía, para resolver la disputa judicial que tenían por una deuda fiscal.

Recta final

Con la presentación de las conclusiones, este primer juicio por Tándem entra ya en su recta final, después de ocho meses que se alargarán al menos hasta septiembre para que acusaciones y defensas expongan sus informes y que los acusados hagan uso, si así lo desean, de su derecho a la última palabra.

Iron, Land y Pintor son las primeras piezas de Tándem que llegan a juicio de las más de treinta que componen una macrocausa vertebrada por el presunto uso que Villarejo habría hecho de los medios policiales que tenía a su alcance para usarlos en las investigaciones privadas que hacía para sus clientes, desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares.

La línea de defensa de Villarejo ha sido afirmar que era un agente de Inteligencia al servicio de CNI y Policía Nacional que usó su grupo empresarial ,CENYT, para beneficio del Estado. Serrano ha venido advirtiendo a lo largo del juicio de que, aunque el comisario fuera efectivamente un espía, lo «intolerable» es que se llenara los bolsillos con ello.

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