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Siete vocales del CGPJ, contra el nombramiento de Álvaro García: dudan de su imparcialidad

Los representantes discordantes dicen que la "apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo" del fiscal general que relevará a Dolores Delgado no garantizan la independencia que debe exigirse | Otros 12 vocales avalan la designación de García Ortiz

Álvaro García saluda a Dolores Delgado el día que tomó posesión como fiscal jefe de la secretaría técnica.

Álvaro García saluda a Delgado el día que tomó posesión como fiscal jefe de la secretaría técnica. FISCALÍA

Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han emitido un voto particular contra el acuerdo del pleno por el que ha avalado el nombramiento de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado, que renunció al puesto el pasado martes por motivos de salud. Ese mismo día, el Consejo de Ministros designó a García Ortiz -mano derecha de Delgado como jefe de la secretaría técnica- para desempeñar dicha responsabilidad.

«El candidato propuesto no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica», expresan en su escrito los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona.

Sí lo han apoyado los otros 12 representantes: el presidente Carlos Lesmes y Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, Wenceslao Olea, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Éstos aprecian que el fiscal salmantino cumple los requisitos objetivos que exige la ley para acceder al cargo.

Los vocales discordantes consideran que «no es posible desconocer» que la persona elegida por el Ejecutivo ha desarrollado «de manera intensa» su trayectoria en los dos últimos años y medio a la sombra de Dolores Delgado, cuya idoneidad ya fue cuestionada por una parte del órgano de gobierno de los jueces por su condición de ex ministra de Justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez. «Desgraciadamente, el tiempo y los hechos han dado la razón a quienes negamos esa idoneidad y, en lo que parece (y para valorar la idoneidad desde la perspectiva de la confianza pública, las apariencias cuentan), algunos de los episodios no elogiosos producidos durante esa época no son ajenos a la gestión del candidato propuesto», añaden.

Circunstancias «perjudiciales»

En este sentido, los firmantes del voto particular citan como circunstancias «perjudiciales» para el crédito del Ministerio Público la insistencia por nombrar a fiscales declarados nulos por el Tribunal Supremo y el caso Stampa, motivado por la decisión de la ya ex fiscal general del Estado de retirar de la causa que instruye la Audiencia Nacional por los negocios privados del comisario Villarejo a uno de los dos representantes del Ministerio Público: Ignacio Stampa.

Éste fue objeto de una investigación interna en la Fiscalía de Madrid a petición de Vox y Villarejo por alinearse, supuestamente, con los intereses del partido que ejerce la acusación popular en el caso Tándem (Podemos). El fiscal apartado denunció que quien ahora se quedará al frente de la Fiscalía, Álvaro García, intervino en las pesquisas dando indicaciones al fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, para prolongar la investigación, que ésta contaminara su candidatura y quedar así fuera del caso.

«Son episodios que se relacionan con la gestión del candidato propuesto y nos obligan a concluir que no presenta los mejores avales para confiar en su idoneidad», subrayan estos siete vocales, que entienden que el mandato de García Ortiz en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado tampoco merece «un juicio positivo». «En todo ese periodo no se ha formulado ni una sola circular que contribuya a la formación de doctrina o a esclarecer el sentido de las leyes o la jurisprudencia», agregan.

Los vocales discrepantes ven «riesgo» de que el Gobierno influya en las decisiones que deba tomar como fiscal general

De igual forma, también juzgan como un «serio impedimento» a la hora de garantizar ante la ciudadanía la imparcialidad e independencia que debe exigirse a un fiscal general «su participación en actos de la fundación ligada a un partido político, de la que se ha hecho eco la prensa».

«No se discute en absoluto la libertad de cualquier jurista para participar en las actividades de debate jurídico que tenga por oportuno, pero ello no excluye que esas mismas actividades hayan de ser tenidas en cuenta en toda su dimensión por lo que ello puede implicar desde la perspectiva del acceso a determinados cargos públicos: el evento en cuestión, por lo que se ha podido conocer, no consistió en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad (un think tank) cuya razón de ser es proporcionar sustento ideológico a un partido político», razonan. Y añaden: «Ello tuvo lugar, además, en el marco singular con participación del candidato de ese partido político a las elecciones del territorio donde se desarrollaba el acto y de manera pública, generando inevitablemente una apariencia de apoyo a una opción partidista incompatible con la neutralidad política que cabe esperar de un miembro del Ministerio Fiscal».

Por todo ello, estos vocales concluyen que la «apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo» no ayuda a que se pueda percibir a Álvaro García con la imparcialidad necesaria, a lo que suman la «valoración negativa» que hacen de su gestión como mano derecha de Dolores Delgado. Y ello comporta que las funciones que le asigna la Constitución como fiscal general «estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones».

Juristas de reconocido prestigio

La ley establece que el máximo representante del Ministerio Público en España debe ser elegido entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de trayectoria profesional. García Ortiz cumple sobradamente ese requisito, puesto que ingresó en la carrera fiscal en 1999.

El nuevo fiscal general ha obtenido el mismo resultado que obtuvo su antecesora a principios de 2020. El sector del pleno crítico con su designación esgrimió como reproche principal que Dolores Delgado llegara al puesto desde el Consejo de Ministros, donde se había encargado de la cartera de Justicia. «Una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de independencia», defendieron.

El informe emitido por el CGPJ supone el inicio del proceso para ratificar el nombramiento de García Ortiz como nuevo jefe del Ministerio Fiscal. Para completarlo, tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

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