Ada Colau no quiere renunciar a unos últimos presupuestos municipales antes de enfrentarse con las urnas en mayo de 2023. La alcaldesa de Barcelona sabe que será difícil, pero busca aprobar unas últimas cuentas que se suban al carro de los proyectos expansivos auspiciados por los Presupuestos Generales del Estado y los fondos europeos.

El PSC ya se ha sumado a la apunta -en las próximas horas debería oficializarse el acuerdo- pero este año será mucho más difícil repetir la correlación de fuerzas que permitieron aprobar las cuentas para 2022. Entonces las cuentas se aprobaron con los votos de los Comunes, PSC, Valents y ERC, que en el último momento se sumó a la mayoría para garantizar el apoyo de los morados a los presupuestos de la Generalitat.

En plena carrera electoral, sin embargo, la definición de las cuentas, y su posterior aprobación, reviste más dificultades. Ya está costando llegar a un acuerdo entre los dos socios de gobierno. Socialistas y Comunes tiene diferentes prioridades con la vista puesta en las elecciones, que buscan traducir en los presupuestos.

Prioridades divergentes

La primera, la bonificación del 75% de la tasa de terrazas aplicada durante los dos años de pandemia, que el PSC quiere mantener. Los comunes quieren revertir esa medida, del mismo modo que han vuelto a reducir los metros de vía pública cedidos a la restauración. Una medida que ya ha puesto en pie de guerra a los restauradores de Barcelona, a los que el PSC quiere ganar con la bonificación de esta tasa.

También ha diferencias sobre la ampliación de ayudas sociales para hacer frente a los efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Y las prioridades de inversión en los distritos de Barcelona. Por ejemplo la cobertura de la Ronda de Dalt y la adecuación del Túnel de la Rovira, con impacto directo en el distrito de Horta, de mayoría socialista.

Cambio de cromos

Más allá de esas prioridades divergentes en el equipo de gobierno, la gran dificultad de estas cuentas es la inminente cita electoral, que elevará el precio de cualquier apoyo. La alcaldesa de Barcelona ya aprovechó la ruptura del Govern de Pere Aragonés para abogar por la construcción de una nueva mayoría progresista y apuntar a un nuevo juego de alianzas cruzadas para aprobar presupuestos.

El pasado sábado, Colau apuntaba que «una vez que tienes responsabilidades de gobernar, muy rápidamente entiendes y aprendes que hace falta siempre diálogo, que hacen falta presupuestos en todas las instituciones y que hacen falta unas instituciones a pleno rendimiento para atender las necesidades de la ciudadanía».

Una reflexión que apunta a repetir los acuerdos que permitieron aprobar los Presupuestos Generales, los de la Generalitat y los del Ayuntamiento con las mayorías articuladas en torno a socialistas, morados y republicanos.

Entonces a esa mayoría se sumó en el Ayuntamiento el grupo de Valents, que hacía innecesario de hecho el concurso de ERC. Pero aun así Colau forzó el apoyo de Ernest Maragall, que ya había anunciado el «no» de Esquerra, a cambio de aprobar los primeros presupuestos del Govern de Pere Arangonès.

Los socialistas parecen dispuestos a volver a intentarlo, pese a que Jaume Collboni necesita distanciarse de la gestión de Colau si quiere tener opciones de arrebatarle el bastón de alcalde. La próxima semana la coalición municipal pasará el primer examen en la Comisión de Economía del Ayuntamiento. A partir de ahí, empieza la parte difícil del camino.