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El pistolero de Tarragona recibirá este martes la eutanasia y sus víctimas recurren al Tribunal de Derechos Humanos

El Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de los tiroteados por el vigilante de Seguridad Marin Eugen Sabau y el Tribunal de Estrasburgo rechazó paralizar la muerte asistida como medida cautelar

Marin Eugen Sabau, conocido como el "pistolero de Tarragona"

El vigilante de seguridad que disparó a tres compañeros de su empresa, así como a un agente de los Mossos d’Esquadra en diciembre del año pasado, quedando parapléjico al ser reducido a tiros por la policía catalana, no irá a juicio. Este martes se le practicará la eutanasia, como solicitó.

Salvo que él mismo lo rechace en el último momento, Marin Eugene Sabau, conocido como «el pistolero de Tarragona», recibirá la muerte asistida. La Justicia española no ha permitido que se paralice el procedimiento, como solicitaron sus víctimas que ejercen la acusación contra él.

Después de que la Audiencia Provincial de Tarragona, igual que la jueza de instrucción 5 de la ciudad catalana, rechazaran poder entrar en la paralización del proceso de eutanasia, las víctimas de Sabau recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Con una providencia del pasado 9 de agosto a la que ha tenido acceso El Independiente, los magistrados de la Sección de Vacaciones del Alto Tribunal Ramón Sáez Valcárcel, Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán inadmitieron el recurso descartando que se hubiera vulnerado un derecho fundamental de quienes alcanzaron las balas de Sabau. El abogado José Antonio Bitos, que representa al agente de los Mossos tiroteado, consideró vulnerado en su recurso el derecho a la tutela judicial efectiva, según explica en conversación con este diario. Concretamente, el derecho de las víctimas -los compañeros de la sede de Securitas del agresor y el mosso al que también disparó cuando intentaba reducirle- a que se celebrara un juicio donde aclarar lo ocurrido y poder exigir responsabilidades al pistolero, que no se ha arrepentido de los hechos, como destacó la jueza instructora Sònia Zapater en el auto con el que rechazó dejarle en libertad este lunes, un día antes de la fecha prevista para la eutanasia.

Posteriormente, el pasado 18 de agosto el letrado Bitos se dirigió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) solicitando paralizar la eutanasia como medida cautelar. Un día después, en una resolución también consultada por este diario, el Tribunal de Estrasburgo rechazó el riesgo serio y el daño irreparable de la situación que se pretendía paralizar (la muerte de Sabau por eutanasia) para las víctimas. Después de dicha resolución, ha presentado una demanda contra el estado español ante el TEDH que previsiblemente se resolverá una vez Sabau esté enterrado.

De esta manera, la Justicia española no ha entrado al fondo de la cuestión sobre si el derecho a morir dignamente prevalece sobre la necesidad de que se celebre un juicio contra el investigado, quien podría haber sido castigado a altas penas por delitos de homicidio en grado de tentativa en caso de que se hubiera sentado en el banquillo. Las víctimas tendrán que esperar al pronunciamiento del Tribunal de Derechos Humanos.

Una brecha en la ley de eutanasia

La polémica está servida alrededor de la causa, donde los afectados se han encontrado con que una brecha en la reciente ley de la regulación de la eutanasia favorece, en este caso, al investigado en cuanto a que no pueden exigirle responsabilidades.

Según explicó el abogado Gerard Amigó, representante legal de Sabau, en unas recientes declaraciones a la agencia Efe, tanto la jueza de instrucción Zapater como los magistrados de la Audiencia Provincial de Tarragona han expuesto en sus resoluciones que la ley de marzo de 2021 no entra a valorar si cabe paralizar o no la muerte asistida por motivos como el suscitado, por lo que el caso del «pistolero de Tarragona», que padece una «tetraplejia irreversible con dolor constante y persistente», según explicó su defensa, crea un precedente.

La ley únicamente regula los procedimientos médicos y las pautas a seguir, por lo que los jueces catalanes se han mostrado incompetentes para entrar a valorar la paralización de un proceso de muerte asistida autorizado.

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