Frente a un pleno que a principios de semana estaba abocado a negociar la convalidación del decreto energético in extremis entre el Gobierno y sus socios preferentes, Moncloa ya ha asegurado una mayoría que apruebe la norma de ahorro solicitada por la Unión Europea para rebajar el consumo nacional en siete puntos frente al quince exigido al resto de socios continentales. Lo convalidarán esta tarde 188 'síes' -con la base de 153 de socialistas y morados- a cuenta de los 13 de ERC -que aún no han oficializado su postura-, los seis del PNV, los cinco de EH Bildu, los cuatro del PDeCAT, los tres de la confluencia Más País-Equo y Compromís, el del los portavoces del BNG, Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro (PRC) y el de María del Carmen Pita, exdiputada morada asentada, ahora, en el Grupo Mixto.

Nuevamente, y durante el inicio del debate parlamentario del decreto, el Ejecutivo no ha perdido la oportunidad de continuar la estrategia fijada desde mediados de agosto y arremeter con dureza al PP. Todo ello, mientras solicitaba, a su vez, la recapacitación y su voto positivo al decreto de medidas energéticas. Frente al rechazo de los de Génova para dar su 'sí' a un texto que, denuncian, ha sido "impuesto" y no pactado con los agentes empresariales y las comunidades autónomas, Raquel Sánchez ha desplegado un nuevo arsenal dialéctico. Por un lado, la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que ha defendido la norma desde la tribuna de la cámara, pedía "estar a la altura" y satisfacer las necesidades de los españoles, pero, frente a ello, ha catalogado a los populares de ser "la derecha más rancia de Europa" y una fuerza "obstruccionista y desleal" con la situación de España y la Unión.

La ministra, tras el despliegue de los pormenores del decreto, que incluyen de manera ómnibus medidas de descuento en el transporte ferroviario o complementos de 400 euros para las becas de los estudiantes, ha incidido en que al PP los ciudadanos "les importan bien poco". Una postura de la derecha, ha señalado, frente a españoles "responsables y solidarios". "Hay dos tipos de conservadurismo: el retrógrado y negacionista" que contrasta con "una derecha moderna europea que, allá donde gobierna, está adoptando estas medidas", ha dicho Sánchez en alusión a la regularización de la temperatura a un mínimo de 19 grados en invierno y 26 grados en verano en los negocios y las empresas, o al apagado nocturno de los escaparates.

Gamarra, bajo el mismo tono

Sánchez ha dedicado especial atención a los puntos sociales del decreto enfocados a trayectos de media y alta distancia, y a viajes de Cercanías y Rodalies, así como a las cuantías complementarias para el estudio, medidas que sabe que son "irrechazables" para el PP. Una intención de desacreditar al principal partido de la oposición que no ha hecho que la portavoz en el parlamento y secretaria general popular, Cuca Gamarra, se amedrente. De hecho, ni siquiera ha bajado el nivel del tono.

"Tenemos el peor Gobierno de Europa", ha replicado la segunda de Feijóo en el nuevo organigrama de Génova. Entre otros motivos, lo ha justificado con la falta de voluntad del PSOE de sentarse a conversar con ellos, para este y otros decretos u pactos: "ni una sola llamada, pero sí muchos insultos", ha espetado. Para la portavoz del segundo grupo mayoritario, el decreto no nace con la voluntad de buscar un "equilibrio" entre la necesidad de ahorro y la capacidad de los empresarios, sino con la mirada única de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. A ella, presente en el pleno, le ha criticado no defender personalmente el decreto -el Ministerio de Transporte indica que al ser coautor conjunto del escrito, perfectamente Sánchez puede defenderlo en lugar de Ribera-, que ha valorado de "impositivo".

Choque frontal desde su aprobación

El Gobierno ha centrado toda la atención en los temas sociales del decreto desde su aprobación el 1 de agosto en consejo de ministros, ello pese a contener múltiples tipos de cuestiones. Una acción que viene a complementar la dinámica iniciada durante el último debate del estado de la nación, cuando el presidente Pedro Sánchez anunció, evidenciando su giro a la izquierda, la batería de propuestas sociales que complementan las puramente destinadas al ahorro para no depender del gas ante posibles cortes de suministro en invierno. Todo para intentar rebajar el ascenso de los populares en los sondeos, e intentar calar en el votante progresista y de Unidas Podemos al ver incapacitado su efectividad en el centro y una fuga de votos al PP.

El PP, tras ese movimiento, ha centrado el periodo estival a criticar las cuestiones incorporadas dentro del decreto, caso de la limitación térmica -Feijóo se mostró favorable en julio- o el apagado nocturno de la iluminación en los establecimientos. Algo que Génova ha intensificado tras la férrea oposición de Isabel Díaz Ayuso desde la Comunidad de Madrid. Un intento de reflejar la falta de diálogo de Sánchez y la preferencia a pactar con fuerzas nacionalistas en lugar de con el segundo partido más votado.