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El problema de la justicia tardía: "Se mueren clientes esperando que se celebren los juicios"

Abogados consideran "insostenible" que se estén haciendo señalamientos a cuatro y cinco años vista por la falta de juzgados y funcionarios: "La situación es dantesca" | El Tribunal Constitucional ha obligado ya a adelantar una fecha por dilaciones indebidas

El abogado Daniel Sánchez Bernal, a las puertas del Palacio de Justicia de Sevilla.

El abogado Daniel Sánchez Bernal, a las puertas del Palacio de Justicia de Sevilla. A. SALVADOR

Si nada lo remedia, Rosa María habrá tenido que esperar casi cuatro años y medio para que un juzgado resuelva su demanda por incapacidad permanente, Yolanda deberá aguardar hasta octubre de 2025 para que se celebre el juicio tras denegársele una prestación de renta activa de reinserción y José Luis no sabrá hasta principios de 2025 si tiene derecho a que se le reconozca una incapacidad permanente parcial tras tener que someterse a un trasplante de córnea y haber perdido gran parte de la visión en un ojo. 

Rosa, Yolanda y José Luis ponen rostro a un problema que sufren en este momento decenas de ciudadanos en este país: la justicia tardía por señalamientos a años vista. Hay jurisdicciones -como la Social- que registran una sobrecarga especialmente preocupante al no haberse ampliado los órganos en la misma proporción en que ha crecido la litigiosidad. Y todo ello en un contexto de agravamiento de la situación económica que puede provocar un aumento de los asuntos a resolver.

El pasado 10 de octubre, el Constitucional amparó a un joven que llamó a su puerta después de que el 13 de julio de 2021 le hubieran fijado un juicio por reclamación de cantidad para el 7 de noviembre de 2024 (1.213 días), posteriormente adelantado al 19 de abril de 2023 y finalmente marcado para el 1 de diciembre de 2022. La Sala Primera del tribunal de garantías consideró vulnerado el derecho del justiciable a un proceso sin dilaciones indebidas y ordenó al juzgado que tramita la demanda -el Social 11 de Sevilla- a efectuar un nuevo señalamiento «respetuoso» con el derecho fundamental lesionado, una medida sin efecto en la práctica porque dicho órgano ya se había adelantado mientras se dilucidaba el recurso de amparo.

Se trata de un procedimiento con el que un químico reclamaba una indemnización por daños y perjuicios a la Universidad de Sevilla por no realizarle el contrato posdoctoral al que consideraba que tenía derecho. «El asunto planteado, como se dice en la demanda, no revestía una especial complejidad, al tratarse de una simple reclamación de cantidad derivada del eventual incumplimiento de unos compromisos laborales previos. Teniendo en cuenta la materia, no parece razonable que su señalamiento y resolución se difieran en el tiempo en unos plazos tan extraordinariamente dilatados: tres años y cinco meses», concluyó la sentencia.

Daniel Sánchez Bernal, abogado del demandante, dice que «lloró de emoción» cuando un periodista le telefoneó aquel lunes «sobre la una de la tarde» para comunicarle que el Tribunal Constitucional había amparado a su representado. «Estaba tomando un refresco con mi compañera Marian Vázquez en un bar cercano al edificio judicial de Viapol [en Sevilla] y me abracé a ella. Inmediatamente llamé a mi cliente para decirle que le habían estimado la demanda», recuerda este letrado sevillano de 42 años.

«Me hervía la sangre…»

Teniendo en cuenta el bajo índice de recursos de amparo que se admiten cada año a trámite (133 de 6.572 en 2021, un 2,02 %), Sánchez Bernal estaba convencido de que su acción no prosperaría y por ello, según confiesa, tenía ya preparada la demanda para interponerla en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). «Me indignó conocer que el señalamiento era para noviembre de 2024, me hervía la sangre. Mi obligación como abogado era plantearle al cliente los distintos escenarios que había y él decidió seguir adelante», explica.

No es el único caso que lleva en el que la fecha se fijó a años vista. También asesora a una mujer a la que le han denegado un subsidio de renta activa de reinserción y que deberá esperar hasta octubre de 2025 para que se celebre el juicio. «Eso supone que hasta dentro de tres años no sabrá mi clienta si el juzgado le estima la demanda y le reconoce el derecho a cobrar la prestación. Si no fuera porque tiene familiares que le pueden ayudar a sustentarse en este tiempo, ¿cuál sería la tutela judicial? Se nos mueren clientes esperando a que celebren sus juicios», critica.

En el caso de Sevilla, los 12 juzgados de lo Social arrancaron el pasado año con 25.867 asuntos pendientes, a los que se añadieron otros 14.707 durante el ejercicio. De los 40.574 se resolvieron 15.467, por lo que quedaban por tramitar 24.099. Con todo, esa cifra representó un descenso del 6,84 % respecto a la registrada en 2020 (25.867).

Según detalla la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la media de ingresos por órgano en Sevilla se situó en 1.425 procedimientos, un 78,12 % superior a la carga de trabajo anual que se toma como referencia: 800. «Esta circunstancia, junto a la estadística de los últimos años, pone de manifiesto la necesidad de crear nuevas plazas judiciales en muchos partidos judiciales, y mantener y ampliar medidas de refuerzo en esta jurisdicción, muy sobrecargada desde hace años», razona el alto tribunal andaluz. Desde el pasado 31 de enero funciona el Juzgado de lo Social 13.

