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Aragonès tensa la negociación presupuestaria mientras el PSC exige tiempo para "un buen acuerdo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a los consejeros, Roger Torrent, Laura Vilagrà y Natalia Mas, tras la firma del acuerdo con el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, la vicepresidenta de PIMEC, Emma Gumbert , y los secretarios generales de UGT, Camil Ros y de CCOO, Javier Pacheco EFE/Marta Pérez

Pere Aragonès ha firmado este lunes sendos pactos con agentes sociales -primero patronales y sindicatos, después representantes del Tercer Sector- sobre los futuros presupuestos de la Generalitat. Lo ha hecho sin tener garantizada su aprobación. Con 33 diputados, ERC solo ha acercado posiciones con los Comunes, mientras mantiene abiertas las negociaciones con PSC y Junts, imprescindibles para aprobar las cuentas.

En Esquerra están convencidos de que estas fotografías añaden presión sobre los socialistas -casi nadie cree realmente que Junts pueda pactar las cuentas dos meses después de abandonar el Govern-. Pero desde el PSC se sacuden la presión y advierten que ni patronales ni sindicatos tienen diputados en el Parlament.

Es más, desde el partido que lidera Salvador Illa no ocultan su enfado por la gestión de estas negociaciones que ha hecho Esquerra. Primero, con el portazo inicial a la oferta de Illa, escenificada a final de agosto. Tanto Aragonès como sobre todo Oriol Junqueras aseguraron que el PSC no era un socio viable por su papel «en la aplicación del 155».

Negociación errática

Tras la salida de Junts del Govern, el pacto alcanzado con el PSOE para los Presupuestos Generales y la reforma del Código Penal, y una estrategia que los socialistas califican de «errática» por parte de ERC, el PSC se impone ahora como socio imprescindible para las cuentas catalanas. Pero no está dispuesto a firmar un «pacto de adhesión» a las cuentas que presente Aragonès, advirtió Illa en el Parlament. Aunque sí lo hayan hecho los agentes sociales.

Desde el Govern especulaban con la posibilidad de aprobar las cuentas en Consell Executiu esta semana, la próxima a lo sumo. Pero el PSC ha dejado claro ya que hará valer su fuerza en el Parlament para negociar a fondo las cuentas, y no aprobarán nada que llegue a la cámara catalana sin su aval.

De hecho, el único acuerdo real entre ERC y PSC es que el pacto debe estar cerrado -o muy avanzado- cuando el Govern apruebe las cuentas para enviarlas al Parlament. Los socialistas defienden esta fórmula para poder negociar cambios de partidas de una a otra consejería. Los republicanos, para que la tramitación parlamentaria se agilice al máximo.

Negociación paralela con los Comunes

Pero las condiciones impuestas por el PSC hacen poco viable que ese acuerdo se produzca antes de fin de año. Tras la bronca escenificada en la última sesión de control, Govern y PSC han acordado la creación de seis comisiones de trabajo sobre sanidad, infraestructuras, servicios sociales, transformación económica, racionalización de la administración y transición energética para negociar las cuentas. De momento se han reunido tres.

Junts se ha sumado a la estrategia de los socialistas, y ha anunciado también esta semana la apertura de cinco mesas de negociación sobre las cuentas. Pese a la poca fe del Govern en esta negociación, ni Esquerra ni Junts quieren aparecer como responsables de una nueva ruptura, por lo que siguen negociando oficialmente los presupuestos catalanes.

ERC negocia de forma paralela con los Comunes, con los que el pacto está más avanzado, afirman fuentes de ambos partidos. De hecho, la líder del partido en el Parlament, Jessica Albiach, anunciaba en una entrevista en Europapress que ya han cerrado el compromiso para que la energética pública que creará a la Generalitat sea comercializadora, además de una línea de ayudas de 180 millones de euros para fomentar las renovables.

Los comunes exigen además una subida de la presión fiscal que ya han rechazado tanto el PSC como Junts. ERC ha reproducido con los presupuestos la estrategia seguida en la investidura, negociando antes con el socio menor -entonces la CUP, ahora los Comunes- una estrategia que también cuestionan desde el PSC.

3.000 millones más para la Generalitat

Pero el presidente de la Generalitat pulsa todas las palancas para presionar a los socialistas. Una vez cerrado el acuerdo sobre los PGE y la sedición con el PSOE, a Pere Aragonès le urge garantizarse unas cuentas que supondrán 3.000 millones más para la Generalitat. La última, los dos pactos suscritos este lunes con agentes sociales, que Aragonès califica de «gran acuerdo, extraordinario e histórico».

El Govern ha dado todo el bombo a esos acuerdos, escenificados en el Patio de los Naranjos de la Generalitat. Tras firmar con los sindicatos CCOO y UGT, las patronales Foment y Pimec y las entidades del Tercer Sector Aragonès aseguraba que con este pacto «los presupuestos dan un paso hacia adelante».

Los acuerdos contemplan aumentar un 8% el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) -que se utiliza para valorar la situación de necesidad de la población y determina, por tanto, el acceso a las diversas prestaciones sociales- hasta alcanzar los cerca de 615 euros mensuales, en la que será la primera actualización de este indicador desde 2010.

También avanzar en la ejecución del Pacto Nacional para la Industria con 680 millones de euros para 2023, reclamar al Gobierno que traspase a la Generalitat la gestión del Ingreso Mínimo Vital o avanzar en el despliegue «efectivo» de la Oficina de Gestión Empresarial y la Ventanilla Única Empresarial.

Patronales y sindicatos

Tras este acuerdo, patronales y los sindicatos reclamaban al Govern y a los partidos catalanes «responsabilidad» y «celeridad» para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2023. Satisfechos por haber podido incidir -de forma oficial- en las cuentas autonómicas, los agentes sociales reclaman ahora a la oposición que acelere las negociaciones con el objetivo de tener presupuestos en febrero.

Así lo apuntaba el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, quien da por descontado que los presupuestos no se llevarán al Parlament hasta el año que viene y que se aprobarán en enero o febrero.

Los sindicatos por su parte, ponen la presión sobre la oposición. «No entenderíamos que acaben dilatándose las negociaciones sine die solo por tacticismo político», advertía el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco.

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