Adrián Vázquez Lázara (Madrid, 1982) eurodiputado de Ciudadanos, es el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) que realizó, en febrero de 2021, el informe que recomendó levantar la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros de su Gobierno fugados a Bélgica y Reino Unido, Toni Comín y Clara Ponsatí. En éste se abogó porque se tramitara el suplicatorio que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena remitió a la Eurocámara con el fin de que las autoridades belgas les extraditaran y pudieran ser juzgados en España igual que el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de líderes políticos y sociales que sí se sentaron en el banquillo por el proceso de independencia de Cataluña de 2017.

Puigdemont sostiene ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que tanto el portavoz de Ciudadanos como el eurodiputado ultraconservador y ponente de aquel informe, Angel Dzhambazki, pudieron viciar con su imparcialidad el proceso por el que se le retiró la inmunidad, aunque luego le fue devuelta de manera cautelar. Así lo expuso su abogado en una vista en Luxemburgo los pasados 24 y 25 de noviembre, donde el presidente de Junts trató de recuperar la inmunidad plena.

A pocas semanas de la decisión judicial sobre este asunto, que se espera para enero, Adrián Vázquez atiende a El Independiente en en Parlamento Europeo (Bruselas) en un momento que también es clave para su partido. Culminará su proceso de refundación en enero, cuando se celebrarán primarias para elegir portavoz político y secretario general.

Pregunta: El representante legal del Parlamento Europeo, en la vista del pasado 25 de noviembre ante el Tribunal General de la Unión Europea dijo que Carles Puigdemont «probablemente accedió de manera ilegal» al escaño como eurodiputado. Es lo que se sostuvo en el informe de JURI y en dos cartas que usted envió al expresidente David Sassoli en 2019. ¿Se siente respaldado por el Parlamento Europeo en este procedimiento?

Respuesta: Lo que dijo es algo que ya se sabía, que nosotros habíamos denunciado en diciembre de 2019 y que, obviamente, según se ha desarrollado todo este procedimiento, ha quedado claro que estos tres señores (cuatro con Jordi Solé que creo que ya prometió la Constitución por lo que ya tendrá el acta) accedieron al acta de manera irregular.

El eurodiputado Adrián Vázquez en la sede del Parlamento Europeo, Bruselas. Imagen: Juan Vadillo.

P: La defensa de Puigdemont considera que su imparcialidad y la del diputado búlgaro Angel Dzhambazki podría ser clave para que el expresidente catalán obtenga un pronunciamiento favorable sobre su inmunidad en este procedimiento.

R: Llevan clamando esto desde el principio. Hablan de imparcialidad pero no han enseñado ningún tipo de hecho que durante el proceso se pueda considerar imparcial. El proceso ha sido absolutamente transparente, limpio, se hizo absolutamente en base a las reglas de la cámara como por cierto dijo el representante de los servicios legales del Parlamento Europeo el otro día en el tribunal de justicia. Creo que es una manera más que tiene el servicio legal del señor Puigdemont de intoxicar y embarrar un procedimiento que se ha hecho muchas veces en la cámara, que ha sido totalmente transparente y que además no lo hacen dos personas. Esto lo hace un ponente, con seis ponentes más de los siete grupos políticos, que es votado en un comité donde hay 25 miembros y en un Parlamento donde hay 705. Que un señor de Bulgaria tenga la capacidad de engañar a 705 personas lo veo realmente increíble.

P: Y en cuanto al motivo de persecución política que el presidente catalán está alegando ante Luxemburgo. ¿Ve posibilidades de que el tribunal lo admita?

R: El reglamento para el procedimiento del suplicatorio de inmunidad del Parlamento es clarísimo. Además es público, se puede leer, es un reglamento muy tasado y es ley. Básicamente lo que dice es que el fumus persecutionis significaría que un diputado ha sido perseguido e intenta ser procesado jurídicamente por una opinión vertida en su trabajo parlamentario o en sede parlamentaria. Lo más gracioso es que ellos la alegan por parte de España cuando en el momento en el que ocurrieron los hechos que se le imputan no eran miembros de la Eurocámara. Entonces, es que hay un fallo cronológico claro. Están alegando cosas para ganar tiempo, embarrar e intoxicar un proceso ya de por sí muy intoxicado.

P: Como miembro de Ciudadanos, ¿cómo recibe la noticia de la modificación del Código Penal para que el delito de sedición pase a ser uno de desórdenes públicos agravados? ¿Cabría la posibilidad de que si el Supremo reclama a Puigdemont por este delito, al ser más similar al de otros países de nuestro entorno, sí sea entregado por Bélgica?

R: Creo que el mal uso que hace este Gobierno de las instituciones y de los cambios legales en momentos específicos no son casualidad. Y lo hace injustamente para intentar generar más incertidumbre y porque necesitan los votos de ciertas personas en el Congreso de los Diputados para pasar sus presupuestos y sus leyes. El tiempo en el que todo esto sale se hace justamente para intentar hacer aún más complicado un procedimiento judicial que ya de por sí es muy difícil, dejando la imagen de España por los suelos. Y si lo que están haciendo es intentar remar a la contra y utilizar esas triquiñuelas jurídicas a cambio de un puñado de votos, alguien lo está haciendo mal.

P: Su nombre suena como futuro secretario general de Ciudadanos.

R: Primera noticia.

