Laura Borràs fue suspendida como presidenta del Parlament el pasado jueves, en una dura sesión de la Mesa a la que siguió una intervención pública de Borràs aún más dura con sus ex compañeros en el órgano de gobierno de la cámara. Este lunes, sin embargo, Borràs volvió al Parlament para firmar las actas del último pleno celebrado antes de las vacaciones estivales, que todavía presidió.

Y activó la primera mina que podría estallar a la próxima presidencia, que ejercerá en funciones la republicana Alba Vergès: el voto y la participación telemática del fugado Lluís Puig en plenos y comisiones parlamentarias.

Se trata de una batalla larvada durante los últimos meses que se ha jugado a tres bandas entre JxCat, ERC y PSC. Borràs siempre ha defendido públicamente que Puig, elegido diputado en las listas de JxCat, debía poder seguir votando desde Bruselas, como hizo durante la pandemia acogiéndose a las excepciones del confinamiento. Aunque en privado alguno de sus colaboradores ya afeó al fugado que pusiera en riesgo a Borràs negándose a renunciar al acta.

Denuncia del PSC

Los socialistas denunciaron en su momento el voto telemático de Puig, provocando la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) a la presidenta de la cámara. Una advertencia que iba dirigida a Borràs, pero que ahora podría avectar a Vergés.

Y Borràs utiliza ahora el caso para pasar cuentas con sus "socios" republicanos y demostrar su compromiso con "los derechos" de todos los independentistas, estén en Barcelona o en Bruselas, frente la maquinaria judicial española. En los dos últimos plenos Borràs -ya advertida de que el voto delegado de Puig estaba anulado por el TC- contó verbalmente el voto del ex consejero, aunque este no apareció en el marcador del hemiciclo.

La Mesa, con los votos de ERC, JxCat y la CUP, había acordado esta fórmula para desobedecer al Constitucional sin comprometer a los funcionaros de la cámara, que ya advirtieron de que se estaba incurriendo en desobediencia. El voto de Puig en esos plenos fue intrascendente para el resultado, pero quedaba por ver si se contabilizaba efectivamente en las actas.

Marcha atrás de ERC

Eran las actas que Borràs firmó el lunes. Y lo hizo denunciando públicamente que el secretario Ruben Wagensberg, de ERC, había dilatado la publicación para evitar comprometerse firmando el acta en la que constara el voto anulado por el Constitucional.

Wagensberg se defendió asegurando que el acta recogía "lo que pasó en el pleno: los votos emitidos electrónicamente y una mención al que se añade verbalmente". Y añadió que esa fórmula no daba validez al voto de Puig, anulado por el Constitucional.

El acta, sin embargo, no se ha firmado, por lo que la decisión sobre qué hacer con el voto de Puig sigue en el aire. Vergés tendrá que cerrar esta cuestión con la oposición de JxCat y la CUP a acatar la decisión del Constitucional. También la participación telemática de Puig en las comisiones, concretamente la de cultura, que los letrados han advertido ya que no se ajustan al reglamento.

Pese a ello, Puig ha forzado su participación telemática una vez superadas las restricciones pandémicas, porque de otro modo no podrá acreditar la participación mínima necesaria en los trabajaos parlamentarios para garantizarse el cobro del sueldo de diputado.