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Marlaska rehabilita 88 cuarteles de la Guardia Civil con fondos del antiguo PER

Se trata de subvenciones que el Servicio Público de Empleo Estatal concede anualmente a ayuntamientos andaluces y extremeños para favorecer la contratación de eventuales agrarios | Granada, con 29, es la provincia con más actuaciones

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto conmemorativo de la fundación de la Guardia Civil.

El ministro Grande-Marlaska, en un acto conmemorativo de la fundación de la Guardia Civil. EP

El ministro Grande-Marlaska ha firmado acuerdos con casi un centenar de municipios desde que está al frente de Interior para la rehabilitación de cuarteles de la Guardia Civil con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (antiguo PER), un instrumento que permite a los ayuntamientos andaluces y extremeños contratar a desempleados para la ejecución de proyectos de interés general con fondos del Servicio Público de Empleo Estatal y evitar así la despoblación. 

La colaboración del Ministerio del Interior con las corporaciones locales se sustancia mediante encomiendas de gestión por las que los consistorios se comprometen a ejecutar las obras de reforma en los edificios del Instituto Armado con recursos propios. El departamento que dirige Grande-Marlaska se limita a prestar la asistencia y el asesoramiento necesarios, reservándose las facultades de supervisión e inspección de los trabajos.

De acuerdo con el listado facilitado por la Dirección General de la Guardia Civil en respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, el actual ministro ha suscrito convenios con 88 ayuntamientos andaluces con estos fines. Desglosada la relación por provincias, 29 son de Granada, 27 de Huelva, 25 de Córdoba y siete de Jaén.

La primera tacada la firmó el 23 de octubre de 2018, cuando llevaba cinco meses en el cargo. Fueron, en concreto, 12 encomiendas de gestión formalizadas con los alcaldes de Albolote (Granada); Baena, Villa del Río y Palma del Río (Córdoba); La Palma del Condado, Jabugo, Cala, Niebla, Encinasola, Beas y Lepe (Huelva), y Villacarrillo (Jaén).

El último tuvo lugar el pasado 15 de septiembre y fue nuevamente con el Ayuntamiento de Cala (Huelva), de lo que cabe deducir que la vigencia del primero -cuatro años- iba a expirar sin que se hubiera materializado la actuación prevista. Entre unos y otro se han firmado hasta el momento otros 81 convenios, todos en la comunidad andaluza.

«Proyectos de interés general»

Desde hace años, Interior tiene una vía paralela para llevar a cabo la rehabilitación de cuarteles sin que le suponga un desembolso económico: los fondos que el Servicio Público de Empleo Estatal reparte cada año en Andalucía y Extremadura para fomentar la contratación de desempleados, preferentemente eventuales agrarios. Se trata del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), antes denominado Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA) y con anterioridad Plan de Empleo Rural (PER).  

Se trata de subvenciones a las corporaciones locales par sufragar los costes salariales y de cotización empresarial de los parados para la ejecución de «proyectos de interés general y social», consideración que tiene la remodelación de cuarteles. El beneficio es mutuo: el ayuntamiento genera jornales a sus vecinos y se garantiza la continuidad operativa del servicio de la Guardia Civil en el municipio mientras que Interior ve reformado su inmueble sin que le suponga un gasto.  

En el caso de Andalucía, el Consejo de Gobierno autorizó en su sesión del pasado 20 de septiembre a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública a otorgar a las ocho diputaciones provinciales un total de 62,62 millones de euros para cofinanciar los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios presentados por los ayuntamientos con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario. El Estado costea la mano de obra y la Junta y las diputaciones sufragan los materiales al 75 % y 25 %, respectivamente.

El Estado sufraga los salarios y cotizaciones de los trabajadores y la Junta y las diputaciones los materiales de obra

Junto a los ya citados, con esta fórmula se han remozado o se remozarán también los cuarteles onubenses de Minas de Riotinto, Palos de la Frontera, Almonte, Aracena, Moguer, Rosal de la Frontera, Villalba del Alcor, Cortegana, Villarrasa, Santa Olalla del Cala, Ayamonte, Cartaya, Alosno, Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos, Aljaraque, Calañas, Manzanilla, Isla Cristina y Almonaster la Real.

En Granada, por su parte, las encomiendas de gestión se han firmado con los consistorios de Iznalloz, Peza, Guadix, Alamedilla, Algarinejo, Bérchules, Campotéjar, Caniles, Montefrío, Cúllar, Gualchos, Colomera, Íllora, Lanjarón, Otívar, Motril, La Zubia, Cortes de Baza, Huétor Tajar, Las Gabias, Cádiar, Zagra, Salar, Láchar, Montejícar, Orce, Polopos-La Mamola y Santa Fe.

Junto con los tres antes citados, hay otros 21 ayuntamientos cordobeses. A saber: Adamuz, Alcaracejos, Hinojosa del Duque, Santa Eufemia, Villafranca de Córdoba, Fuente Tójar, Fernán Núñez, Benamejí, Villanueva de Córdoba, Montoro, Santaella, El Viso, Obejo, Bujalance, El Carpio, Villanueva del Duque, Villaviciosa de Córdoba, Monturque, Castro del Río, Montilla, Lucena y Fuente Palmera. La relación se completa con otros seis municipios de Jaén, concretamente Porcuna, Puente Génave, Fuerte del Rey, Orcera, Siles y Villacarrillo.

Plan de Infraestructuras

En la respuesta, la Dirección General de la Guardia Civil dice que «no es posible conocer el estado actual de las obras emprendidas» al amparo de estos convenios, por cuanto los ayuntamientos tienen cuatro años para decidir cuándo las ejecutan en función de las «circunstancias concretas de gestión y presupuestarias». De igual forma, contesta que no se puede determinar la cuantía de las inversiones realizadas dado que no se llevan a cabo con el presupuesto del Ministerio del Interior.

Al margen de estas actuaciones, la Guardia Civil se encuentra inmersa en la ejecución del Plan de Infraestructuras para la seguridad del Estado 2019-2025, que le permitirá contar con 275 millones de euros para la rehabilitación y construcción de cuarteles. La dotación total es de 600 millones de euros, de los que otros 275 corresponden a la Policía Nacional y otros 50 se destinarán a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) e inmuebles de Instituciones Penitenciarias. 

Para 2022, el Instituto Armado había planificado la ejecución de 25 actuaciones por un montante de unos 15 millones de euros. Entre otras, la construcción de un edificio para el Grupo Rural de Seguridad (GRS) en Valdemoro (Madrid), la rehabilitación del cuartel de Luarca (Asturias) y obras de reparación en otros 14 acuartelamientos: Estremera (Madrid), Quintanar de la Sierra (Burgos), Badía del Vallès (Barcelona), Córdoba, Utiel (Valencia), Lodosa (Navarra), Socuéllamos (Ciudad Real), Torrepacheco y Cabo de Palo (Murcia), Alcanadre (La Rioja), Fene (A Coruña), Sansenxo (Pontevedra), Pina de Ebro (Zaragoza) y Navacerrada (Madrid).

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