España

Una juez ve indicios de delito en el negocio de la RFEF y Piqué con los saudíes

Un juzgado de Majadahonda abre causa tras apreciar caracteres de corrupción en los negocios y administración desleal en los hechos relatados en la querella presentada por una asociación contra el presidente Luis Rubiales y el jugador del Barcelona

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en un acto reciente.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en un acto reciente. EP

Un juzgado ha abierto una causa para investigar el contrato por el que la Federación Española de Fútbol (RFEF) trasladó a Arabia Saudí la disputa de la Supercopa de España tras la intermediación del jugador en activo del FC Barcelona Gerard Piqué a través de su empresa Kosmos Global Holding SL, que se aseguró el cobro de una comisión de 24 millones por su participación en el negocio.

En un auto fechado este lunes, al que ha tenido acceso este diario, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid) acuerda incoar diligencias previas tras apreciar indicios de los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios en los hechos relatados por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte en la querella presentada el pasado 30 de mayo. Como denunciados figuran el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y Gerard Piqué.

Se trata del primer procedimiento penal que abre un juzgado por el contrato firmado en 2019 con los saudíes para la celebración de la Supercopa de España en dicho país, unos hechos que investiga la Fiscalía Anticorrupción desde mediados de mayo. Es por ello por lo que, en su resolución, la magistrada Delia Rodrigo ha pedido ahora al Ministerio Público que informe si ella es competente para conocer de esta causa y si ellos tienen abiertas diligencias sobre este mismo asunto. La admisión a trámite obligará previsiblemente a los fiscales a inhibirse en favor del citado juzgado.

El acuerdo firmado con la Federación de Fútbol de Arabia Saudí para la disputa de dicha competición es una de las cuestiones que se desglosan en la querella de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presidida por el entrenador nacional -Miguel Ángel Galán- que presentó la denuncia ante Anticorrupción en su condición de presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE).

La RFEF formalizó un contrato con una duración inicial de tres años prorrogable por un periodo idéntico para que la competición que tradicionalmente enfrenta a los campeones de Liga y Copa del Rey se celebrara en Arabia Saudí. Debido a la pandemia, la entidad presidida por Rubiales logró que los saudíes accedieran a que la edición de 2021 se disputara en España -concretamente en el estadio sevillano de La Cartuja- manteniendo el pago del canon correspondiente a dicha anualidad. Como contraprestación, se ejecutó la prórroga y se prolongó el acuerdo por otros cuatro años más.

Un juzgado de Majadahonda abre diligencias previas por posible administración desleal y corrupción en los negocios

Basándose en las revelaciones periodísticas de El Confidencial, el querellante sostiene que Rubiales y Piqué «acordaron un plan para lucrarse con 24 millones de euros en contubernio y a costa de la RFEF» y que «ocultaron contumazmente» la comisión que el futbolista percibiría por su intervención, «aparentando que el pago se haría por un tercero».

El acuerdo con los saudíes posibilitará a la RFEF ingresar hasta 400 millones y a la empresa fundada y dirigida por el defensa azulgrana otros 24 millones en concepto de comisión por su labor. Gerard Piqué cobra directamente de los saudíes, según aseguró Rubiales tras trascender los términos del acuerdo. «Nosotros no llegábamos a Arabia Saudí. Ahora, una vez que lo traen, el que negocia con Arabia Saudí es la Federación», declaró.

«El querellado Sr. Rubiales no quería que apareciera en ningún documento la comisión de los 24.000.000 de euros del otro querellado querellado, sr. Piqué. El sistema tramado que habían confabulado era ocultar la comisión, haciéndola opaca no solo a la sociedad española o a los millones de personas que según el artículo 3 de sus estatutos forman parte de la RFEF (…) sino también a todos los órganos internos que pudieran impedirles la comisión de sus actos. Para ello ejecutaron su plan creando la apariencia de que la comisión no existía», expone el querellante, al que la juez pide que deposite una fianza de 10.000 euros para poder ejercer la acusación popular.

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte cuestiona que el futbolista del FC Barcelona estuviera trabajando para la compañía pública saudí Sela tras conocerse que Piqué planteó a Rubiales la posibilidad de hacer una aproximación a Juan Carlos I a fin de que éste les ayudara a cerrar el acuerdo. El rey emérito confirmó, en un mensaje enviado a la periodista Susanna Griso, que el jugador le escribió para pedirle una reunión pero que no llegaron a verse.

Alquiler de la vivienda

La querella también acusa al presidente de abusar de su «situación preeminente de poder y dominio» para que la Federación corriera con los gastos del alquiler del piso en el que se instaló en el centro de Madrid, en la confluencia de la calle Princesa con la Plaza de España. La irregularidad estribaría en que esa ayuda sólo se podía conceder si el dirigente federativo se encontraba empadronado fuera de Madrid, requisito que no cumpliría Rubiales en aquellas fechas.

En su reunión del 24 de julio de 2018, cuando Luis Rubiales llevaba dos meses en el cargo, la asamblea federativa acordó seguir poniendo una vivienda a disposición del presidente de la RFEF «cuando tuviera su domicilio habitual fuera de la comunidad de Madrid«, detalla el acta. Esta cuestión es otra de las que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte también ha denunciado el hecho de que Rubiales, «a costa de la RFEF, contrató u ordenó contratar detectives mediante una empresa pantalla» a otros dirigentes, caso del presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE): David Aganzo. Miguel Ángel Galán sostiene que el hoy dirigente federativo recurrió a la misma empresa (Cryptex Europa SL) para seguirlo a él cuando aquél estaba al frente del principal sindicato de jugadores.

Igualmente, la querella hace referencia al supuesto «viaje de asueto» que Rubiales habría imputado al presupuesto de la RFEF «camuflándolo como viaje de trabajo». Fue un desplazamiento a Nueva York en el otoño de 2018 junto a su pareja sentimental con el pretexto de mantener reuniones con representantes de Naciones Unidas con vistas a su supuesta intervención en Impacto Latino, un foro que reúne a líderes hispanos.

La RFEF niega que fuera un viaje de placer y asegura que incluyó «una nutrida agenda de trabajo cerrada con antelación«, acompañando al presidente tanto su entonces director de gabinete (Juan Rubiales) como el responsable del área de Relaciones Institucionales (Antonio Gómez-Reino). «Este viaje fue pagado por la RFEF únicamente a estos tres federativos», ha defendido.

Medida cautelar

En su querella, la asociación solicitaba al juzgado que cautelarmente exija o embargue a los querellados 24.046.063,34 euros para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de las cantidades con las que «se han lucrado» o «distraído». La juez ha pedido ahora a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre dicha medida cautelar.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid) es el primero que incoa diligencias previas por estos hechos, que forman parte también de la denuncia que Manos Limpias interpuso el pasado mes de mayo contra Rubiales, Piqué y dos abogados por corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental. No ha trascendido que el juzgado al que haya recaído se haya pronunciado aún sobre su eventual admisión a trámite.

En el plano administrativo, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha recibido también varias denuncias contra el presidente de la RFEF, sin que hasta el momento haya decidido elevar alguna al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que este órgano determina si el dirigente futbolístico ha podido vulnerar la Ley del deporte.

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