El PSOE introdujo una enmienda a última hora de este jueves a su propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por la que se obliga al Consejo General del Poder Judicial a proponer a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde y garantizar así la renovación de un tercio del Alto Tribunal en septiembre.
Concretamente, la enmienda contempla que el órgano de gobierno de los jueces tenga que proponer a los dos magistrados como máximo tres meses después de que haya cumplido su mandato. Puesto que el periodo del presidente del Constitucional, del vicepresidente y de los otros dos magistrados que deben ser sustituidos concluyó el pasado 12 de junio, la obligación legal para que los vocales del CGPJ elijan a los magistrados sería el próximo 13 de septiembre.
La enmienda, que se introdujo in extremis, da cuenta de la desconfianza del partido del Gobierno hacia el órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de tres años y medio en funciones por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación y mantiene una mayoría conservadora.
Primer trámite superado en el Congreso
Este miércoles, una mayoría del Pleno del Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el PSOE por la vía de urgencia, sin pasar por comisión y con lectura única. Este jueves se aprobará en el Congreso -con los votos de ERC, PNV, Bildu y Unidas Podemos- y la semana próxima llegará al Senado.
La reforma, que puso en marcha el pasado 24 de junio el Gobierno al considerar imposible llegar a un acuerdo de renovación del órgano de gobierno de los jueces con el PP, busca garantizar la renovación del tercio del Tribunal Constitucional que está de salida y cambiar así su mayoría conservadora a una progresista.
La medida supone una modificación a la anterior reforma legal que impulsaron precisamente PSOE y Podemos para impedir al CGPJ que realizara nombramientos de la cúpula fiscal mientras estuviera en funciones. Una manera de presionar al PP a renovar el órgano que no dio frutos. Lo que implica la segunda reforma legal es devolver al consejo de jueces su capacidad de nombrar aunque únicamente a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden para que el Gobierno pueda hacer lo pertinente con los dos que también le tocan.
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