El Defensor del Pueblo considera que no se respetaron las «garantías legales nacionales e internacionales» al rechazarse en frontera a 470 personas durante el intento de salto masivo de la valla de Melilla registrado el pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 inmigrantes.

En un comunicado, la institución que dirige Ángel Gabilondo avanza las primeras conclusiones de un investigación que está realizando y destaca que ese día se registró «una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos».

Recuerda el Defensor que el Tribunal Constitucional ha establecido que el rechazo en frontera ha de contemplar entradas individualizadas con «pleno control judicial» y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que en este caso no ocurrió.

«Estricta legalidad»

Frente a las conclusiones provisionales que ha hecho públicas la Oficina del Defensor del Pueblo, fuentes de Interior han indicado que todos los rechazos que se produjeron durante aquella fatídica jornada en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador (Marruecos) se realizaron dentro de la «más estricta legalidad».

«Reiterando las condolencias a los familiares de las personas fallecidas y lamentado la tragedia humana que tuvo lugar el 24 de junio, el Ministerio del Interior quiere expresar una vez más su firme respaldo al trabajo realizado por la fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y en concreto por los efectivos de la Guardia Civil, y reitera su solidaridad con los más de 50 agentes que resultaron heridos», añade.