El juez de Sevilla que trata de esclarecer las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos por parte de un organismo de la Junta de Andalucía a la automovilística Santana Motor -ya disuelta- amplía la investigación y pone la lupa a la inyección de fondos públicos al citado grupo por importe total de 176,44 millones a través de diferentes mecanismos de financiación, al apreciar nuevos indicios de la comisión de delitos de prevaricación y malversación.

En un auto notificado este martes a las partes, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla acuerda abrir dos piezas separadas más y sobresee provisionalmente las actuaciones contra el empresario Juan Carlos Martínez, marido de la actual directora de la Guardia Civil (María Gámez), en la causa matriz al entender que no existen "motivos suficientes" para atribuirle su participación en los hechos relativos a la concesión de ayudas al extinto grupo automovilístico. Y ello sin necesidad de esperar a que se practiquen nuevas diligencias.

Después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le acusara en un informe de haber logrado un "lucro injusto" al beneficiarse de ingresos procedentes de sociedades que habían obtenido "cuantiosos" fondos procedentes de la Junta de Andalucía, la defensa de Martínez presentó el pasado mes de marzo un escrito en el que pedía al instructor que no dirigiera el proceso contra él ni le llamara a declarar como investigado por no existir indicios sólidos de una actuación delictiva e incurrir los investigadores policiales en "innumerables errores". No consta en las actuaciones auto de imputación.

A mediados de junio de 2015, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla abrió una pieza separada por la presunta ilicitud en la formalización y ejecución del convenio firmado por la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con un organismo dependiente de ella -la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)- el 15 de diciembre de 2009 para la "creación de capacidad de diseño y desarrollo tecnológico y de procesos de industrialización de vehículos todoterreno". Es el denominado 'Convenio Massif', lo que se tradujo inicialmente en la concesión de un préstamo de 36.105.044 euros entre 2008 y 2010 y un periodo de reembolso de diez años con cinco de carencia.

Ayudas concedidas "graciosamente"

Ese crédito reintegrable terminaría convirtiéndose en un préstamo participativo, si bien el juez entiende que en realidad fueron "ayudas a fondo perdido concedidas graciosamente", al margen del procedimiento legalmente establecido, y "sin intención alguna de recuperar aquéllas". Según el instructor, se hizo una disposición de esos fondos "de forma arbitraria, sin justificación en interés público alguno y por el mero voluntarismo de los responsables de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía y de la Agencia IDEA, quienes habrían contado con la natural colaboración de los responsables de Santana Motor".

No consta, según indica el auto, que dichas ayudas se concedieran después de que la Junta de Andalucía hubiera llevado a cabo un análisis económico que "pusiera de manifiesto si las mismas eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que Santana Motor tuviera solvencia y capacidad económica para hacer frente tanto a los supuestos proyectos de inversión a financiar -cuya concreción y cuantificación tampoco consta- como a la amortización de los propios préstamos concedidos".

El juzgado sevillano investiga la licitud de ayudas al Grupo Santana por importe de 176,44 millones

A esa línea de investigación centrada en el 'Convenio Massif' se suman a partir de ahora dos más ante la existencia de inidicios de la posible comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos vinculados a otros mecanismos con los que se dotó de financiación al grupo Santana Motor, controlado accionarialmente por la Junta de Andalucía.

De un lado, el magistrado José Ignacio Vilaplana llama la atención sobre diversas operaciones "millonarias" de compraventa de inmuebles de Santana Motor por parte de la Agencia IDEA a fin de que aquélla pudiera atender "de manera urgente" sus necesidades financieras. "Compraventa de escasa o nula utilidad económica para la Agencia IDEA, la cual ya habría de ser indirecta titular de los inmuebles al ser la propietaria -socio único- de Santana Motor", detalla el magistrado. Ello permitió a la empresa disponer de 84.998.874 euros.

"Bajo la apariencia formal de unos contratos de compraventa inmobiliaria o de préstamo se decidió en puridad disponer arbitrariamente de fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno -ni control administrativo- para beneficiar directamente a la empresa Santana Motor, lo que podría, de manera inicial y provisoria -sin perjuicio del resultado de la investigación y de la ulterior calificación de los hechos-, determinar la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos", razona el juez para justificar la apertura de una nueva pieza separada.

Gestión del centro de negocios en Madrid

En esta nueva rama también se investigarán la aportación de 14.466.779 euros realizada en favor de Santana por parte de Incubadoras de Emprendedores de Andalucía SL -dependiente de la Agencia IDEA- cuando la empresa automovilística ya había iniciado su proceso de liquidación y el préstamo participativo por importe de 40.868.823 euros que meses después (diciembre de 2011) le había otorgado la Agencia IDEA.

La segunda pieza separada de la causa está relacionada con los 339.701 euros transferidos por el entonces presidente del grupo Santana Motor, Bienvenido Martínez, en beneficio de su propia empresa: Experiencia Management Group SL. De manera directa, la Junta de Andalucía le adjudicó el contrato técnico vinculado a la dirección y operaciones del Centro de Negocios que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa tenía en Madrid -ubicado en una oficina de 518 metros cuadrados ubicada en la avenida de Felipe II- el día después a que Martínez cesara como director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA.

Además de Santana Motor, Experience Management Group recibió ingresos de otras dos empresas públicas: Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía (Fagia, 280.974 euros) y de Fabricados para la Automoción del Sur (Fasur, 201.568 euros), así como de otra compañía que había recibido ayudas de la Junta (el laboratorio farmacéutico Rovi).

Según puso de manifiesto la Policía en uno de sus informes, Bienvenido Martínez transferido fondos desde su consultora a otras dos empresas gestionadas por sus hermanos. Una de ellas es Job Management Liberty SL, administrada por Juan Carlos Martínez. En concreto, esta sociedad habría percibido 4.130 euros de Experience Management Group en 2012.

"Se estima procedente incoar una nueva pieza separada, causa de diligencias previas, que tenga por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la ilicitud de tales operaciones y, en particular, la irregular trasmisión de fondos por parte de Santana Motor, Fagia, Fasur y Laboratorios Farmacéuticos Rovi SA en favor de la mercantil Experiencia Managament Group", razona el juez.