Se llegó a un acuerdo sobre dos ponencias y ahora son los afiliados quienes tienen que debatirlas, votarlas y llegar al congreso de refundación de enero

P: ¿Estaría dispuesto a asumir ese cargo?

R: Es que no funciona así. Nosotros hicimos un trabajo de refundación que acabó la semana pasada. Se terminó, he tenido una parte importante en su ejecución, pero ya estoy de vuelta en Bruselas. Como ha visto aquí tenemos una cantidad de trabajo ingente y ahora es cuestión de los afiliados. Ahora el debate no creo que sea el quién, creo que eso es un error, ahora el debate es el qué y para qué. Mientras no nos centremos en eso, el quién da igual. Ahora hay que dejar que los afiliados vean las ponencias, que además hubo un acuerdo unánime, con un debate -por lo que me dijeron los compañeros, porque yo no soy de la ejecutiva- enriquecedor. Se llegó a un acuerdo sobre dos ponencias y ahora son los afiliados quienes tienen que debatirlas, votarlas y llegar al congreso de refundación de enero.

P: El exministro Juan Carlos Campo es la propuesta del Gobierno como uno de los dos magistrados para el Tribunal Constitucional. ¿Su perfil, tan ligado al PSOE, es adecuado para el cargo?

R: Después de los serios avisos que nos ha dado el comisario de Justicia Didier Reynders sobre continuar horadando la separación de poderes, sobre lo que siguen haciendo PP y PSOE con el Consejo General del Poder Judicial, con lo que hizo el PSOE nombrando a la señora Dolores Delgado como fiscal general del Estado, que ya sale en el informe del Estado de Derecho de la Unión Europea como ejemplo de que eso no puede hacerse, con el toque de atención que Reynders dio a los dos partidos, diciendo que si no se solucionaban estas violaciones del Estado de Derecho antes de la presidencia de España en el Consejo Europeo el próximo verano iba a haber consecuencias… Y la respuesta es que el PP rompe negociaciones por un lado y el PSOE nombra al señor Campo miembro del Tribunal Constitucional. Lo que veo es que la ministra de Justicia, la señora Llop, se está quedando sin puestos. Tiene que empezar a guardar silla porque si no sólo le va a quedar la opción de ser presidenta del Tribunal Supremo a este paso… Que se mueva ya para ver qué puesto va a poder cazar.

El pacto verde va a tener un coste económico para los que pagan impuestos, para los consumidores, para las empresas, y todo esto hay partidos que no lo están diciendo

P: Europa tiene un difícil reto para tratar de cumplir con los tratados de París, implementar la legislación verde para ganarle tiempo al cambio climático. ¿En qué vías legislativas se está trabajando? ¿Qué capacidad tiene el Parlamento Europeo?

R: Esa ha sido la legislación de las políticas verdes. Ha habido un acuerdo muy transversal, la gran mayoría de los grupos hemos estado siempre de acuerdo en que tenemos que ser muy ambiciosos porque esto es un reto a larga distancia. Los políticos en general hablamos a corta distancia, pero lo que estamos haciendo con el pacto verde es mirar a la larga. Hay que hablar a la ciudadanía de que esto va a tener un coste. No va a ser fácil asumir los costes de hacer esta transformación verde tan radical. Va a tener un coste económico para los que pagan los impuestos, para los consumidores, para las empresas, y todo esto creo que hay partidos que no lo están diciendo. Sobre todo aquellos que se arrogan la bandera de los más verdes, como el Partido Socialista, y no le dice a la gente que esto va a tener un coste y un sacrificio. Lo tenemos que hacer, pero tenemos que explicar con qué coste. Y eso es lo que yo estoy echando en falta. Desde Ciudadanos hemos apoyado estas políticas pero también hemos pedido precaución. Lo que no podemos hacer es pretender cambiar el mundo en cinco años, porque es muy complicado. Hay que hacer estudios y análisis de impacto, porque hay políticas que con su impacto te puedes llevar por delante sectores económicos enteros, como puede pasar con la Agricultura y algunas leyes como la ‘De la granja a la mesa’. Lo que siempre hemos defendido es que hay que ser ambiciosos, actuar cuanto antes para frenar el cambio climático pero sin perder la dimensión social y económica de unos cambios tan profundos y tratar a la ciudadanía como adultos. No se trata de explicarles que el cambio climático se pelea y tranquilos, todo irá bien, porque va a suponer un sacrificio tremendo.

P: Creo que también están hablando con grandes empresas españolas a nivel de Complience sobre qué pueden hacer para contribuir a ese cambio y que no lo asuma todo la sociedad, ¿no?

R: Bueno, más que Complience hay dos grandes directivas, una es la información no financiera, los informes de una gran empresa que ahora tiene que introducir elementos de cómo han intentado solventar, solucionar o pelear contra el cambio climático. Luego, estamos con otra directiva de la que soy ponente por parte de los liberales, otra gran ley, que es la de Diligencia Debida, la parte preventiva de las empresas a las que se obliga a tener unos filtrados y unos estudios muy en profundidad en toda su cadena de valor para evitar que haya daño al medio ambiente. Son dos elementos que no sabemos si van a funcionar bien, pero sí que van a generar cierta concienciación en las empresas, que ya algunas la tienen, y exigir un poco más que pase de una voluntariedad a que haya responsabilidad por parte de éstas si hay un daño medioambiental agudo o severo. Estamos en esa dirección, en plenas negociaciones.