Preguntadle a algún justiciable si le importa realmente lo que está sucediendo en torno al CGPJ», dice un abogado

En el citado documento, el TSJA advierte del «futuro incierto» que se presenta y pronostica un «incremento de la litigiosidad en índices elevados» debido a la crisis económica, provocada inicialmente por la pandemia y agravada posteriormente por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Las reclamaciones de cantidad, los despidos y otros asuntos laborales podrían hacer que a corto y medio plazo se incremente la carga de trabajo en los juzgados.

Teniendo en cuenta que casi la mitad de los procesos que se sustancian son relativos a prestaciones de Seguridad Social, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sugiere como solución para aliviar esta situación que se introduzca una tramitación escrita similar a la existente en el ámbito procesal civil para el juicio verbal, dado que la vista no aporta «información relevante». Ello permitiría resolver un número nada desdeñable de pleitos «con las mismas garantías» en un corto periodo de tiempo, resalta.

Mientras gran parte del debate político nacional gira en torno a las negociaciones -ahora suspendidas- entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el principal partido de la oposición (PP) por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los operadores jurídicos denuncian las carencias que arrastra el sistema por la falta de medios y que sufre cada día el ciudadano cuando acude a un órgano jurisdiccional.

Renovación del CGPJ

«Tenemos que luchar todos, es nuestra obligación. Somos profesionales del Derecho y tenemos que tutelar que no se vulneran derechos fundamentales; no podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo puedo ser un justiciable mañana y encontrarme en la misma situación. Es un despropósito y, ante esto, tenemos que luchar. Preguntadle a algún justiciable si le importa realmente lo que está sucediendo en torno al CGPJ y quiénes deben ser los vocales», defiende Sánchez Bernal a las puertas del Palacio de Justicia de Sevilla. Y añade: «O se pone solución al déficit de recursos humanos y materiales de una vez por todas o pronto se empezará a señalar juicios para 2027. Si no, al tanto».

En opinión de este abogado, el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional no sólo allana el camino a otros letrados a recurrir cuando se fijen fechas lejanas en el tiempo. También «abre la vía» para reclamar indemnizaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia a quien sufra estas dilaciones. «Como la justicia es lenta, estamos acostumbrados a asumirlo como algo normal y no debiera ser así. Lo excepcional no debe normalizarse», apunta.

El letrado Jaime Borrego también interpondrá demanda de amparo después de que a su representado le señalaran en enero de 2022 el juicio para septiembre de 2025. Él reclama el cobro de una prestación por incapacidad temporal que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le negó. «Aunque vayamos al Constitucional, la solución que vamos a conseguir no sirve para nada. Desde mi humilde punto de vista, la sentencia obliga a prevaricar al letrado de la Administración de Justicia y al juez, porque para señalar otra fecha han de quitar a otro. La culpa no la tienen ellos», opina.

El TSJ andaluz ha advertido del «futuro incierto» que se presenta y de un posible «incremento de la litigiosidad»

A su juicio, el problema sigue siendo la falta de un presupuesto «suficiente» para que se puedan crear nuevos órganos que ayuden a desatascar la acumulación de procedimientos y la incorporación de más personal. «Ocurre que casi nadie protesta porque no te toca. A un juzgado, la mayoría de la gente no va en su vida. No es un colegio, un centro de salud o la limpieza de las calles… La sociedad no se da cuenta de dónde estamos metidos», lamenta.

El pasado miércoles, el abogado Ángel López González publicaba un tuit que ha encontrado un amplio eco entre los operadores jurídicos. «Magistrada de Juzgado de Primera Instancia de Madrid denuncia en sus redes sociales que ya ha agotado los señalamientos de vistas de 2023 y 2024 y comienza a señalar para 2025. Ésta es la situación de la (no) justicia», escribía el letrado, que se preguntaba si su colegio profesional -el de Madrid- y al Consejo General de la Abogacía no iban a denunciar el problema.

«La situación es dantesca»

«La situación que tenemos es dantesca. Ya estábamos en una situación límite porque durante la pandemia estuvieron cerrados los juzgados varios meses. Si a eso le añades la crisis… Es insostenible. Que en un procedimiento ordinario te vayas a los tres o cuatro años para tener una sentencia en primera instancia es una auténtica barbaridad. O hacen algo o no sé a dónde vamos a llegar», critica López González.

También puede hablar con conocimiento de causa el abogado Rafal B., que lleva dos pleitos con señalamientos que sobrepasan con creces el umbral temporal que el Tribunal Constitucional toleraría. Los dos se fijaron el año pasado, uno para el 24 de febrero de 2025 y otro para el 23 de febrero de 2026. En ambos casos por no haber reconocido el INSS las incapacidades de sus representados.

«Es una situación totalmente inaceptable. Se está sobrecargando de trabajo a jueces y funcionarios y el problema viene de la cúspide, de lo más alto. Hay un gran abandona respecto al tema de la justicia», comenta este letrado, que dice estar planteándose acudir al tribunal de garantías mientras rechaza que el poder político intente inmiscuirse en el judicial.

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