El enquistamiento de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace más de tres años y medio impacta ya en el día a día de los jueces. Por un lado, quienes desempeñan su labor en los juzgados sienten desconexión con un órgano de gobierno de los jueces que "debería velar por la independencia del Poder Judicial respecto de los intereses políticos aunque no siempre es así", trasladan magistrados al frente de juzgados de Madrid y Cataluña consultados por El Independiente. De ahí que confiesen sentir cierta "desafección" por la mala imagen que se está dando del CGPJ y de la Justicia en general a la sociedad, que acaba percibiendo que "los jueces también estamos politizados", lamentan.

Por otro lado, el bloqueo del órgano afecta directamente a la posibilidad de organizar su carga de trabajo, que en la mayoría de ocasiones está muy por encima de lo asumible, lo que conduce a un riesgo psicosocial de estrés laboral. Entre sus funciones, el órgano de gobierno de los jueces tiene la de unificar criterio sobre la organización del trabajo en la carrera judicial.

Las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) llevan desde 2015 pidiendo al consejo de jueces que actúe para determinar el nivel máximo de trabajo que debe soportar un juez o una jueza y establezca los parámetros y criterios conjuntos para que éste se cumpla. De hecho, acudieron a la Audiencia Nacional contra el CGPJ, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia puesto que también tienen competencias al respecto. Dicho tribunal y el Supremo se devuelven una y otra vez la pelota sobre a quién le corresponde admitir o no el recurso de las asociaciones de jueces. Ahora están a la espera de que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo decida si judicializa o no el asunto.

"Desde 2018, cuando venció el mandato del actual consejo, no ha impulsado ningún proyecto al respecto porque está de salida. Y eso general problemas en el día a día del trabajo de los jueces. No tenemos un marco concreto en el reglamento de la carrera sobre la prevención de riesgos laborales, sobre la prevención del riesgo psicosocial derivado de la carga desmedida de trabajo", explica Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Aumentan las jubilaciones voluntarias en los últimos años

Repara en que no sólo está el problema de la carga de trabajo, sino también la imposibilidad de los jueces para tomar decisiones organizativas sobre el resto de personal funcionarial con el que trabajan en equipo para instruir las causas, las investigaciones. A este respecto, a la inacción del CGPJ también se une la falta de escucha del Ministerio de Justicia, que, según denuncia la asociación, tampoco atiende sus reclamaciones.

En este sentido, AJFV ha percibido en los últimos años un dato que alerta sobre el hartazgo de la carrera por estos asuntos: el aumento de las jubilaciones voluntarias a partir de los 65 años. "Hasta hace unos años, estas decisiones se veían como algo raro pero ahora cada vez son más habituales. Si los jueces tienen una carga de trabajo que no les permite realizar su actividad con tranquilidad ni con los medios adecuados, prefieren jubilarse a continuar en estas condiciones", explica.

Cuidado de padres ancianos o riesgo de lactancia

La falta de unos parámetros para actuar en situaciones concretas en el reglamento de la carrera trae ejemplos concretos de problemas de conciliación. Jueces y juezas que no saben cómo actuar cuando tienen padres ancianos dependientes o una jueza que tiene que sacarse la leche para amamantar a su recién nacido en su despacho y conservarla en la nevera del forense por no tener un espacio habilitado al efecto.

"Son situaciones que ya contemplan y regulan distintas leyes pero que no se han traspuesto a nuestro reglamento. Evidentemente, se acaban resolviendo al pedir una solución para cada situación concreta, pero necesitamos un marco, unas pautas", y esto es labor del CGPJ. Lo mismo ocurre con otros asuntos como la petición de permisos o las pruebas de especialización.

De ahí que todas las asociaciones judiciales reclamen a los partidos políticos que dejen a un lado sus disputas y se pongan de acuerdo para la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial para acabar con la "anomalía democrática" que arrastra desde hace ya más de tres años y medio.

En septiembre de 2021, las cuatro asociaciones se pusieron de acuerdo y emitieron un comunicado en el que reivindicaron que "los jueces españoles nos mantenemos ajenos a las disputas políticas" y pidieron renovar cuanto antes, además de una reforma de la Ley del Poder Judicial para que sean los jueces quienes elijan a los vocales judiciales del CGPJ, como recomiendan las instituciones europeas.