Laura Borràs junto a las vicepresidentas de la Mesa del Parlament, Alba Vergés (ERC) y Assumpta Escarp (PSC)
La mayoría independentista de la Mesa del Parlament se ha impuesto para mantener la delegación de voto al ex consejero fugado Lluís Puig, pese a la anulación de ese acuerdo dictada por el Tribunal Constitucional. Con el rechazo del PSC, ERC, JxCat y la CUP se amparan en que la decisión del Constitucional, notificada ayer a la Mesa, se refiere a la delegación de voto acordada en marzo de 2021 para mantener el voto del diputado de Junts.
Pero Puig ha seguido votando en base a un nuevo acuerdo de delegación adoptado el pasado octubre, cuando el Parlament recuperó la plena presencialidad tras las restricciones impuestas por el Covid. A esa circunstancia se acogen los independentistas para argumentar que la anulación del TC ya no tiene efectos prácticos.
La decisión de la Mesa se aplicará ya en el Pleno convocado este miércoles, pese a la resistencia de los letrados de la cámara, que han advertido de las consecuencias penales de desobedecer al Constitucional. Laura Borràs se encuentra así ante la misma situación que ya se dio con la suspensión del acta de diputado de la CUP Pau Juvillà. En ese caso, Borràs defendió la desobediencia, pero acabó acatando la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ahora, sin embargo, la propia presidenta del Parlament se encuentra al borde de la suspensión por la causa abierta contra ella por corrupción.
Reunión maratoniana
La Mesa ha concluido, tras más de cinco horas de reunión, que se mantendrá el voto delegado de Puig y se contabilizará en el pleno de este miércoles. Para exonerar a los funcionarios, ha añadido Borràs ante los medios, "la Mesa asumirá las funciones de los funcionarios". En el caso de Juvillà, Borràs responsabilizó a los funcionarios de haber retirado el escaño al diputado antisistema.
Lluís Puig reside en Bélgica desde que huyó en 2017 junto a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí para esquivar la acción de la justicia española. Y volvió a formar parte de la candidatura de JxCat a las elecciones autonómicas del pasado febrero de 2021. Desde entonces, Puig ha ejercido el voto delegado en contra de la voluntad de los partidos de la oposición en el Parlament, que ven en esa delegación un abuso de la mayoría independentista.
La decisión del Constitucional
La semana pasada, el Constitucional dio la razón al PSC y anuló el acuerdo de la mayoría independentista de la Mesa del Parlament que permitió a Puig delegar en marzo de 2021 su voto en la primera investidura fallida de Pere Aragonès. Un acuerdo que los miembros de la Mesa han recibido al inicio de la reunión de este martes.
Tras recibir la notificación la Mesa ha acordado mantener su delegación de voto "a todos los efectos jurídicos y políticos", con la oposición de los socialistas. Los independentistas no han llegado a un acuerdo, sin embargo, sobre "la aplicabilidad práctica de esta decisión de la Mesa" ante las reticencias de los letrados del Parlament.
El TC anuló los acuerdos de delegación de voto de marzo al estimar un recurso presentado por el líder del PSC-Units y jefe de la oposición, Salvador Illa, aplicando así la doctrina fijada en respuesta a recursos anteriores de Cs y PP. La sentencia señala que la delegación de voto de Puig "no tiene cabida en el reglamento del Parlament" y recuerda que fue el diputado quien "voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española".
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