La reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición no solo tiene en pie de guerra a PP, Vox y Cs. En Cataluña es vista con igual recelo por toda la izquierda -independentista o no- más allá de Esquerra. El motivo: denuncian que la nueva definición del delito de desórdenes públicos agravados amplía las posibilidades de persecución contra las protestas.

Así lo afirma el manifiesto de la concentración convocada para este jueves por el Sindicato de Inquilinos, ante la Delegación del Gobierno en Cataluña. También la liderada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para el 6 de diciembre, festividad de la Constitución.

En el primer caso, se da la paradoja de que entre los convocantes figuran algunas de las entidades que en su momento sirvieron de plataforma de lanzamiento para los Comunes de Ada Colau y Jaume Asens, inspirador de la reforma. Se trata del propio Sindicato, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Centro Iridia, de abogados implicados en varios casos de denuncia contra actuaciones policiales, y ex socios de Asens.

Tendencia represiva

El redactado pactado por PSOE, Podemos y ERC «supone una vulneración de los derechos e intensifica la tendencia represiva de los últimos años» denuncian los convocantes. «Celebran» la derogación de la sedición, pero advierten que la propuesta «genera graves afectaciones y limitaciones al libre ejercicio del derecho a la protesta, dejando en manos de los tribunales la interpretación de conceptos jurídicos demasiado ambiguos».

Señalan especialmente la introducción de desórdenes públicos «por intimidación», que a su juicio comporta un alto grado de subjetividad «y previsiblemente una mayor incriminación». También la incorporación como delito de la ocupación de locales o espacios públicos o privados. Algo que «pretende criminalizar» una forma de protesta «indispensable para las luchas sociales».

Los convocantes argumentan que «el derecho de protesta es el derecho de los derechos» por su condición de «mecanismo efectivo de participación ciudadana en asuntos públicos». Y lamentan que la reforma del Código Penal de 2015, y la ley de seguridad ciudadana aprobada ese mismo año, ya han servido para que la «acción colectiva» sea «perseguida, reprimida y criminalizada».

La ANC, contra el Govern

El objeto de la protesta de la ANC no es la reforma de desórdenes públicos sino el modo en que se deroga la sedición. Consideran el acuerdo sellado por Esquerra insuficiente, por eso su manifestación arrancará en Pla de Palau y acabará en la Plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat, bajo el lema «Ningún pacto con España para encarcelarnos».

Desde la ANC avalan además el discurso del Gobierno, y consideran que esta reforma del Código Penal da herramientas al Estado para conseguir las extradiciones de Carles Puigdemont y el resto de los líderes independentistas fugados.