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ERC se juega la estabilidad del Govern con el juicio a Borràs por corrupción

Laura Borràs y Pere Aragonès hablan a las puertas del Parlament, frente a Jordi Puigneró

Laura Borràs no dimitirá con la apertura del juicio oral contra ella y otras tres personas por los presuntos delitos de malversación, fraude y prevaricación. Lo ha repetido ante todo el que ha querido escucharla en los últimos meses, en público y en privado. Dará la batalla hasta el final, independientemente de los costes que eso tenga para el Govern de coalición entre ERC y JxCat.

Con estos precedentes, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que este miércoles ha dejado a un paso del banquillo a Borràs, augura un nuevo cisma en el independentismo catalán. La apertura de juicio oral debería llevar a la suspensión inmediata de Borràs como diputada, y por tanto como presidenta del Parlament, en aplicación del artículo 25.4 del reglamento de la cámara.

Ese artículo, introducido por la CUP y votado por Junts en la última reforma del reglamento, establece que un diputado acusado de delitos vinculados a la corrupción debe ser suspendido temporalmente cuando tenga fecha para la vista. Borràs está a punto de llegar a esa situación.

La decisión debe ser votada por la Comisión del estatuto del diputado, presidida por Jaume Alonso Cuevillas (JxCat) del círculo próximo de Borràs. Pero la suspensión o no de Borràs dependerá, en último término, del apoyo de Esquerra y la CUP. Los comunes ya han dejado claro cual será su posición, puesto que a principios de año ya pedían la dimisión de Borràs, entonces por la gestión del caso del antisistema Pau Juvillà.

Persecución al independentismo

Borràs defiende que la causa es «política» no «judicial» y que forma parte de la «persecución al independentismo». Pero para Esquerra y la CUP ese argumento es cada vez menos digerible. Especialmente después de que trascendiera un audio en el que la presidenta del Parlament pedía a un funcionario de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) que le informara sobre cualquier iniciativa policial sobre los contratos en cuestión.

Era febrero de 2018. Borràs había dejado el ILC para presentarse a las elecciones en la lista de Carles Puigdemont, pero envía un mensaje de audio a un funcionario de la entidad. «Si vuelve a venir -el mosso que días antes se había interesado por los contratos investigados- o pasa cualquier cosa por favor avísame enseguida, ¿eh? […] Prefiero saber qué pasa con el tema este». Fue el propio funcionario, Roger E.P, también imputado en la causa, quien entregó los audios al instructor tras cambiar su estrategia de defensa para no caer junto a la actual presidenta de JxCat.

La decisión del TSJC llega en un momento de aparente distensión entre JxCat y Esquerra. Tras días de críticas públicas al encuentro entre Félix Bolaños y Laura Vilagrà, Junts rebajaba ayer el tono en la sesión de control a Pere Aragonès y se declaraba dispuesta a «negociar» también con el Gobierno.

Crisis de Govern

Pero esa distensión puede saltar por los aires si los republicanos votan a favor de la suspensión de Borràs, recién elegida presidenta de JxCat. Algunas voces dentro de Junts apuntan ya que si cae Borràs el partido debería salir del Govern y dejar a ERC sola, ante la disyuntiva de convocar elecciones o seguir adelante con el apoyo externo de PSC y Comunes.

Otros sectores del partido rechazan abandonar la administración autonómica, y todos los resortes de poder que proporciona a un partido todavía en construcción. Especialmente a las puertas de unas elecciones locales que serán claves para ver la resistencia de JxCat tras el paso atrás de Carles Puigdemont.

Pero el calendario dibujado en la ponencia de Junts que debe votarse en julio abona la opción de la crisis. Establece una consulta a la militancia sobre la continuidad del pacto de legislatura, a expensas del balance de este primer año que debe presentar la dirección del partido. Sería una oportunidad para romper con Esquerra achacando la ruptura a los incumplimientos del programa independentista, y no solo a la caída de Borràs por un juicio por corrupción.

El antecendente del Congreso

El antecedente del Congreso de los Diputados da muestra de lo complejo de la decisión para Esquerra. Cuando el Tribunal Supremo pidió el suplicatorio para investigar a Borràs, en su etapa como jefa de filas de Junts en las Cortes, tanto ERC como la CUP optaron por no participar en la votación.

«No votar contra su suplicatorio sería blanquear el Tribunal Supremo», les advirtió entonces Borràs desde las páginas de El Punt Avui. Y ERC optó por el camino de en medio, pese a la escasa afinidad personal entre Borràs y Gabriel Rufián, para evitar comprometerse sin desairar a sus socios de gobierno.


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